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Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.

Su defensa, encabezada por el penalista Julián López, solicitó que se diera por finalizado cualquier intento con seguir adelante, en sede penal, con la acusación en su contra que fue apoyada por la Fundación para la Confianza. La Fiscalía había decidido no perseverar, pero el abogado del exjesuita fue más allá y pidió que fuera sobreseído por inexistencia de delito. El tribunal accedió y con esto la causa penal que se abrió por una autodenuncia se acabó.

Dante Simón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, deberá evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la investigación previa canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado.

Inicialmente las mujeres que denunciaron al sacerdote "por hechos de connotación sexual" habían optado mantener la causa en sede canónica, pero ahora habrían manifestado colaborar con la investigación que lleva la fiscal Yazmín Salech. Además, pese a las medidas cautelares que tenía, el religioso -luego de comunicar su determinación de renunciar a la Compañía de Jesús- viajó a Antofagasta a participar de labores vinculadas al Centro de Formación La Chimba, lo que en la congregación califican como "falta" a las disposiciones dictadas.

Aunque el sacerdote oficializó su intención de dejar la congregación, restan una serie de procedimientos para que aquello se concrete. De hecho, como dan cuenta especialistas, el "padre general de la Compañía" podría declinar la solicitud, y dado que el religioso fue enfático en sus cuestionamientos al provincial, podría suceder que el trámite se entrampe. Es más, en una carta enviada por Gabriel Roblero, la entidad recalcó que actuaron en regla y que haberle permitido viajar a La Chimba en medio de la investigación canónica, habría sido "impresentable".

El sacerdote comunicó oficialmente su decisión, asegurando que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Según dice, el Provincial "ha tenido actitudes objetivas y comprobadas en que ha optado más por cuidar la imagen de la institución y su propia persona, que la búsqueda de la verdad y la justicia".

La decisión -como adelantó La Tercera hace tres semanas- la informó a sus más cercanos por medio de una carta donde puso énfasis en que, durante el proceso abierto en su contra, la mencionada congregación no le habría dado apoyo.

Ya les comunicó a sus más cercanos que dejará la congregación en la que participó por 42 años. La molestia por cómo se llevó adelante el proceso canónico en su contra y las medidas cautelares que aún lo mantienen en Santiago serían gravitantes para su decisión.

La Fiscalía Sur tramitó en tribunales una orden judicial para poder hacerse de la investigación canónica previa que realizó la abogada María Elena Santibáñez tras denuncias de actos de significación sexual en contra del sacerdote que hoy se encuentra suspendido de sus funciones. La diligencia fue concretada por la PDI y responde a una causa penal que se abrió -justamente- por la autodenuncia del religioso que pidió la intervención de la justicia civil.

El jesuita habla por primera vez de las denuncias que lo mantienen suspendido de sus funciones como sacerdote y alejado de La Chimba, donde vivía antes de que se abriera una investigación previa canónica por “actos de significación sexual”. En espera de lo que haga ahora el Vaticano, apunta a que detrás de la acusación en su contra hay una estrategia comunicacional impulsada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, avalada por la fundación en que trabaja, y asegura: “Esto es un juicio mediático y mediáticamente estoy marcado”.

El sacerdote cuestionó abiertamente la forma en que la Compañía de Jesús llevó el proceso en su contra. No sólo descartó haber cometido los hechos por los que se le denunció, sino que también reclamó por la falta de transparencia que tuvo su congregación.

De acuerdo con lo informado por la Compañía de Jesús, en medio de su indagación, la abogada María Elena Santibáñez determinó que lo hechos corresponden a "actos de significación sexual de distinta relevancia". Según detallaron, dichas situaciones "se refieren a tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009".

El plazo de la investigación previa encargada por la Compañía de Jesús a María Elena Santibáñez, tras una denuncia por presunto abuso sexual, ya expiró y el sacerdote está a la espera de la resolución. La abogada debe determinar si las acusaciones en contra de Berríos son verosímiles para que se indaguen en el Vaticano. Acá, por primera vez se entregan detalles de las conductas que se atribuyen al religioso y que hoy, incluso, están en manos de la justicia penal.

En un inicio la abogada María Elena Santibáñez tenía hasta el 31 de julio para pronunciarse respecto a la "verosimilitud" de las denuncias por presuntos abusos que pesan sobre el religioso, quien se mantiene suspendido y apartado de sus funciones clericales. Sin embargo, la profesional solicitó más tiempo para entregar su informe. En paralelo la Fiscalía se encuentra realizando diligencias tras la autodenuncia que realizó Felipe Berríos y cuando se le requirió información a la Fundación para la Confianza sobre la identidad de las víctimas, la entidad se negó a entregar antecedentes.

El defensor revela los motivos por los que el religioso se autodenunció ante la fiscalía para enfrentar un proceso penal como lo haría cualquier ciudadano acusado de un delito y que, además, dice ser inocente. Cuestiona a su contraparte, el abogado Juan Pablo Hermosilla, de la que, señala, es hasta el momento la única víctima formal del proceso por decir que la justicia civil le genera desconfianza. “Este es un caso que tiene una dimensión mediática, mucho más que judicial”, asegura.