El día en que la comisión que convocó José Piñera propuso un sistema de retiro de las AFP

En 1979, el equipo que lideraba el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, propuso abrir una puerta para que los nuevos cotizantes de las AFP pudiesen hacer retiros de los fondos previsionales.

Así lo revela un documento catalogado como “secreto” obtenido por la Fundación por la Transparencia, que está celosamente guardado en la colección privada de uno de los selectos integrantes de este comité técnico que creó, diseñó y modeló el decreto ley (DL) 3.500 que dio vida a las AFPs.

Obviamente la idea no prosperó y 40 años después, ante la restricción económica que ha causado la pandemia del coronavirus, los actores políticos avanzaron en una reforma constitucional para que los cotizantes realicen un tercer retiro que tiene en vilo al sistema de AFP. Cuando se concrete, unos 5 millones de trabajadores quedarán sin fondos para financiar su pensión posterior.

Esa presión -según se manifiesta en el documento- la veía venir el equipo convocado por el entonces secretario de Estado y hermano del presidente Sebastián Piñera.

“El sistema de capitalización puede crear frustraciones a los trabajadores a quienes les costará entender por qué no pueden retirar nada de una cuenta personal en que hay invertidas sumas considerables en relación con sus ingresos. Tal situación se hará más patente en momentos de mayor necesidad como enfermedad o cesantía. Ante una rigidez absoluta de retiros de la cuenta pueden generarse presiones que terminen socavando toda la idea de la capitalización”, indica el informe del Comité Técnico de la Reforma Previsional, que fue el insumo para que una comisión legislativa ad hoc diera cuerpo al DL 3.500.

Este comité técnico estaba conformado por Martín Costabal como coordinador; Renato Gazmuri quien luego fue el primer superintendente de AFP; Sergio Guzmán Lagos; Margarita Hepp; Luis Larraín, ex director de Libertad y Desarrollo; Patricio Mardones y Alfonso Serrano, que luego fue consejero del Banco Central. Las reuniones se hacían en la oficina del último los días lunes, miércoles y viernes. Este equipo de expertos fue convocado por José Piñera, quien era ejecutivo del grupo Cruzat Larraín cuando asumió el Ministerio del Trabajo el 27 de diciembre de 1978, en reemplazo de Vasco Costa.

“Hay un miembro que no está en las firmas pero participó mucho. Hernán Büchi, quien ya era considerado como una persona brillante, estaba partiendo su carrera ascendente como asesor en un ministerio. El acudía a las oficinas de Hepp, quien hacía los cálculos, supervisaba y retroalimentaba”, acota Ignacio Schiappacasse Bofill, investigador de Fundación por la Transparencia, entidad sin fines de lucro que tiene por objetivo promover las buenas prácticas en el sector financiero.

Según la investigación de la fundación, aunque se exploró la posibilidad de permitir retiros, ello no se discutió en el seno de la Junta y tampoco lo supo Augusto Pinochet.

¿Qué sucedió? No se sabe. La Tercera intentó contactar a algunos de los integrantes de la comisión, sin éxito. Schiappacase, cientista social y PhD en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Oxford, quien lidera una investigación sobre el tema, opina que “entonces ellos sabían que el sistema de AFP tendría una gran vulnerabilidad”, sin embargo ello no habría sido tomado en cuenta por la comisión legislativa ad hoc -integrada por economistas y militares- que preparó el DL 3500. “Ni siquiera dejaron abierta esa puerta a un retiro. Tampoco lo relevaron porque no está en las sesiones secretas de la Junta contenidas en el acta 398″, afirma.

En el marco de su indagación, se percató que los documentos que dan cuenta de las discusiones están bajo siete llaves, y logró que uno de los miembros le permitiera fotografiarlo desde su colección privada. “Así he podido cotejar este informe con las actas secretas que quedaron a resguardo en la Biblioteca Nacional luego de que esta última documentación se salvara porque un anónimo las dejó en cajas de exportación de plátanos afuera de ese edificio”, afirma.

Las desconocidas actas, entre las páginas 204 y 207, se refieren a la idea de crear un Subsidio por Incapacidad Laboral para los trabajadores dependientes del sector privado, con tal de mantener la remuneración neta del trabajador en caso de enfermedad transitoria, “sin costo para el empleador”. Se usaría en caso de “enfermedad comunes, maternidad o accidentes no originados del trabajo”.

Se financiaría con un 2% de las remuneraciones imponibles, que se dividiría en dos partes. Una, correspondiente al nivel de ingreso mínimo, se entregaría a un “mecanismo de reparto”; y lo restante se iría a una subcuenta dentro de la cuenta de capitalización individual. En caso de enfermedad, reza el documento, “el individuo puede retirar de la subcuenta individual la diferencia” tras recibir el aporte del mecanismo de reparto equivalente al ingreso mínimo. Si no se utilizare, se sumaría después a la jubilación.

Inmediatamente se consideran las ventajas y desventajas de esta propuesta. Entre las primeras se destaca que el sistema de capitalización puede crear frustraciones porque no podrán retirar sus fondos en situaciones de necesidad. “El esquema planteado permite presentar la cuenta beneficiando al trabajador no sólo en su jubilación muy lejana, y por lo tanto, poco motivadora sino ante estados de necesidad durante la vida activa. Un esquema de este tipo puede incentivar más las cotizaciones”, dice.

Por el otro lado, entre las debilidades se mencionaba que el sistema perjudicaría a quienes durante su vida laboral registraran muchas enfermedades e incapacidades, y la complejidad de abrir esa puerta. “La posibilidad de hacer retiros de la cuenta, aún bajo requisitos estrictos y con límite prefijados puede desatar presiones para facilitar requisitos, ampliar límites y permitir retiros para otros fines (Ej. Vivienda) con lo cual si entrarían a afectarse las jubilaciones que la cuenta podría entregar”, detalla el escrito.

Por lo mismo el comité se interroga: “la cuestión es si las presiones, que de todos modos existirán, para permitir algún tipo de retiro… pueden resistirse mejor con una cuenta que no permita hacer retiro bajo ninguna circunstancia o con una en que se permiten retiros limitados ante circunstancias de extrema necesidad (enfermedad, cesantía)”.

En octubre de 1979 el comité evacuó el informe, que fue el principal insumo para su discusión en una comisión legislativa. Cabe recordar que en esa época había cuatro comisiones legislativas que eran las encargadas de redactar los proyectos de ley que más tarde la Junta Militar –integrada por las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas-, que ejercía como Poder Legislativo, sentenciaba.

Para el caso concreto de esta reforma previsional se nombró una quinta comisión integrada por el coronel de aviación, Alberto Varela; capitán de navío, Germán Toledo; Walter Riesco, quien posteriormente fue presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); el mayor de Ejército, Manuel Urbina; Jaime Illanes; Carlos Miranda; Renato Gazmuri, quien también participó en la redacción del informe técnico como jefe de finanzas del Ministerio del Trabajo; el superintendente de seguridad social de la época, Patricio Mardones; y el mayor de Ejército Juan Romero, según figura en el acta del 14 de octubre de 1980. Este grupo fue el que le dio forma al DL 3500, que creó el sistema de pensiones en Chile, derivado de la capitalización individual que se efectuaría en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.

“Esta es una mezcla de gente cercana a los Chicago Boys y gente cercana al ala corporativista militar”, comenta el investigador.

La comisión -según consigna la investigación de la Fundación por la Transparencia- no consideró la propuesta de crear una subcuenta para que las personas pudiesen retirar.