Un nuevo vuelco tomó el conflicto por la millonaria herencia del abogado y empresario minero Alfredo Ovalle Rodríguez –fallecido el 4 de agosto de 2019, a los 82 años– que involucra a su viuda Carmen Risopatrón Vergara (66) y sus hijas Luz (58), Alfredo (56) y Paz Ovalle Alliende (55) y Trinidad Ovalle Vergara (33).

Se trata de una trama que entrelaza una fuerte disputa familiar con un lío de platas que escala incluso al extranjero. ¿A dónde? A Panamá, país en el que el empresario -que levantó el conglomerado minero Las Cenizas- constituyó diversas sociedades, cuyos registros eran administrados por Mossack y Fonseca & Co.

En tribunales, su viuda -a través de sus abogados Pedro Yaconi y Paulina Nakouzi- ha asegurado que existe una “ocultación de bienes” por parte de las hijas del empresario, quienes son representadas por el estudio Barros y Errázuriz. Esta “ocultación”, acusa Carmen Risopatrón, genera un perjuicio a la masa hereditaria, “pudiendo incurrir la sucesión en infracción a las normas tributarias, relativas al pago de los tributos correspondientes”.

En absoluta reserva, el Servicio de Impuestos Internos (SII) activó gestiones a fin de conocer mayores detalles sobre el destino de dichas sociedades, las cuales son mencionadas en los denominados “Panamá Papers”. A cargo de la diligencia y análisis de los documentos recibidos se encuentra la Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, quien hace una semana culminó de recibir los antecedentes.

Una de las mayores interrogantes que busca dilucidar la autoridad es cómo Ovalle disminuyó fuertemente su patrimonio entre 2015 y 2018. El 31 de diciembre de 2015, en su declaración jurada Nº 1851 sobre “Inversiones, Seguros, Derechos, Activos, y Otras Operaciones en el Exterior, y Rentas Relacionadas”, el empresario detalló sus inversiones fuera de Chile. Según ésta, acumulaba $3.287 millones en las siguientes sociedades: Ashes Two Trust Cayman (Islas Cayman); Ashes Two Trust Bahamas (Bahamas); Credit Suisse AG (Suiza); Merrill Lynch (Estados Unidos) y Fundación Rizzoto (Panamá).

Sin embargo, posteriormente el empresario y ex presidente de la Sonami presentó declaraciones de impuestos que develaron una fuerte contracción en su patrimonio. Tanto así que que pasó de $3.287 millones en 2015 a $699 millones en 2018. Se trata de una baja de $2.616 millones (79,6%), y que llama la atención de la unidad de fiscalización.

Por lo mismo, el SII solicitó a los contribuyentes presentar una serie de antecedentes, como escrituras de constitución y modificación de los trust y fundaciones desde el 1 de enero de 2016 a la fecha. En paralelo, pidió un análisis sobre cada uno de los activos y pasivos de las sociedades involucradas en el testamento y una serie de documentación contable.

La tesis que baraja la defensa de Carmen Risopatrón es que Ovalle realizó donaciones en vida a través de sociedades en el extranjero a sus hijos, las que quedaron exentas de pago de impuestos. Bajo esa línea, encargó un informe jurídico al abogado tributarista Pablo González Suau, quien concluyó que las operaciones vinculadas a este tipo de procesos de herencia deben estar afectas al pago de impuestos.

Consultados por La Tercera PM, la defensa de las hijas de Ovalle no quiso referirse a este punto pues -afirmó- no participa de esa investigación.

En tanto, ayer la magistrada del 19º Juzgado Civil de Santiago, Jacqueline Benquis Monares, emitió una resolución que vino a despejar las dudas sobre un anterior dictamen del caso. Ello luego que el 23 de noviembre, la jueza acogiera a trámite la rendición de cuentas del albacea -el ex abogado de confianza del fallecido empresario, Francisco Ibáñez Concha- y posteriormente declarara la nulidad de lo obrado.

Para la jueza existen materias como conflictos y otras alegaciones que deben ser ventiladas y resueltas ante un Juez Árbitro Partidor. Al mismo tiempo, señaló que existen otros asuntos que deben ser zanjados por el albacea. La declaración viene a dar sustento a la arremetida legal que ha emprendido la cónyuge de Ovalle. Ello debido a que la resolución de la magistrada puede ser interpretada como una luz verde para que ejerza acciones en contra del albacea.

Por otro lado, según consta en el expediente de la causa de posesión efectiva que se tramita en el 19º Juzgado Civil de Santiago, el albacea efectuó un pago provisorio por 12,61 UTM (poco más de $600 mil) por los impuestos derivados del proceso de herencia.

En una presentación que también forma parte de la carpeta pública del caso, la defensa de la viuda sostuvo: “el albacea, acomodaticiamente a sus intereses, y vulnerando el derecho al debido proceso de mi representada, pretende obtener la aprobación express (rápida) de la rendición de la cuenta de su gestión y el establecimiento de sus honorarios en un procedimiento que no es el establecido por la ley procesal civil”.