En una presentación que se extendió por casi una hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó algunos detalles de la megarreforma que ingresará el gobierno al Congreso Nacional la próxima semana. Durante su exposición defendió la propuesta: “Es un gran proyecto que beneficia a la clase media”, dijo ante las críticas de algunos sectores políticos. Y sobre lo mismo argumentó que “este es un cambio de concepto. Terminemos de pensar que para beneficiar a la clase media tenga que dar ‘esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá’. El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo, que haya una forma digna de ganarse el dinero, el sustento y que ese dinero alcance a comprar casas y a cumplir el sueño de la casa propia. En eso consiste este proyecto”, señaló.

Mencionó que el foco central de la propuesta es recuperar el crecimiento económico: “El camino lo extraviamos hace ya más de 12 años con un crecimiento promedio de apenas 2% que tiene consecuencias. No da lo mismo crecer al dos, que al tres o al cuatro. Hoy día con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%, situación que no se veía desde los registros de la crisis del 82”, indicó.

El secretario de Estado sostuvo que la única manera de que Chile vuelva a crecer, es recuperar la competitividad tributaria: “Chile tiene una tasa de primera categoría muy superior a los países de la Ocde. En ese sentido, nosotros queremos una baja del impuesto de primera categoría, del 27 al 23%. Esta es una baja gradual”.

Ya en el desglose de su presentación, el titular de las finanzas públicas detalló las medidas transitorias que le permitirán lograr una mayor recaudación para compensar los menores ingresos que significarán la baja del impuesto a las empresas y la reintegración del sistema impositivo, entre otras medidas.

Ahí señaló que habrá rebaja Transitoria de Impuesto a las Donaciones establecido en la Ley N°16.27 que le generaría ingresos por unos US$293 millones, a ello se suma la repatriación de capitales. En este caso se establece una ventana de 12 meses, contados desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, que es voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados.

Además, se establece una tasa reducida de 7% para quienes repatrien efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en inmuebles DFL2 y valores del artículo 107 de la LIR por al menos 8 años. En caso de retirar antes deben pagar la diferencia de impuesto. Con esta medida esperan recaudar $300 mil millones, unos US$338 millones. Así, en suma, con ambas medidas transitorias lograr allegar recursos por unos US$631 millones.

También mencionó que se aplicará un impuesto sustitutivo del 10% sobre registros de rentas empresariales pre 2016, lo que debería generar recaudación. Y habrá un mecanismo de condonación de intereses a empresas con deudas tributarias por parte de la Tesorería General de la República para que puedan luego pagar su deuda.

En los cálculos de Quiroz, estas medidas transitorias permitirán de alguna manera compensar la baja en la recaudación que le significará la reducción del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23% en un plazo de tres años y la reintegración del sistema impositivo que también se tiene previsto realizar gradualmente: “Pasamos del 35% de restitución al 30%, después al 25%, después al 20% y después a cero”.

Para el primer caso, las estimaciones de los expertos apuntan a una merma en recaudación del orden de US$1.800 millones, mientras que la integración tiene efectos fiscales por unos US$800 millones.

Otra medida que generar una menor recaudación es la ventana que permitirá a las personas comprar viviendas por un plazo de un año sin pagar IVA. A ello se suma, el costo de US$1.400 millones que deberá desembolsar el Fisco para el crédito tributario para el empleo formal.

Según señaló Quiroz, “el crédito tributario para la protección del empleo formal financiará un porcentaje de las remuneraciones brutas partiendo con 15% de la remuneración que haya pagado la empresa cumpliendo todas las leyes sociales que parte en las 7,8 UTM que son aproximadamente 550.000 pesos y va bajando hasta quienes tengan ingresos por 12 UTM, unos $838 mil”.

Ejemplificó cómo se aplicaría en la práctica: “Para tener una idea para alguien que tiene un sueldo bruto de $550.000, el crédito tributario es del 15%, es decir, de $81.000 por mes, ahora, en la misma escala, un sueldo de $650.000 tendrá un apoyo del 10% por mes”.

El costo fiscal

Consultado el ministro de Hacienda respecto del costo fiscal total de la iniciativa y de cuánto de su financiamiento provendría del mayor crecimiento que apuestan que generará, respondió: “En el informe financiero estará el detalle. Eso lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Solo le puedo adelantar que el impacto de recaudación se hace por dos vías”.

En esa línea, Quiroz estimó que “entre dos tercios y tres cuartos” de esa menor recaudación generada por el recorte de impuesto de primera categoría, integración y otras medidas será compensada por el efecto de la agilización de inversiones, que se traduce básicamente en mayor crecimiento económico y por las medidas recaudatorias transitorias.

Para Quiroz, alguna de las medidas transitorias tienen una recaudación “muy relevante. A ellos se suman las medidas de agilización de inversiones que, según calculó la comisión Marfán, significaría un aporte importante en la recaudación”, explicó.

Lo que falta, dijo Quiroz, debiera completarse con las medidas de contención de gasto, más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público”.

Ante este escenario los expertos cuantificaron que el costo total del proyecto fluctuará entre US$2.800 millones y US$3.500 millones.

“(El informe financiero) nos va a dar una mirada más clara de cuál es el déficit o superávit de esta iniciativa y cómo se pretende financiar”, afirmó el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Según las estimaciones de Acevedo, entre las medidas de baja de impuesto gradual a las empresas de 27% a 23% hasta 2029, la reintegración del sistema tributario paulatino hasta 2031 y el subsidio al empleo para los puestos de trabajo de quienes cobran en el rango de salario mínimo vía un crédito tributario, va “llegando a algo así como US$ 3.500 millones, o del orden de eso, que es un punto del PIB. Y la pregunta, que la verdad que hoy día no tenemos tantos detalles (...) es saber cómo eso se financia”.

“Hay otras medidas que no conocemos, que imagino que están compensando estos menores ingresos, producto de las medidas tributarias”, agregó.

Acevedo resaltó la importancia del financiamiento y compensación del proyecto de la megarreforma del Presidente Kast en base a las experiencias de otras reformas tributarias y el estado actual de las finanzas públicas.

“Estamos hoy día en una situación fiscal bien estrecha, y por lo tanto yo entiendo que el compromiso del gobierno es no sumarle riesgos al balance fiscal, y en ese contexto uno esperaría que parte importante estas medidas estuvieran financiadas, y no depender tanto de lo que va a pasar”, complementó.

Por su parte, Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, puntualizó que el costo total en régimen es del orden de US$2.700 a US$2.800 millones. “Lo que (Quiroz) está diciendo es que casi un 70%, es decir, como alrededor de unos US$2.000 millones los va a financiar con las medidas de crecimiento económico que están haciendo para reactivar la inversión y la economía”, expresó.

En ese sentido, Rojas dijo que “se está apostando a que la economía pasa a tener un crecimiento relativamente más fuerte, sobre 3%, 3,5% o hasta 4%, y que por lo tanto se produce un aumento del PIB en general bastante importante, de manera que puede financiar alrededor de un punto del PIB. Ese es un tema que todavía hay que esperar el informe financiero, pero en términos generales, si no hay alguna medida que dé un poco más de impulso a la economía o que hayan políticas orientadas a una mayor certeza jurídica, es difícil lograr esa meta”.

Claudia Martínez, académica de la Universidad Católica, dijo que “tenemos que esperar el proyecto de ley y su informe financiero para poder opinar respecto al costo de la reforma y su financiamiento en detalle”.

Respecto a la reducción de gasto, planteó que “será importante saber si esta debe pasar por el Congreso y si va en el mismo proyecto. Si la disminución de gasto debe pasar por el Congreso, entonces ya no depende completamente del Ejecutivo, por lo cual no es algo con lo que se pueda contar con certeza, a menos que se aprueben en conjunto”.

Ahora bien, en cuanto al aumento de recaudación por crecimiento, “la evidencia indica que este no compensa totalmente la disminución de recaudación directa por la caída del impuesto. Por lo tanto, mecanismos compensatorios son siempre necesarios. En este sentido, será importante ver qué efectos en crecimiento está suponiendo el proyecto, y cual es su efecto en recaudación estimado”.

Alejandro Micco, economista y académico de la Universidad de Chile, planteó que las medidas tributarias no deberían ir más allá de la rebaja al impuesto corporativo.

“Se le han metido otras cosillas que creo que van a ser más complicadas de pasar y que pueden terminar gastando mucho capital político (...) Creo que es fundamental que, ojalá, el capital político se use en las medidas que tienen un impacto, desde mi perspectiva, más fuerte”, comentó.

Micco hizo su advertencia en el contexto de que el gobierno busca la reintegración del sistema tributario, la que será gradual, hasta el año tributario 2031.