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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al exgerente comercial del holding, Sebastián González, por los delitos de estafa y apropiación indebida. Se trata de la primera sentencia que queda afirme en contra de uno de los dos imputados del caso.

Los tres imputados por la estafa de más de $11 mil millones en el denominado caso Intervalores se mantienen en libertad a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el próximo 21 de septiembre. El último en salir fue Gabriel Urenda, beneficiado por el criterio más flexible de los tribunales a raíz de la pandemia del Covid-19, luego de intentarlo dos veces antes. Hoy el fundador del holding financiero vive en un departamento que le cedió su hermana menor y mantiene poco contacto con sus hermanos mayores.

La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía explicó que ya llevaban un tiempo razonable y que tenían una irreprochable conducta anterior.

De este modo el regulador de valores ratificó las sanciones por UF 8.000 y UF 6.000 respectivamente aplicadas en marzo por entrega de información maliciosamente falsa al regulador y al mercado.

En el contexto del caso Intervalores resulta fundamental el rol fiscalizador de la CMF, pero también la estructuración de gobiernos corporativos que consideren la adopción de sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de control y cumplimiento que los mismos intermediarios deben implementar internamente para generar confianza pública.

Itaú Corpbanca, Banco Estado, Banco Security y Banco Internacional son sólo algunos de los acreedores comerciales de Gabriel Urenda. El ex presidente de Intervalores adeuda a la banca: $1.026.848.790. Sólo al Banco Estado -a través de la sociedad Inversiones Anbega- debe $500 millones.

Ahora el dueño del holding financiero investigado por lavado de activos y estafa, asegura haber sido engañado por su ex gerente comercial y otros trabajadores. Mientras que factoring que mantenía facturas de Codelco también presentó una querella en contra del empresario.

Tal como lo hiciera en el caso Arcano, en su investigación por estafa piramidal en contra de Alberto Chang, la idea de la fiscalía es que su par norteamericano pueda colaborar y realizar gestiones in-situ para conocer los movimientos bancarios realizados por Urenda poco antes de que comenzara la crisis en el holding.

El Ministerio Público acelera diligencias entorno a la investigación y evalúa incluso sumar el delito de lavado de activos si es que logra probar el ocultamiento o simulación de bienes del grupo financiero.

Empresario declaró ante Fiscalía Oriente en marco de la investigación por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

El proceso sancionatorio contra la corredora, su gerente general, Gabriel Urenda Salamanca, y el ex gerente comercial, Sebastián González Chambers, es por eventual incumplimiento de índices financieros y entrega de información falsa al organismo regulador y al mercado.