Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, que investiga el caso Plus Ultra, reveló que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró entre 2024 y 2025 200.000 euros por influir en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano.

Esta compañía tenía problemas con la justicia de Bolivia, cuya filial cementera SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cementos S.A) había sido condenada a pagar 107 millones de dólares a favor de la cementera estatal, FANCESA.

Zapatero, sostuvo la policía, participó en una “dinámica de intermediación e influencias” con autoridades de Bolivia orientada a “beneficiar los intereses” del grupo empresarial peruano Gloria, “mediando una contraprestación económica de 200.000 euros” de la sociedad peruana Focus Social Research.

Los agentes creen que Zapatero cobró de manera oculta por labores de consultoría a través de una empresa interpuesta (Focus Social Research) lo que, en realidad, fue la intermediación para que el grupo peruano no pagara esa multa de 107 millones de dólares a la que había sido condenado.

Esto se habría hecho mediante la simulación de “servicios de asesoría no prestados” para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una “sociedad interpuesta”.

La UDEF dio por “acreditado” que Zapatero “realizó gestiones” para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia, y el ministro de Justicia boliviano, según indicó el informe al que tuvo acceso la agencia EFE.

Fuentes del entorno del expresidente aseguraron al diario El País, sin embargo, que se trató de una consultoría legal y que sería “inaceptable” una investigación “prospectiva” de la tarea profesional histórica de Zapatero.

Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, basándose en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados “no guardan relación” con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como “sociedad interpuesta”.

Reuniones de alto nivel

En el documento, al que accedió el diario El País, los investigadores dieron cuenta al juez José Luis Calama de nuevos hallazgos encontrados en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y en la agenda del expresidente que fue incautada en el registro a su oficina. De su examen, la UDEF detalla reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, como el propio presidente, Luis Alberto Arce (2020-2025), los ministros de Economía y Justicia, Marcelo Montenegro y César Adalid, respectivamente, o el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Según se desprendió cronológicamente del informe, Gertrudis Alcázar -secretaria del expresidente y a quien la Policía otorgó un “papel relevante”- agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.

Las gestiones llevadas a cabo por Zapatero ocurrieron después de que el Estado boliviano ejecutase una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al grupo Gloria, tras lo que éste solicitó la asesoría del expresidente a cambio de 200.000 euros y una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.

La UDEF atribuye a Carmen Almendras, quien fuera embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, el papel de “intermediaria” entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del grupo Gloria.

Los investigadores recopilaron toda esta información tras hacer un “primer análisis” de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo en el marco del conocido como caso Plus Ultra.

El nuevo informe, que los investigadores ya han remitido al juez del caso, atribuye al exsecretario general socialista otra presunta línea de influencias distinta a la que, según el magistrado, habría ejercido en favor de la aerolínea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.

“Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”, indicó la UDEF.