Acusado del homicidio de Camilo Catrillanca recurre al Tribunal Constitucional y pide que se suspenda el juicio

GopeWEB filmación

El exsargento de Carabineros Carlos Alarcón

El ex GOPE Carlos Alarcón busca declarar inconstitucional las normas de la Ley de Armas que le fueron atribuidas por los querellantes institucionales -Defensoría de la Niñez, INDH y el gobierno- respecto a los disparos que ejecutó el 14 de noviembre del año pasado y que pudieron afectar también a M.P.C. el adolescente de 15 años que viajaba ese día en un tractor junto a Catrillanca.




"Se solicita a este tribunal se decrete la medida cautelar de suspensión del procedimiento judicial". Así termina el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) presentado hace una semana por la abogada Gloria Chamorro, en representación del ex suboficial del GOPE Carlos Alarcón, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva acusado como autor del homicidio de Camilo Catrillanca Marín, ocurrido hace exactamente un año en la comunidad Temucuicui, en Ercilla.

En estricto rigor, la defensa del ex carabinero -quien según la Fiscalía Regional de La Araucanía percutó el tiro que terminó con la vida del joven de 24 años- pidió al TC que antes de entrar al fondo del requerimiento que presentó y en que impugna la Ley de Armas, se paralice la tramitación del caso que afecta a su cliente y suspenda el juicio oral que debería iniciarse el próximo 26 de noviembre.

Alarcón no es el único que recurrió al TC en busca de paralizar el caso. También lo hizo el abogado Javier Jara, quien representa a otros ex GOPE, Raúl Ávila (quien destruyó la memoria de la cámara Go Pro que portaba ese día), Patricio Sepúlveda y el cabo Braulio Valenzuela quienes participaron el 14 de noviembre del año pasado en el procedimiento en que Catrillanca fue asesinado y el adolescente M.P.C. -quien iba junto al joven en un tractor-, golpeado y detenido.

La defensa de Alacón busca que el TC declare inaplicable por inconstitucional una de las normas por las cuales acusó la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Intendencia de La Araucanía, quienes piden que el ex GOPE además de ser condenado por el homicidio de Catrillanca, lo sea por el delito de "disparo injustificado" relativo a los disparos que pudieron herir al adolescente que ese día acompañaba al joven en Temucuicui. Este delito está previsto y sancionado en el artículo 14 D de la Ley 17.798. "Frente a esta imputación de los acusadores institucionales mi representado podría ser condenado por la citada norma punitiva que no describe la acción como lo establece nuestra Carta Fundamental acorde al principio de reserva legal de los delitos, pues solo indica su verbo rector sin que la modalidad de dicho actuar esté descrito en la ley conforme a las exigencias constitucionales, dado que el concepto 'injustificado' queda en la más absoluta indeterminación, entregado a una integración judicial prohibida por nuestra Constitución", se lee en el escrito.

Con todo, dice la defensora, si no se acoge por esa causal pide que se declare también institucional las penas aplicables a su representado ya que la Ley de Armas "puede imponer una privación de libertad efectiva, sin tener derecho a pena sustitutiva alguna de aquellas que establece nuestro ordenamiento jurídico". Por estos motivos, explica la abogada Chamorro, se debería acoger su requerimiento en base a la supuesta infracción a la garantía suprema de igualdad ante la ley debido a que dicha norma contaría con con problemas de "proporcionalidad sancionatoria y debido proceso".

Gestión pendiente

Para que el TC revise la impugnación de una norma que se está aplicando en un caso concreto debe existir una "gestión pendiente". En el caso Catrillanca está pendiente el juicio oral en que la Fiscalía Regional de La Araucanía pidió 15 años de presidio efectivo para Alarcón como autor del homicidio del joven de 24 años.  Esta situación, la gestión pendiente, se corrobora a través de un certificado. En el caso del requerimiento presentado por el abogado Jara -a favor de los ex GOPE Ávila, Valenzuela y Sepúlveda- ayer la primera sala del TC decidió tener por no presentado el requerimiento porque no se cumplió con la presentación del certificado correcto.

En cuanto al requerimiento presentado por Alarcón, que se vio en la tabla extraordinaria ayer, la primera sala del TC (Iván Aróstica, Juan José Romero, Rodrigo Delaveau -quien reemplaza a José Ignacio Vásquez-, Domingo Hernández y Pía Silva) decidió revisar el próximo miércoles 20 de noviembre si lo acoge a trámite o no. En dicha resolución deberán decidir además los magistrados si suspenden o no el juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca. 

La resolución del TC es fundamental, ya que existen otros casos emblemáticos de la Reforma Procesal Penal en que el TC ha paralizado durante meses e incluso un año los procesos penales en espera de la tramitación de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

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