El gobierno estadounidense anunció este miércoles que aplicaría la Ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes, utilizada para castigar a los extranjeros. La decisión surge tras la escalada de la crisis entre el presidente Donald Trump y el gobierno y el poder judicial brasileños.

La legislación aborda graves violaciones de derechos humanos. La medida se publicó en el sitio web del Tesoro de EE.UU., donde se menciona la inclusión del ministro bajo una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mencionó directamente la presunta cacería de brujas de Moraes contra el expresidente Jair Bolsonaro. “Alexandre de Moraes ha asumido el papel de juez y parte en una cacería de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil”, declaró Bessent.

“Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales con motivaciones políticas, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”, declaró el secretario en un comunicado.

El 18 de julio pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de las visas estadounidenses para los jueces del STF y sus familiares, mencionando a Moraes por su nombre. Para justificar la medida, el jefe de la diplomacia estadounidense citó el caso en curso en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye el nombre de Moraes y datos personales como su fecha de nacimiento y datos de su pasaporte e identificación. La legislación prevé una serie de sanciones que, en la práctica, trascienden las fronteras de Estados Unidos y pueden imponerse sin necesidad de una condena judicial. En rigor, basta con un acto administrativo del gobierno estadounidense, que puede o no estar respaldado por informes de autoridades y organizaciones internacionales, destaca el diario O Globo.

La principal sanción prevista por la ley, conocida como la “pena de muerte financiera”, es la congelación de activos de personas u organizaciones ubicadas en Estados Unidos. Esto incluye, por ejemplo, cuentas bancarias e inversiones financieras, así como bienes inmuebles. Los sancionados también tienen prohibido realizar transacciones que pasen por el sistema bancario estadounidense. En la práctica, esto conlleva la congelación de activos dolarizados incluso fuera de la jurisdicción estadounidense, así como el bloqueo de tarjetas de crédito internacionales de empresas con sede en Estados Unidos, detalla el periódico brasileño.

El castigo se produce después de que el diputado Eduardo Bolsonaro y aliados realizaron un viaje a Washington en busca de sanciones contra el ministro del STF, asegura el diario Folha de Sao Paulo. El congresista y los críticos de Moraes en EE.UU., como el excomentarista político Paulo Figueiredo, han compartido con las autoridades estadounidenses el argumento de que el juez de la Corte Suprema es responsable de censurar a residentes y empresas del país y cometer violaciones de derechos humanos, señala el medio.

Promulgada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama en 2012, la ley se creó originalmente para castigar a los responsables del asesinato del abogado y activista ruso Sergei Magnitsky, opositor de Vladimir Putin, asesinado en una prisión de Moscú en 2009. En 2016 se amplió su alcance para permitir al gobierno estadounidense sancionar a personas de todo el mundo que hayan violado los derechos humanos o estén acusadas de corrupción. Sin embargo, no se requiere una condena oficial para que se apliquen las sanciones. La ley también incluye la prohibición de entrada a Estados Unidos y la prohibición de hacer negocios con empresas y ciudadanos estadounidenses.