Carmen Hertz: "La derecha ahora pretende transformarse en el garante de la libertad de expresión, y eso es patético"

"La indicación que fue aprobada es muy clara: tipifica la negación, la aprobación o justificación de las violaciones a los derechos humanos consignadas en los informes de las cuatro comisiones nacionales creadas por el Estado. Está sancionando hechos, no ideas ni convicciones políticas como errada y erróneamente se ha pretendido instalar". Así parte precisando- la diputada PC y abogada Carmen Hertz ante la cada vez más encendida controversia que desató la indicación  que ella introdujo en el proyecto que se comienza tramitar en la Cámara para penalizar la incitación a la violencia.

Una norma que incomoda harto al gobierno (sienten que les cambiaron el texto) y a la derecha, pero que también ha provocado opiniones cruzadas en ambas veredas. El proyecto no se votaría en la sala antes de mediados de enero, al filo del receso veraniego, y es probable que quede para marzo si La Moneda le quita la urgencia simple.

-Esta indicación no penaliza el pensamiento ni las ideas; eso es falso. Está penalizando lo que los países decentes que han vivido historia de opresión, han hecho hasta ahora: sancionar a quienes niegan el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad que han ocurrido en esos países, la opresión que ellos han vivido.

-¿Y qué pasa con la libertad de expresión? El argumento central contra esta penalización es que colisiona con este derecho.

-La supuesta colisión con la libertad de expresión no es tal. Eso ya fue zanjado: tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan como límite a la libertad de expresión la honra y dignidad de las personas; por eso se tipifica la calumnia y la injuria. Acá, al negar crímenes de lesa humanidad se está dañando la dignidad de miles de víctimas. Eso es lo que más perturba la paz social, y al perturbar la paz social, se perturba la convivencia democrática.

-Parece ser ese el nervio central de esta controversia, ¿no?

-Acá hay una campaña contra el negacionismo. La derecha ahora pretende transformarse en el garante de la libertad de expresión, y eso es patético, porque saben perfectamente que no es la libertad de expresión el problema: para la derecha el problema es nuestra resistencia feroz ante cualquier tema en que se quiera avanzar en esta dirección en materia de derechos humanos. Van a enarbolar la libertad de expresión; la falta de plata, como retiraron la reparación a los presos políticos; la independencia del Poder Judicial, como cuando propusimos la Acusación Constitucional; la inconstitucionalidad del proyecto de libertades condicionales...

Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara llegó un informe de la Biblioteca del Congreso que explica la legislación comparada. Hertz recalca que "en Alemania esto está vinculado a todo lo que sea la exaltación del nacionalsocialismo" y que "países como Bélgica, Francia, que sufrieron la ocupación nazi no establecen como requisito indispensable la alteración de la paz social ni del orden público. España, tampoco; ahora recién hubo una reforma en virtud de una decisión del Tribunal Constitucional, allá también se sanciona el negacionismo".

Pero hace ver que "también he visto a comunicadores que han destacado la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde no se sanciona. Lo que olviden es que EE.UU. no ha padecido genocidio en su seno ni tampoco crímenes de exterminio por el Estado; otra cosa es que ellos lo hayan hecho en otros países. Suiza es el único país que legisla sobre esto sin haber tenido opresión interna".

-En este debate encontró un aliado sorpresa en el ex ministro Rodrigo Hinzpeter, quien apoya penalizar el negacionismo. Dijo que "el negacionismo erosiona la memoria, dificulta recordar, y a la larga, puede alentar la repetición de los hechos".

-Sus argumentaciones me parecen muy razonables, y concuerdo con ellas. Pone el acento, precisamente, en el agravio que significa el negacionismo para la dignidad humana. En los países desarrollados sí se cuida la memoria de su historia. Eso es política pública y acá no existe.

-El propio Hinzpeter se trenzó en un carteo en El Mercurio con Carlos Peña, quien no está de acuerdo con su indicación. Peña plantea que  si se concreta esta penalización, "entonces en la cultura pública se formaría un tabú que, al congelar el debate, impediría el discernimiento que permite condenar racionalmente esos crímenes".

-No. Me parece que es una retórica del rector Peña que yo no comparto.

-¿Por qué?

-Él ahí se refiere a la necesidad de que las políticas públicas impidan el negacionismo. En Chile no ha existido política pública alguna para limitar el negacionismo e instalar la memoria. El rector Peña sabe muy bien que una cosa muy distinta es el reproche social. Si no, no justificaría nunca ningún delito cuando está atentando contra la dignidad de las personas. Por que si no, ¿para qué legislamos sobre la calumnia? No comparto para nada la argumentación del rector Peña.

-Al proyecto de incitación a la violencia el gobierno le introdujo una indicación que después se cayó, que cambiaba las penas de prisión por las de trabajo comunitario. ¿Son penas aplicables al negacionismo?

-No. ¿Qué significan los servicios comunitarios en Chile, pues? Podría no tener penas de prisión, pero un país donde haya sanciones que sean reales. Negar los crímenes de lesa humanidad en un país que los sufrió es algo grave.

-En el proyecto, como está, figuran penas -como las menores de cinco años- que podrían no acarrear cárcel efectiva.

-Es una pena mínima, 541 a 3 años. No es aflictiva.

-Entonces, un negacionista podría ser condenado a prisión, pero jamás ir a la cárcel.

- O sea, siempre. Las penas aflictivas en Chile, entre 541 días y tres años, no existen.

-Pero si la ley fija varias penas que no van a acarrear cárcel efectiva para un negacionista, ¿cuál es la sanción?

-Son todos escenarios virtuales. La aplicación de la ley la hace el tribunal, no el legislador. El legislador decide el tipo e indica la sanción; la interpretación la hace el tribunal.

-El otro día dijo que la diputada RN Camila Flores no sería objeto de esta ley por haberse declarado "pinochetista", porque era una opinión. ¿Por qué sí sería punible, según usted, la actitud del diputado ex UDI Ignacio Urrutia?

-Insisto: eso queda a disposición de tribunal. Yo, como juez, creo que si él se refirió a los presos políticos y torturados como "terroristas con aguinaldo" es desconocer violaciones a los derechos humanos ya consignadas.

-¿Y cuando la ex candidata a diputada UDI Loreto Letelier dijo que Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, víctimas del Caso Quemados, se "quemaron a sí mismas"?

-Otra brutalidad, pues. Pero insisto: la aplicación de la norma la hace el juez. Si es evidente que una persona niega que Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas fueron quemados vivos, obviamente está incurriendo en el tipo que definimos.

-¿Y qué hay de columnas o expresiones que sostienen que acá hubo una guerra o que han defendido a torturadores como Miguel Krasnoff? ¿Qué pasaría con Hermógenes Pérez de Arce o Gonzalo Rojas?

-Ese es un argumento que no cae dentro de la tipificación. Acá hay dos escenarios: lo que nos convoca, la discusión sobre la indicación y negar los delitos cometidos en dictadura; otra cosa son los dichos de Pérez de Arce y su interpretación sobre el Golpe de Estado y la dictadura militar.

-En la DC hay parlamentarios que quieren que se legisle y castigue el negacionismo con los crímenes en otros países, como en Venezuela y Cuba. ¿Hay que debatirlo?

-Eso es un intento, de otra manera, de relativizar los crímenes en dictadura, Chile.

-"Simpatizo con esta indicación", dijo aludiendo a esta última Matías Walker, jefe de diputados DC.

-Matías Walker al menos aprueba la idea del negacionismo. Está de acuerdo con sancionarlo.