El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este jueves la imposición de aranceles a 60 países por parte de Estados Unidos, acusando a la Administración de Donald Trump de manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores.

Esto ante la justificación dada por Washington, a escasas horas de que expire el arancel global temporal del 10% previamente impuesto, de castigar a aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado.

“Ante la falta de una base legal interna que respalde su política comercial proteccionista, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) -Jamieson Greer- ha optado por manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores en todo el mundo, acusando a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales”, declaró en redes sociales el mandatario brasileño.

Lula manifestó que su administración “rechaza la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 12,5% a productos brasileños”, afirmando que “durante toda la investigación (del USTR sobre Brasil) el Ministerio de Trabajo proporcionó explicaciones y amplia documentación sobre la legislación brasileña y las acciones de nuestras autoridades aduaneras para frenar las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso”.

“Hemos tipificado como delitos no solo la sometimiento al trabajo forzoso, sino también las jornadas laborales extenuantes, las condiciones de trabajo degradantes y las restricciones a la libertad de movimiento. Exigimos responsabilidades a empresas e individuos, aplicando multas severas, y mantenemos una ‘Lista Negra’ de empleadores”, remarcó sobre las medidas tomadas desde Brasília en este ámbito.

Además, destacó que “Brasil ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su firme compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso”, recordando que “Brasil ha ratificado los cuatro instrumentos de la OIT relacionados con el trabajo forzoso”, mientras que “Estados Unidos sólo ha ratificado uno”.

“Somos signatarios de 66 convenios de la OIT vigentes. Mientras tanto, Estados Unidos, que se arroga el derecho de juzgarnos e imponernos sanciones, solo ha ratificado 10 de estos convenios”, argumentó el jefe del Planalto.

Inmediatamente apuntó que “los acuerdos de libre comercio suscritos por Brasil y el Mercosur, incluyendo los firmados con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, contienen compromisos para eliminar el trabajo forzoso y obligatorio y para hacer cumplir eficazmente estas prohibiciones”.

Por ello, “dada la naturaleza completamente arbitraria e injustificada de los aranceles anunciados contra Brasil, iniciaremos de inmediato los procedimientos para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y llevaremos el asunto al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

La reacción de Lula llega después de que la Administración Trump anunciara la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, aunque viene a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por la Casa Blanca durante 150 días, que expiraba esta medianoche en EE.UU.

En el caso de Brasil, los gobiernos de Trump y Lula ya protagonizaron la semana pasada un cruce de acusaciones después de que Greer, el representante de Comercio estadounidense, anunciara la imposición de un arancel del 25% a “la mayoría” de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de “buena fe” de Brasilia a la hora de negociar con Washington.

En esa ocasión, uno de los principales motivos esgrimidos por EE.UU. era la protección de las autoridades brasileñas del servicio de pagos electrónicos Pix, impulsado por el Banco de Brasil, que según la Casa Blanca “ha perjudicado injustamente” a proveedores estadounidenses.

También incluía críticas por “castigar a empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político”, en alusión velada a la multa impuesta a la red social X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, tras no cumplir la orden de eliminar perfiles de personas investigadas por publicar mensajes considerados antidemocráticos.