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En medio de las investigaciones por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado -que afectan a algunas de las autoridades regionales-, en el oficialismo y la oposición ya comenzaron a buscar candidatos para enfrentar los comicios de octubre de este año.

Ricardo Díaz, presidente de Agorechi, planteó que durante el período del ex contralor, la Contraloría les aplicaba criterios de otros servicios públicos o del sistema de compras públicas, lo que "dificultaba" comprender el funcionamiento de los GORE.

Ricardo Díaz había asegurado que, en su opinión, había un "intento" de la legisladora y su entorno "de ir juntando recursos para futuras elecciones".

El exmilitante de Revolución Democrática defiende tajantemente las labores realizadas por su administración en medio de la adjudicación de proyectos. Si bien asegura que hay mejoras que se pueden realizar, descarta faltas a la probidad. Como insiste, los reproches que enfrentan serían parte de estrategias electorales.

El ente contralor realizó una auditoría a las transferencias realizadas por la entidad encabezada por Ricardo Díaz a instituciones privadas, levantando, preliminarmente, cinco observaciones. De acuerdo con lo plasmado en un informe los evaluadores constataron controles ineficaces, procesos informales y actuaciones que ponen en riesgo la efectividad y eficiencia de los proyectos.

Con una inversión estimada de $ 26 mil millones, el nuevo recinto será levantado tras un acuerdo con el municipio y el Gobierno Regional de Antofagasta. Se inspira en los CAR de Barcelona y Colorado Springs y su financiamiento saldrá mayoritariamente del litio. Marzo de 2025 es la fecha de inauguración.

El gobernador Ricardo Díaz, manifestó su inquietud por la "demora" con que se ha actuado ante el aumento de la violencia en la zona y la migración irregular. Además, aseguró que ya llegó a Calama el contingente policial anunciado por el Ejecutivo y que están a la espera de inaugurar el Plan Calle Sin Violencia.

El representante de la región de Antofagasta aseguró que los avances logrados con el Gobierno en materia de seguridad no implica que se les traspasen atribuciones referentes al control del orden público. Como detalla, esto permitirá que se reconozcan las labores preventivas que ellos realizan y, además, implica que podrán participar de los Consejos Regionales de Seguridad y del Consejo Nacional, donde se definen acciones y planes.

Frente a la escalada de hechos de violencia e inseguridad en la Macrozona Norte, la autoridad regional pide medidas porque "hace años que existe una sensación de abandono". Pero también advierte que tienen "muchos dolores de cabeza en temas de salud, de vivienda y de empleo", que con la visita del Presidente Boric podrían empezar a encontrar soluciones.