El arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una sorprendente operación militar la madrugada del sábado en Venezuela y su posterior llegada a una famosa prisión en Brooklyn, prepara el escenario para los fiscales estadounidenses que buscan asegurar una condena en un tribunal de Manhattan contra el exlíder de Venezuela.

Una acusación formal recién revelada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dada a conocer el sábado, acusa al capturado presidente venezolano de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una extensa operación de narcotráfico que inundó a Estados Unidos con miles de toneladas de cocaína.

El hasta ahora presidente venezolano, quien comparecerá este lunes ante una corte de Nueva York, fue imputado por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada en su contra en un tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación fue presentada bajo reserva en el distrito sur de Nueva York poco antes de Navidad.

El texto se centra casi exclusivamente en el papel de Venezuela durante décadas en el tráfico de cocaína. Acusa a Maduro y a sus cómplices de colaborar estrechamente con algunos de los grupos narcotraficantes más grandes de la región, tanto en Colombia como en México. Entre ellos se incluyen grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cártel de Sinaloa, también designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

En este sentido, la acusación formal también imputa a la esposa de Maduro, a su hijo, a dos altos funcionarios venezolanos y a un presunto líder del Tren de Aragua, una banda que la administración Trump designó como organización terrorista el año pasado. El presidente Trump ha afirmado que el Tren de Aragua opera en connivencia con el gobierno de Maduro, una conclusión que las agencias de inteligencia estadounidenses han contradicho.

En este sentido, el diario The Guardian indica en un artículo que uno de los cinco coacusados de Maduro es el presunto fundador de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, quien fue acusado por separado hace dos semanas. Aunque la acusación no alega que Maduro haya conocido a Guerrero Flores, refuerza el argumento ante los tribunales de lo que, según los críticos, son las acusaciones exageradas e infundadas de Donald Trump.

Un detective de la policía local que ha investigado al Tren de Aragua dijo, citado por The Guardian, que la pandilla probablemente era la más brutal que había conocido, pero dijo que, basándose en los miembros de la pandilla que había interrogado, no habían recibido órdenes del gobierno venezolano ni siquiera de sus propios líderes de venir a los EE.UU.

Los expertos han dicho que Venezuela no es un gran productor de drogas y lo han descrito como un país de tránsito menor de cocaína, y que la mayor parte de la cocaína que fluye a través de Venezuela se dirige a Europa, no a Estados Unidos. Se cree que la mayor parte de la cocaína con destino a Estados Unidos no se mueve por el Caribe, sino por el Pacífico, según datos de Colombia, Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Si bien la acusación indica que Venezuela transportaba entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína al año alrededor de 2020, esto representa solo entre el 10% y el 13% del tráfico mundial de cocaína. Otros países desempeñan un papel mucho mayor. En 2018, 1.400 toneladas métricas pasaron por Guatemala, según datos estadounidenses.

Por otro lado, el diario The New York Times señaló que hay pruebas de que Maduro se ha beneficiado del narcotráfico para mantenerse en el poder. Tanto la acusación como los peritos afirman que también utilizó las ganancias del narcotráfico para ganarse la lealtad de militares y líderes de su partido.

“Este ciclo de corrupción basada en el narcotráfico llena los bolsillos de funcionarios venezolanos y de sus familias, al tiempo que también beneficia a narcoterroristas violentos que operan con impunidad en territorio venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”, señala la acusación formal.

El rol de la esposa y el sobrino

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. En un acuerdo corrupto, el narcotraficante aceptó luego pagar un soborno mensual al director de la oficina antidrogas, así como unos 100.000 dólares por cada vuelo cargado de cocaína “para garantizar el paso seguro del vuelo”. Parte de ese dinero le llegó a la esposa de Maduro, según la acusación.

Los sobrinos de la esposa de Maduro fueron escuchados durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales del gobierno estadounidense en 2015, aceptando enviar “cargamentos de cocaína de varios cientos de kilogramos” desde el “hangar presidencial” de Maduro en un aeropuerto venezolano.

Durante las reuniones grabadas, los sobrinos explicaron “que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos”, según la acusación. Ambos fueron condenados en 2017 a 18 años de prisión por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, antes de ser liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de siete estadounidenses encarcelados.

La campaña de presión comenzó en septiembre con ataques letales de las fuerzas estadounidenses contra pequeñas embarcaciones que, según la administración Trump, transportaban drogas desde Venezuela a Estados Unidos. La administración justificó los ataques alegando que Estados Unidos estaba en conflicto armado con los cárteles de la droga y prometió destruir las redes de narcotráfico. Muchos expertos afirman que estos ataques son ilegales.

El presidente Trump ha afirmado que la campaña apunta a las drogas que matan a los estadounidenses, pero la mayoría de las sobredosis en Estados Unidos involucran fentanilo, que no proviene de América del Sur, dicen los expertos.

El caso de Juan Orlando Hernández

El diario The New York Times señaló que solo dos hombres han sido acusados en Manhattan de corromper a sus gobiernos, utilizando el poder estatal para importar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos: Maduro y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Hernández fue acusado en 2022 de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y de usar ametralladoras como parte de dicha conspiración. Los cargos presentados contra Maduro el sábado también incluyen conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras. La combinación de los cargos de tráfico y posesión de armas agrava las posibles penas en estos procesos.

La diferencia es que este último fue indultado en diciembre porque, a su juicio, se encontraba en el centro de lo que las autoridades habían caracterizado como “una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

Los casos de Hernández y Maduro comenzaron como investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) alrededor de 2010, fueron investigados por la misma unidad de la DEA y fueron manejados por la misma unidad de investigación en el distrito sur.

El periódico explica que cada proceso judicial fue dirigido en diversas etapas por Emil Bove III, quien eventualmente llegó a dirigir la unidad de terrorismo y narcóticos internacionales de la Fiscalía. Tras dejar la Fiscalía, Bove se convirtió en abogado defensor penal de Trump y posteriormente en un alto funcionario del Departamento de Justicia. Actualmente es juez del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito.

Las similitudes fácticas en los casos son sorprendentes. No se trata solo de que los cargos se parezcan; la Fiscalía también acusó a ambos hombres de supervisar estaciones de paso clave en el mismo comercio hemisférico.

“En conjunto, las acusaciones ofrecen una visión panorámica de la cadena de suministro que durante años ha llevado cocaína procesada desde Colombia y Venezuela a puntos de envío en Honduras y, en última instancia, a Estados Unidos”, indicó el diario.