Cuatro informes lapidarios: ¿Qué han dicho los organismos internacionales sobre el actuar de la policía durante la crisis en Chile?

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Foto: AgenciaUno

En los casi dos meses de protestas, cuatro organismos internacionales han dado a conocer su preocupación por la violencia desmedida durante las manifestaciones. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y Naciones Unidas aseguran que se han violado los derechos humanos, por lo que solicitaron al Estado dar garantías a los ciudadanos. Revisa los informes.




A las 9.30 de esta mañana se reveló el último de los informes que faltaba por conocer. Desde que se desencadenaron las protestas sociales el 18 de octubre pasado, fueron cuatro los organismos internacionales que enviaron misiones a Chile para recoger antecedentes sobre el actuar de Carabineros y las Fuerzas Armadas en las manifestaciones y reunirse con distintas autoridades y entidades.

Las primeras conclusiones fueron dadas por Amnistía Internacional, luego fue el turno de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hoy de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la oficina a cargo de Michelle Bachelet.

Las resoluciones fueron dadas a conocer después de que de manera independiente los organismos estuvieran en la calle tomando nota, reuniéndose con organismos, víctimas, policías y visitando distintas ciudades a lo largo del país. Y aunque no fueron trabajos coordinados, la respuesta fue la misma: desde que comenzaron las protestas se ha hecho uso excesivo de la fuerza.

Amnistía Internacional

En un punto de prensa el 21 de noviembre pasado el organismo detalló los hallazgos de la misión investigadora que estuvo en Chile. Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG, fue la encargfada de leer el informe que fue ampliamente criticado por el gobierno: Y es que uno de los puntos indicaba que "en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas".

Además, declararon que "la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes". 

En cuanto al tipo de armamento, la ONG señaló que según su investigación, se utilizó armamento militar de manera "indiscriminada" con el objetivo de controlar las protestas y los hechos de violencia que se desencadenaron, lo cuales no deberían haberse usado, señalaron. En cuanto al armamento no letal, dijeron que "a pesar de que su uso debería ser excepcional, Carabineros lo ha usado como principal herramienta para dispersar manifestaciones, en muchos casos pacíficas".

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidados por una autoridad judicial independiente e imparcial.

La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura – un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual.

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Human Rights Watch

"Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas", comienza señalando el organismo en un documento.

Cuando presentaron el informe, el director paras las Américas, José Miguel Vivanco, manifestó que existen "preocupantes denuncias" sobre el uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales "que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas".

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente", se agrega. 

El reporte de Human Rights Watch también revela que una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron a Human Rights Watch que "está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales".

Human Rights Watch recabó pruebas consistentes de que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto, dijo el organismo.

Miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas "bean bag" (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.

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CIDH

Hace una semana, el organismo de la OEA también fue enfático en expresar su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales. Además, expresaron su preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos registrados por distintos organismos internacionales así como por los propios órganos del Estado.

Asimismo, señalaron que esas vulneraciones apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas.

En respuesta a "estos graves hechos", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió instalar una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) en Chile con el "objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos".

"La SACROI ha recibido diversa información que señala un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones sin distinguir entre quienes participaban de las manifestaciones y quienes no, habiéndose incluso registrado lesiones a personal de observación del INDH, defensores y observadores de derechos humanos, así como de personal que ejercían labores de auxilio y asistencia médica que portaban su vestimenta distintiva", aseguran.

"Conforme la información recibida, se habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual. La SACROI recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos a niños, niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría".

Por otra parte, la CIDH reprueba que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos. Al respecto, la CIDH recibió información sobre ataques a espacios de culto católico, evangélico y judío. La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica.

A su vez, la CIDH recuerda al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia. A ese respecto, la Comisión reitera el rechazo a toda forma de violencia y hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dichos contextos, así como juzgar y sancionar los responsables.

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Naciones Unidas

Esta mañana, se reveló uno de los principales informes que estaba esperando el gobierno. Luego de su visita a Chile en noviembre, Naciones Unidas dio a conocer sus conclusiones sobre cómo se ha actuado en relaciones a las protestas sociales y aseguraron que existe preocupación por el "elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".

La oficina de Bachelet, indicó en un escrito de 35 páginas que "estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias".

También se afirma que "ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas".

Por este motivo, entregaron 21 recomendaciones al Estado como asegurar que las personas puedan ejercer su derecho a la reunión pacífica sin restricciones ni riesgos innecesarios para su integridad física.

También se detallan medidas específicas para el actuar de Carabineros, entre las que se incluyen "asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades", "garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública" y "fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada".

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