Las grandes empresas tecnológicas podrían enfrentarse a millonarias multan si no firman acuerdos de contenido con los medios de comunicación australianos, según una nueva iniciativa propuesta por el oficialista Partido Laborista de ese país.

El gobierno del primer ministro Anthony Albanese publicó este jueves un documento de consulta sobre el plan llamado Incentivo para la Negociación de Noticias, que -indicó- garantiza que las grandes plataformas digitales contribuyan a la sostenibilidad de las noticias y el periodismo en Australia.

El plan refuerza el Código de Negociación Obligatoria para Medios de Comunicación y Plataformas Digitales que fue introducido en 2021. También complementa el Programa de Asistencia a los Medios de Comunicación (News MAP), que apoya el periodismo de interés público, especialmente a nivel regional y local, señaló un comunicado del Departamento del Tesoro australiano.

“Este incentivo no tiene como objetivo recaudar ingresos para el gobierno. En cambio, fomenta los acuerdos comerciales entre las principales plataformas digitales y los medios de noticias mediante una generosa deducción para los acuerdos que cumplan los requisitos”, añadió.

El nuevo plan está diseñado para ayudar a los medios de comunicación a obtener financiamiento incluso de plataformas digitales que optan por no publicar noticias, y para ayudar a las pequeñas empresas de medios que dependen en gran medida de los gigantes tecnológicos para distribuir su contenido.

Establece un cargo del 2,25% sobre los ingresos de las plataformas digitales con facturación anual superior a 250 millones de dólares australianos (US$ 164 millones), como Google, Meta y TikTok (posiblemente también Apple News y LinkedIn).

Las empresas podrán evitar o reducir ese cargo si llegan a acuerdos comerciales con los medios. Así, por cada dólar que paguen a los medios podrán deducir 1,50 dólares en impuestos, hasta eliminar el cargo por completo. Los convenios serán deducibles de impuestos, mientras que el cargo del 2,25% no lo será.

El nuevo documento de debate indica que las plataformas tecnológicas deberán pagar un porcentaje de sus ingresos totales generados en Australia, o solo de los ingresos por publicidad digital, si se niegan a firmar acuerdos de contenido. Las sanciones se aplicarán a nivel de grupo, no a las marcas subsidiarias más pequeñas pertenecientes a empresas más grandes.

Un análisis preliminar sugiere que el valor de los acuerdos vigentes con las editoriales equivale aproximadamente al 1,5% de los ingresos generados en Australia por las plataformas correspondientes. Las nuevas sanciones podrían alcanzar el 2,25% de los ingresos, con el fin de incentivar la firma de acuerdos conforme al código actual. Algunos gastos admisibles podrían utilizarse para reducir el importe de las sanciones según el nuevo sistema de incentivos propuesto.

Las empresas deberán autoevaluar sus responsabilidades conforme a la normativa, pero la legislación se basará en definiciones comunes de redes sociales y búsquedas.

Por ejemplo, Meta podría optar pagar directamente el cargo estimado en 112 millones de dólares, que el gobierno distribuiría entre los medios, o bien cerrar acuerdos directos por unos 75 millones más el bono del 50%, lo que le permitiría compensar totalmente la carga impositiva.

Anunciado por primera vez en diciembre de 2024, la fecha de inicio del plan aún no se ha decidido. El gobierno australiano realizará consultas sobre los planes de incentivos hasta el 19 de diciembre, antes de adoptar una postura definitiva en algún momento de 2026.

La disminución de los ingresos publicitarios ha perjudicado a los principales operadores de medios, entre los que se incluyen gigantes como News Corp, Nine y Seven West Media, con despidos de personal y recortes de costos, incluso cuando los actores digitales, incluidas las empresas matrices de Google y Facebook, obtuvieron cientos de millones en ganancias.

Meta, propietaria de plataformas como Facebook e Instagram, se ha negado a firmar nuevos acuerdos bajo el código vigente, mientras que Google ha renovado voluntariamente algunos de sus acuerdos con empresas editoriales, aunque a precios reducidos.

Las empresas tecnológicas pueden evitar los acuerdos existentes retirando por completo el contenido informativo de sus plataformas, una medida adoptada por Meta en Canadá en 2023, indicó el diario The Guardian.

El presidente ejecutivo de News Corp Australasia, Michael Miller, dijo que “la importancia del incentivo para la negociación de noticias no ha hecho más que aumentar desde que se anunció hace casi un año, en lo que respecta a cómo funcionamos con éxito como nación”.

“Esta es la señal más clara hasta ahora de que el gobierno continuará su buena labor de defender a las comunidades locales australianas, reivindicando la importancia perdurable de los medios de comunicación en la configuración de nuestras historias nacionales, nuestra identidad y, en última instancia, nuestra forma de vida democrática”, añadió.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer costosos aranceles comerciales a los países que, a su juicio, trataban injustamente a las empresas norteamericanas. De hecho, su multimillonario exasesor Elon Musk es propietario de la plataforma X.

Pero la prensa señaló que el Partido Laborista sigue adelante con las nuevas sanciones tras la exitosa reunión de Anthony Albanese en la Casa Blanca el mes pasado.

Rod Sims, expresidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, ha respaldado los planes del Partido Laborista para el nuevo sistema de sanciones, argumentando que Google y Facebook se benefician del contenido original producido por los medios de comunicación australianos y que no apoyar el periodismo permitirá que prosperen fuentes de información de baja calidad.

Sims ya había estimado que los acuerdos comerciales firmados bajo ese código tenían un valor de hasta mil millones de dólares en cuatro años.

Bruselas versus Google

Por otro lado, la Comisión Europea investiga a Google al haber encontrado indicios de que perjudica en sus resultados el contenido patrocinado de los medios de comunicación y abrió un caso para comprobar si la filial de Alphabet está incumpliendo la Ley de Mercados Digitales (DMA).

El contenido patrocinado es, para la comisión, “una forma común y legítima que tienen los medios de lograr ingresos por sus páginas web y contenidos”. En cambio, en el “trabajo de supervisión, la comisión ha encontrado indicios de que Google perjudica las páginas web y contenidos de los medios de comunicación en los resultados de búsqueda cuando estos sitios web incluyen contenidos patrocinados”. Concretamente, lo que hace el buscador, explicaron al diario El País fuentes del Ejecutivo de la UE, es identificarlos como spam, lo que puede llevar incluso a que no aparezcan en el listado de búsqueda que arroja Google Search.

Según el comunicado, la política de Google parece afectar directamente una forma común y legítima en que los editores monetizan sus sitios web y su contenido.

“Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los medios de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda”, declaró Teresa Ribera, comisaria europea de Competencia, en un comunicado.

“Investigaremos para garantizar que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria, y para garantizar que Google cumpla con la Ley de Mercados Digitales (DMA)”, dijo.

Google se opuso a la autoridad de competencia de la UE, argumentando que la medida europea podría degradar la calidad de los resultados de búsqueda.

“La investigación anunciada hoy sobre nuestros esfuerzos contra el spam es errónea y corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios europeos”, escribió Pandu Nayak, científico jefe de Google Search, en una entrada de blog.

“Y la investigación carece de fundamento: un tribunal alemán ya desestimó una demanda similar, dictaminando que nuestra política anti-spam era válida, razonable y se aplicó de manera consistente”, afirmó.

Dijo que la política anti-spam de Google ayuda a nivelar el campo de juego para impedir que los sitios web utilicen tácticas engañosas para superar en posicionamiento a los sitios web que compiten por méritos propios con su contenido.

En abril, la empresa de medios alemana ActMeraki presentó una queja ante la comisión, alegando que la política de spam de Google penaliza a los sitios web.