Penalistas y expertos en libre competencia discrepan por efectos de la nueva Agenda Antiabusos

ABOGADOS

Litigantes en casos de colusión piden cautela ante la serie de medidas que anunció al gobierno para combatir los denominados delitos de cuello y corbata. Ello debido a que aún no se conocen casos tras la última reforma al sector de libre competencia. En paralelo, persisten las discrepancias por el monopolio de la facultad penal que mantuvo el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica.




Un verdadero cruce de opiniones se generó anoche, a pocos minutos de terminar la cadena nacional con que el Presidente Sebastián Piñera anunció los pilares de la nueva Agenda Antiabusos, entre penalistas y expertos.

Uno de los principales puntos radica en no quitar la potestad penal a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), en casos de colusión y delitos tributarios, respectivamente.

Carlos Gajardo, ex fiscal que investigó los casos Penta y SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, lamentó que el gobierno no tomara en cuenta las medidas y propuestas que ha presentado el Ministerio Público para combatir los "delitos de cuello y corbata", como el fin de la necesidad de que existan denuncias por parte de organismos regulatorios, como instituciones electorales y tributarias.

"Una de las propuestas más críticas que ha efectuado la fiscalía tiene que ver con el fin de la necesidad de que existan denuncias por parte de organismos regulatorios cuando existe la presunción de delitos tributarios y electorales. Se pide además la creación de una fiscalía nacional de alta complejidad", acotó el ex persecutor.

Jorge Bofill, abogado socio de Bofill, Escobar & Silva expresó una opinión distinta. A su juicio, la razón para mantener el monopolio de la acción penal en manos de la Fiscalía Nacional Económica es bien clara. En el caso de los delitos tributarios, existen en paralelo una serie de procedimientos administrativos que terminan no solo con recaudación, sino que también con multas.

"Si se le quita ese monopolio al Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público inicia procedimientos de oficio, es muy posible que los procedimientos administrativos pierdan toda importancia, porque una vez que estás en un procedimiento penal, ya no te interesa pagar o regularizar tu situación tributaria", explicó Bofill.

En línea con lo anterior se mostró Paula Vial, socia de Vial & Molina Abogados. La penalista sostuvo que "es muy importante que si se van a otorgar mayores facultades investigativas, se priorice en el ámbito intrusivo y penal al Ministerio Público. Hay que evitar la dualidad y la superposición institucional". Al parecer de la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica "en la facultad de querellarse, lo que hay que conciliar es el interés público en la investigación, persecución y sanción con los objetivos estatales en juego respecto a la conducta específica. Por ejemplo, en el caso del SII la necesidad recaudatoria. Y por eso es fundamental la claridad en los objetivos y la independencia y autonomía institucional"

Mientras, José Miguel Gana, socio de Gana y Gálvez Abogados dijo estar preocupado con los recientes anuncios. "Yo todavía no logro entender por qué la Fiscalía Nacional Económica es la que tendrá el monopolio de la acción penal para perseguir los delitos de colusión sin que exista la posibilidad de que pueda ejercerla un tercero", aunque admitió que la figura de delación compensada es muy beneficiosa para la persecución de carteles.

Anuncios sin novedad y más cautela

En el área de libre competencia, abogados coinciden en que las medidas anunciadas por el Presidente en relación a la colusión ya están en marcha y lo mejor y piden cautela a la espera de conocer los primeros resultados de la última gran reforma al sector que elevó penas y penalizó el delito de colusión en 2016. De hecho la actual legislación incluye la cárcel para la colusión y las multas se miden en términos de beneficios o ventas del infractor y no tienen límites.

María José Henríquez, asociada de Morales & Besa y ex Jefa de la Unidad Anti-Carteles de la FNE sostuvo que  "nuestro país tiene un muy buen diseño institucional y una historia exitosa en materia de persecución de la colusión por lo que sugiero que esperar que opere para evaluar mejor. No creo prudente hacerle reformas a un sistema reformado recientemente que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser testeado en la práctica. Hay que esperar que el desarrollo y que las instituciones en el amplio sentido de la palabra empiecen a operar".

Cristián Reyes, abogado experto en libre competencia, sostuvo que la propuesta del Presidente "no es muy novedosa". "Lo que falta es hacer un sistema que incorpore la delación compensada también en caso de abusos, no solo en colusión, o que se especifiquen los casos que no sean relevantes para la economía en los que la Fiscalía no debiera intervenir".

Por su parte, Isabel Díaz, socia de Díaz y Asociados añadió que "hoy tenemos un régimen súper severo que está a la altura de los países más avanzados. Por eso, siento que hay un cierto desconocimiento de los importantes cambios que sufrió la legislación en el 2016. De hecho, la sanción de cárcel en Chile es incluso mucho más severa que en otros países. En Europa no todos los países tienen pena de cárcel. En Estados Unidos, igual que en Chile, es de hasta 10 años".

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