Seis expertas en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron este jueves una investigación completa y transparente por las acusaciones de tráfico sistemático de mujeres con fines de explotación sexual tras la difusión, por parte del Departamento de Justicia estadounidense, de los archivos vinculados al caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

En un comunicado, la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Siobhán Mullally, y las cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas afirman que “debemos pasar de lo mediático a una acción efectiva”.

Esto en cuanto a la “rendición de cuentas y medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, reparaciones centradas en las supervivientes, garantías de no repetición y verdad, reconociendo el trauma extremo y la violencia sufridos, y la naturaleza sistémica y generalizada de las graves violaciones de Derechos Humanos que se han producido”.

En el texto además recuerdan que los archivos implican a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y destacados académicos en redes de abuso sexual donde hubo “devastadores errores a la hora de prevenir, identificar, asistir y proteger a las víctimas y supervivientes”.

El hecho de que este tráfico sexual generalizado de mujeres y menores haya “persistido a nivel global”, aseguraron Mullally y sus colegas, muestra “la arraigada discriminación y violencia de los sistemas patriarcales de poder”, así como “los graves fallos de rendición de cuentas”.

Las expertas también alertaron sobre la “mercantilización y brutalización de los cuerpos de mujeres jóvenes y niñas”, expuestas en los medios, así como de “la publicación de imágenes sin rostro de menores en situaciones abyectas y vulnerables”.

De la misma forma, expresaron preocupación por la “respuesta totalmente inadecuada y desproporcionada” de los Estados y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ante la “gravedad de los crímenes y al sufrimiento de las víctimas”.

“La imposibilidad de garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de la impunidad que perjudica desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y socava la promesa de igual protección bajo el Derecho Internacional”, argumentaron.

En ese sentido, recordaron que los Gobiernos tienen la obligación, en virtud de las leyes internacionales, de “prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual” y de “identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata”.