Crisis en Perú: tres miradas sobre el futuro del país

La policía choca con los manifestantes durante una protesta para exigir la renuncia de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Cusco, el jueves. Foto: REUTERS.

Con más de 50 muertos, decenas de heridos y protestas constantes que terminaron este jueves por la noche con un incendio en el centro de Lima, la idea de que Perú vive en una constante crisis se ha agudizado al contrastarlo con datos: han tenido seis presidentes en seis años. Sin embargo, su economía se ha mantenido firme pese a los vaivenes políticos. Para esclarecer el presente y el futuro del país vecino, La Tercera entrevistó a tres expertos que intentan descifrar las razones de la situación actual, así como los efectos de una eventual renuncia de la Presidenta Dina Boluarte.


Augusto Álvarez Rodrich, economista y columnista

“El futuro menos malo es que Boluarte siga en la presidencia”

¿Por qué, pese a los vaivenes políticos, la economía peruana logra desacoplarse y se mantiene en buena forma?

La economía peruana ha demostrado una gran capacidad de resiliencia frente a la turbulencia política -seis presidentes en seis años- y ante un gobierno desastroso como el del expresidente Pedro Castillo, pero sí ha sufrido el efecto de una enorme perdida de oportunidades de inversión para las empresas, pues la incertidumbre política está postergando el lanzamiento de grandes inversiones. Al mismo tiempo, la minería es uno de los sectores más perjudicados por la elevada conflictividad que perjudica la actividad empresarial. En el caso de los ciudadanos, el efecto es mucho más negativo, ya que la turbulencia política está afectando el crecimiento potencial y la generación de empleo. Asimismo, la institucionalidad económica peruana, como el Banco Central de Reserva y la mayoría de los organismos de regulación, han logrado superar el daño actuando con solvencia. La economía mantiene un gran potencial, pero está perdiendo muchas oportunidades, para las personas y para las empresas.

¿Cuánto tiempo cree que le quede a la Presidenta Dina Boluarte en el poder? ¿O cree que termina su mandato?

Es difícil saberlo. La presidencia de Boluarte se está deteriorando mucho por las protestas, y está tratando de sobrevivir. La única manera como podría lograrlo es adelantando la elección aún más de la fecha de abril 2024 ya pactada.

Soldados se enfrentan a manifestantes antigubernamentales frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa. Foto: AP.

Con su eventual renuncia, ¿se estabilizará la situación política, o depende de otros factores?

No. La agenda de la protesta incluye no solo la renuncia de la Presidenta Boluarte sino, también, la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. En el momento actual, el menos malo de los escenarios futuros del Perú es que Boluarte siga en la presidencia, pero adelantando aún más la elección con el fin de tener nuevos presidente y Congreso antes de fines de 2023.

Luis Benavente, analista y director de Vox Populi

“Aparente y lamentablemente, no hay salida”

¿Considera que se ha normalizado el estado de crisis en la política peruana?

El año 1948, el general Odría dio un golpe militar en Perú, iniciando una dictadura que duró ocho años, el famoso Ochenio de Odría, y el poeta peruano Martín Adán dijo: “Perú ha vuelto a la normalidad”. La crisis institucional, la crisis política, es un signo de toda la República. Es una característica muy frecuente en buena parte de América Latina, pero creo que Perú está por encima de la media respecto a la región, especialmente en los últimos tiempos. No creo que esté normalizado, sino que simplemente sigue el estándar de crisis crónica y estructural.

¿Qué papel han jugado las manifestaciones? ¿En el pasado tuvieron la misma repercusión?

El papel de las manifestaciones es distinto a las del pasado. Antes tenían un interés político, por cierto, pero se movían dentro de cuadrantes claros. Actualmente, lo que hemos visto son actos delincuenciales y criminales, con tomas de aeropuertos, ataques a la autoridad y a la policía, incendio de locales públicos y privados -seleccionados estratégicamente-, sedes del Poder Judicial han sido incendiadas para que se quemen papeles criminales de la Fiscalía. En esos actos criminales, sucedidos después del 7 de diciembre, hay algunas características comunes. Uno es la distorsión que se ha dado en la prensa internacional, porque definitivamente el señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado inconstitucional y por eso está en la cárcel. Lo otro es la distorsión respecto a estos hechos. No son protestas pacíficas legítimas, son actos criminales donde concurren personajes ilícitos. Ahí hay intereses ilícitos que están detrás de todo esto. Imagine que en Estados Unidos ataquen un aeropuerto, en Francia, en Reino Unido. No lo permitirían de ninguna manera. Había una desproporción, había 20-30 policías y atacaban 2.000. Lamentablemente, hay un contexto de desinformación mundial contra el Perú en el cual muchos medios internacionales lamentablemente no están informando con veracidad.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un discurso emitido la noche del jueves junto a sus ministros, donde reafirmó que no dejaría la presidencia. Archivo.

¿Qué podría hacer la Presidenta Boluarte para mantenerse en el poder?

Para Boluarte es complicada la situación. No sé si se va a mantener en el poder o no. Hay diferencia con lo ocurrido en Chile, donde hubo sucesos más o menos parecidos, salvo que no había esos intereses fácticos e ilícitos que hay en Perú. En Chile había una búsqueda de igualdad, de equilibrio ante el mercado. Podría resumirse en la esperanza de una Constitución, y de alguna manera en Chile se podía negociar. El régimen proponía: pues nos dejan gobernar, frenan la violencia y les damos su Constitución. Piñera tenía un partido donde podía influir y negociar con otros actores de la política. La situación acá es diferente, porque no es solo la demanda de Constitución, también está la salida de Boluarte, la libertad para Castillo y la disolución del Congreso, y eso no lo puede hacer nadie. Esas cuatro cosas tienen sus propios conductos institucionales. Aparente y lamentablemente, no hay salida. Seguramente en el camino se va a encontrar alguna, no tengo duda porque tampoco esto va a ser un estado eterno, pero en ese contexto Dina tiene un reto. Ella tiene un respaldo político, curiosamente, de quienes eran oposición hasta el 7 de diciembre, y quienes eran oficialistas, hoy son oposición.

Cynthia Sanborn, politóloga y académica de la Universidad del Pacífico

“Es un mito que la economía y la política en el Perú corren por cuerdas separadas”

¿Se pueda hablar de una crisis permanente en Perú?

Creo que una crisis, por definición, no es algo permanente, sino se refiere a una situación de cambio excepcionalmente intensa. En Perú tenemos múltiples crisis que traslapan, pero que son producto también de herencias históricas de larga duración. Desde las reformas liberales de los 1990, hemos tenido una economía que crece, pero con un 70% de peruanos trabajando en la informalidad, sin derechos y beneficios laborales. La pandemia de Covid-19 exacerbó esta situación, con servicios sociales colapsados y una de las más altas tasas de mortalidad en el mundo. Las regiones del sur andino, con su enorme riqueza natural, reciben 53% de toda la inversión minera y producen 18% del PIB nacional, pero también tienen los más bajos índices de desarrollo humano y la extrema pobreza más alta. Esta situación, más estructural que coyuntural, genera tensiones permanentes. Pero en 2021 la indignación en el Sur aumentó, cuando opositores a Castillo trataron de anular cientos de miles de votos de estas comunidades, en un esfuerzo de frenar su llegada al poder. Al “patear el tablero” Castillo con su intento de autogolpe, y ser vacado por un Congreso repudiado por la mayoría de la población, efectivamente esta rabia contenida se convierte en la crisis que observamos hoy.

Humo y llamas se elevan desde un edificio durante la marcha 'Toma Lima' para manifestarse contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: REUTERS.

¿Cree que la Presidenta Dina Boluarte termine el período?

Siendo vicepresidenta, constitucionalmente le corresponde completar el período para lo cual ella y Castillo fueron elegidos, hasta 2026. Sin embargo, esto parece inaceptable a una mayoría de peruanos y, de hecho, las protestas hoy tienen como demanda inmediata su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones. Las últimas encuestas muestran que más del 70% de los peruanos desaprueban a Boluarte, aunque casi el 90% también rechazan al Congreso. Para adelantar elecciones, el Congreso debe votar en mayoría para modificar la Constitución. En la calle la demanda es para elecciones en 2023, mientras que una buena parte de los legisladores no quieren irse a sus casas. Si Boluarte renuncia, le tocaría al presidente del Congreso convocar elecciones inmediatamente, y mientras tanto liderar un gobierno de transición. Pero el actual presidente del Legislativo es una figura controversial, y no está claro si hay otro líder o lideresa que tenga mayor legitimidad en este momento.

¿Qué elementos permiten que, pese a los problemas políticos, el país siga adelante en términos económicos?

Primero, es un mito que la economía y la política en el Perú corren por cuerdas separadas y que uno “siga adelante” a pesar de la otra. Por cierto, nuestra economía se ha beneficiado de un Banco Central independiente, estabilidad fiscal, apertura al comercio y la inversión privada, y una fuerte demanda para nuestras exportaciones principales, especialmente minería y agricultura comercial. Somos similares a Chile en este aspecto. Pero nuestra economía no ha “seguido adelante” en cuanto a poder atender las necesidades básicas de la población, en salud, educación e infraestructura. Los constantes cambios de liderazgo político han hecho imposible implementar planes e inversiones de largo plazo. Nuestros débiles gobiernos han permitido que un sector enorme y creciente de la economía crecer en la ilegalidad, incluyendo el narcotráfico y la minería ilegal, mientras organizaciones criminales utilizan su poder financiero para corromper funcionarios públicos e influir en las agencias políticas.

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