En Corea del Norte, ver televisión extranjera puede costar la vida… literalmente. Así lo revela un reciente informe de Oficina de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que denuncia el dramático aumento de la extrema represión en ese hermético país, donde ver o compartir películas y series de televisión foráneas –incluidos populares dramas surcoreanos- es castigado con la pena de muerte, ya que tales actos son considerados amenazas para la seguridad nacional y la dinastía Kim.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU encontró que durante la última década el Estado norcoreano había reforzado el control sobre “todos los aspectos de la vida de los ciudadanos”.

El documento, de 16 páginas y basado en entrevistas con 314 testimonios y víctimas que han huido del país desde 2014, alerta que la situación de los derechos humanos “ha retrocedido significativamente” y constata que “ninguna otra población está bajo estas restricciones en el mundo actual”, añadiendo que la vigilancia se ha vuelto “más generalizada”, ayudada en parte por los avances tecnológicos.

El informe señala, además, que la pena de muerte está hoy más ampliamente aceptada por la legislación norcoreana y aplicada de manera más frecuente en la práctica cotidiana.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que si esta situación continúa, los norcoreanos “se verán sometidos a más sufrimiento, represión brutal y miedo que han endurecido durante tanto tiempo”.

Desde 2015, se han promulgado al menos seis nuevas leyes que permiten la imposición de la pena capital. Un delito que ahora puede castigarse con la muerte es ver y compartir contenido mediático extranjero, como películas y series de televisión, ya que Kim Jong-un trabaja con éxito para limitar el acceso de la gente a la información.

Los fugitivos declararon a los investigadores de la ONU que, desde 2020, se han producido más ejecuciones por distribuir contenido extranjero. Describieron cómo estas ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotones de fusilamiento en público para infundir miedo en la gente y disuadirla de infringir la ley.

Kang Gyuri, quien escapó en 2023, declaró a la BBC que tres de sus amigos fueron ejecutados tras ser sorprendidos con contenido surcoreano.

Kang estuvo presente en el juicio de un amigo de 23 años que fue condenado a muerte.

“Lo juzgaron junto con narcotraficantes. Ahora estos delitos reciben el mismo trato”, declaró, añadiendo que desde 2020 la gente sentía más miedo.

El informe de la ONU afirma que “en los últimos 10 años el gobierno ha ejercido un control casi total sobre las personas, impidiéndoles tomar sus propias decisiones”, ya sean económicas, sociales o políticas. El reporte añade que las mejoras en la tecnología de vigilancia han contribuido a que esto sea posible.

Una persona que escapó declaró a los investigadores que estas medidas represivas del gobierno tenían como objetivo “bloquear los ojos y los oídos de la gente”.

“Es una forma de control destinada a eliminar incluso las más mínimas expresiones de insatisfacción o queja”, afirmó, hablando de forma anónima.

El informe señala que cada persona también está obligada a participar en sesiones semanales de autocrítica que “tienen como principal objetivo la vigilancia colectiva y el adoctrinamiento”.

“El disfrute de la libertad de expresión y el acceso a la información han retrocedido significativamente, con la implementación de nuevos castigos severos, incluida la pena de muerte, para una variedad de actos que incluyen compartir medios extranjeros”, dijo la ONU.

Se cree que la represión del acceso a información extranjera se intensificó a partir de 2018 y se endureció aún más desde 2020, según la ONU, y el gobierno ha celebrado juicios públicos y ejecuciones “para infundir miedo en la población y como medida disuasoria”.

Un grupo de trabajo del gobierno ha llevado a cabo cada vez con mayor frecuencia inspecciones de computadoras, radios y televisores y registros domiciliarios sin previo aviso ni orden judicial, alegando la necesidad de frenar el comportamiento “antisocialista” y proteger la seguridad nacional, señala el informe, consigna NBC News.

El público prácticamente no tiene acceso a internet, según el informe, y añade que el gobierno opera una intranet nacional estrictamente controlada, utilizada principalmente por instituciones de investigación y funcionarios gubernamentales.

El informe de la ONU detalla que las nuevas leyes penalizan el acceso a información extranjera no autorizada y prohíben el consumo o la difusión de información (a través, por ejemplo, de publicaciones, música y películas) procedente de países “hostiles”, así como el uso de expresiones lingüísticas que no se ajusten a la ideología y la cultura socialistas prescritas.

En una sesión informativa en Ginebra, James Heenan, jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU para Corea del Norte, declaró que el número de ejecuciones -tanto por delitos comunes como políticos- aumentó desde las restricciones de la era del Covid. Agregó que un número indeterminado de personas ya ha sido ejecutado en virtud de las nuevas leyes por distribuir series de televisión extranjeras, incluidos los populares K-dramas surcoreanos.

“En virtud de las leyes, políticas y prácticas introducidas desde 2015, los ciudadanos han sido sometidos a una mayor vigilancia y control en todos los aspectos de la vida”, concluye el informe.