“Tomaremos las acciones que sean necesarias para defender nuestros derechos”: el manifiesto de los pueblos originarios y exconvencionales contra el acuerdo del 12-D

Representantes de 11 pueblos originarios y comunidades redactaron una declaración en que se cuestiona duramente el acuerdo alcanzado por los partidos políticos para dar continuidad al proceso constituyente. Acusan que se vulnera "el derecho a la autodeterminación de los pueblos" y se contrapone "a la actual legislación nacional, por carecer de legitimidad". Por lo mismo, exconstituyentes plantean que impulsarán "todas las acciones judiciales que tengamos que hacer para defender los derechos de los pueblos originarios".


Les tomó días consensuar un texto en común, pero ayer en la noche finalmente se pudo. 18 representantes de 11 pueblos originarios presentaron una declaración de dos páginas en que se critica el acuerdo alcanzado por los partidos políticos con representación parlamentaria -a excepción de republicanos y el Partido de la Gente-, para dar continuidad al proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre.

En la redacción de la declaración y las reuniones previas a ella participaron los exconvencionales Isabel Godoy (representante del pueblo Colla), Eric Chinga (Diaguita), Natividad Llanquileo (Mapuche), Victorino Antilef (Mapuche) y Wilfredo Bacián (Quechua), quienes al interior de la Convención integraron el colectivo de la Coordinadora Plurinacional. A ellos se sumaron Claudio Valle (Chango), Luis Castro (Chango) y Ana María Muñoz (Comunidad Selk’nam Telkacher), entre otros dirigentes.

Al inicio, el texto señala que “ante los acuerdos tomados por la elite colonialista chilena que nuevamente impone su posición racista (...), manifestamos nuestro más profundo rechazo a esta vulneración de los derechos de pueblos originarios en el ‘Acuerdo por Chile’ que se pretende validar por la clase política representada en el Congreso”.

En particular, dicen no compartir la propuesta debido a que “vulnera el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se contrapone a la actual legislación nacional, por carecer de legitimidad. Con esto se estaría desconociendo tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, como es el convenio 169 de la OIT”.

Y no solo eso, sino que también acusan que el nuevo acuerdo alcanzado es inconstitucional, pues, en consideración de que la actual Constitución establece que la soberanía reside esencialmente en la nación y que su ejercicio se realiza a través de plebiscitos y elecciones, sostienen que “no se puede desconocer que ya hubo un proceso en que se plebiscitó la decisión soberana (…), cuyo resultado mayoritariamente optó por un órgano 100% electo con participación paritaria y de pueblos originarios”.

Consultada por La Tercera PM sobre la declaración, Godoy comentó que “este acuerdo va a en contra de lo que la gente decidió en el plebiscito (de entrada), donde se pide un órgano 100% electo (…). Esa fue la consulta ciudadana, una respuesta popular, masiva que dio en un plebiscito la gente y también los pueblos originarios”.

En el documento también afirman que “nos parece de extrema gravedad que sobre la elección del Consejo Constitucional, referido a las primeras naciones, se plantee una fórmula totalmente excluyente, que, por una parte, no consulta a los pueblos originarios y, por otra parte, en el número cinco de este acuerdo se aplicará una regla que dejaría fuera a los demás pueblos, dando solo la posibilidad de representación solo a uno o dos pueblos de los diez reconocidos en Chile”. Esto debido a que, según se desprende del proyecto de reforma constitucional, el número de escaños dependerá del total de votos de la circunscripción nacional indígena, en lugar de ser 17 como en el proceso anterior.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Godoy comentó que “este nuevo acuerdo nuevamente nos encasilla dentro de una nación, no se nos ha preguntado si queremos estar. Eso no quiere decir que nosotros queremos dejar de ser chilenos, no es nuestra intención. En mi caso, quiero seguir siendo colla-chilena (…), dentro del Estado de Chile, pero siendo considerados como pueblos y naciones originarias, ese siempre ha sido nuestro objetivo”.

No importa que no diga plurinacional, no es lo que buscamos nuevamente insistir e instalar, pero sí que no vengan ellos (los partidos) a tomar decidimos por nosotros, porque el punto cuatro del acuerdo dice que el Estado velara y respetara a los pueblos. Eso es paternalismo nuevamente”, agregó la exconvencional.

El texto cierra explicitando que “como pueblos naciones originarias de este territorio tomaremos las acciones que sean necesarias para defender nuestros derechos frente al Estado de Chile”. Sobre este punto, Godoy explicó que “vamos a hacer todas las acciones judiciales que tengamos que hacer para defender los derechos de los pueblos originarios. Aquí se esta vulnerando el espíritu del Convenio (169 de la OIT), que habla del respeto hacia de la decisión propia de los pueblos en torno al derecho a organizarse social, cultural y políticamente como naciones originarias”.

Pese a que no adhirió a la declaración, la expresidenta de la Convención, Elisa Loncon (Mapuche), tuvo críticas similares frente al acuerdo. En conversación con la Radio Universidad de Chile señaló que “el actual proceso constituyente es un retroceso político al siglo XIX en materia indígena. Ya resolvieron sin nosotros que Chile es una nación única y esa es una mentira histórica (...). Acá hubo naciones antes del Estado de Chile y esas naciones fueron objeto de genocidio, colonialismo (...)”.

En todo caso, no solo desde los pueblos originarios han evidenciado reparos frente al acuerdo. Hace unas semanas, María Elisa Quinteros, quien integró el colectivo Movimientos Sociales y también se desempeñó como presidenta de la Convención, dijo a la Radio Primavera de Talca que es “tremendo lo que ha ocurrido con este acuerdo. En nuestra forma de verlo, es una segunda cocina, dado que la primera, del 15 de noviembre, también tuvo hartas restricciones. Y esta, ahora, realmente deja afuera al pueblo. Invitamos a una reflexión de qué tan legítimo es este acuerdo (...). Claramente quedamos excluidas las personas comunas y corrientes de incidir en esto”.

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