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YouTube y su millonario pago a Trump: el historial de demandas del presidente contra plataformas y medios de comunicación

El servicio de streaming de video acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el mandatario estadounidense por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Donald Trump durante un mitin de campaña en Michigan, en octubre de 2020. Foto: Archivo

YouTube, propiedad de Alphabet, acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el presidente Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto del el 6 de enero de 2021al Capitolio de Estados Unidos, protagonizado por seguidores del republicano, según un expediente legal presentado el lunes.

El acuerdo se dio a conocer una semana antes de una audiencia programada para el 6 de octubre ante la jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez-Rogers en Oakland para discutir el caso.

El trato estipula que 22 millones de dólares se destinarán a la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Este acuerdo se suma a acuerdos multimillonarios similares con Meta y X.

La gran mayoría del pago del acuerdo de YouTube (22 millones de dólares) se destinará a Trump, según la presentación ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. El mandatario ha ordenado que el dinero se destine al Fondo para el National Mall y a la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

Trump ha promocionado que la ampliación tendrá espacio para 900 personas, y la Casa Blanca ha dicho que su construcción podría costar 200 millones de dólares.

Los 2,5 millones de dólares restantes se distribuirán entre otros demandantes en el caso, entre ellos la Unión Conservadora Americana y la escritora Naomi Wolf, quien fue suspendida de múltiples plataformas de redes sociales por compartir teorías infundadas sobre las vacunas contra el Covid-19.

El pago se produce días después de que YouTube anunciara la reactivación de cuentas que habían sido suspendidas permanentemente por difundir información falsa sobre el Covid-19 y las elecciones, la última flexibilización de las normas sobre desinformación en redes sociales desde que Trump asumió el cargo.

Algunas de las cuentas expulsadas de YouTube por estas infracciones incluyen las del exasesor de Trump, Steve Bannon; Robert F. Kennedy Jr., quien ahora dirige el Departamento de Salud y Servicios Humanos; y el podcaster de derecha Dan Bongino, quien ahora es el subdirector del FBI.

El servicio de streaming de video suspendió la cuenta de Trump el 12 de enero de 2021 y la restableció el 17 de marzo de 2023, varios meses después del lanzamiento de su campaña presidencial de 2024.

“Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo real, sopesándolo con la importancia de preservar la oportunidad para que los votantes escuchen en igualdad de condiciones a los principales candidatos nacionales durante el período previo a las elecciones”, declaró entonces la vicepresidenta de políticas públicas de YouTube, Leslie Miller.

Según Radio Pública Nacional (NPR), desembolsar decenas de millones de dólares para resolver las demandas de Trump que alegan censura es un sorprendente cambio de postura para Silicon Valley, que durante años defendió el derecho a vigilar sus propias plataformas de redes sociales.

Las protecciones legales, incluida una ley federal conocida como Sección 230, brindan a las plataformas tecnológicas una amplia libertad para tomar sus propias decisiones de moderación de contenido sin ser consideradas responsables de esas acciones, por más controvertidas que sean.

Eric Goldman, profesor de derecho de la Universidad de Santa Clara y experto en libertad de expresión en línea, dijo a NPR que si no fuera por “un intento de congraciarse con el presidente”, no hay “absolutamente ninguna razón para creer que Trump hubiera llegado a alguna parte con estas demandas”.

Trump había demandado a Alphabet, la empresa matriz de YouTube y Google, y a otras empresas de redes sociales después de que las plataformas suspendieran sus cuentas en 2021.

El acuerdo sigue a acuerdos similares alcanzados a principios de este año con las plataformas sociales Meta y X, que también suspendieron o bloquearon las cuentas de Trump tras los ataques del 6 de enero de 2021, afirmando haber infringido las normas de contenido.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, resolvió en enero una demanda similar interpuesta por Trump, acordando pagar 25 millones de dólares.

X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk y anteriormente conocida como Twitter, acordó en febrero pagar unos 10 millones de dólares para resolver una disputa sobre la suspensión de la cuenta de Trump en 2021.

X restableció la cuenta de Trump poco después de que Musk adquiriera la empresa en 2022, mientras que YouTube restauró su canal en 2023.

Expertos en libertad de expresión han afirmado que las tres demandas interpuestas por Trump no plantearon argumentos legales creíbles, ya que las protecciones de la Primera Enmienda suelen aplicarse a funcionarios gubernamentales, no a empresas privadas, que censuran la libertad de expresión. Sin embargo, la industria tecnológica se ha alineado, una a una, para hacer públicos sus acuerdos de ocho dígitos y así concluir el litigio, consigna NPR.

“Esto es un claro tráfico de influencias”, declaró Goldman. “Este acuerdo con YouTube no tiene ningún fundamento legal”, agregó.

Acciones contra diarios y cadenas de TV

Pero las plataformas no han sido el único blanco de acciones judiciales por parte de Trump. El mandatario suma otras demandas contra varios medios de comunicación en Estados Unidos. El 19 de septiembre pasado, un juez federal de Florida desestimó una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares que el inquilino de la Casa Blanca presentó contra el diario The New York Times. El juez de distrito estadounidense Steven Merryday dictaminó que la demanda del republicano era excesivamente larga y estaba llena de lenguaje tedioso y engorroso que no tenía relación con el caso legal.

“Una queja no es un megáfono para las relaciones públicas ni un podio para un discurso apasionado en un mitin político”, escribió Merryday en la orden. “Esta acción comenzará, continuará y finalizará de acuerdo con las reglas de procedimiento y de manera profesional y digna”.

El juez dictaminó que Trump tiene 28 días para presentar una queja enmendada que no debe exceder las 40 páginas.

La demanda se dirigió a cuatro periodistas del periódico, un libro y tres artículos publicados en un período de dos meses antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El libro y un artículo escritos por los reporteros del Times Russ Buettner y Susanne Craig se centraron en las finanzas de Trump y su papel protagónico en la serie de televisión “El Aprendiz” antes de su presidencia.

Trump también citó un artículo de Peter Baker del 20 de octubre, titulado “Para Trump, una vida de escándalos se encamina hacia el momento del juicio”, y un artículo de Michael S. Schmidt, publicado dos días después, que incluía una entrevista con John Kelly, jefe de gabinete del primer mandato de Trump, titulado “A medida que se acercan las elecciones, Kelly advierte que Trump gobernaría como un dictador”.

Según The Associated Press, el Times ha calificado la demanda de infundada y de intento de desalentar la información independiente.

El 18 de julio, Trump presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch, cuya empresa News Corp es propietaria del periódico. La demanda se produjo un día después de que el Journal publicara un artículo sobre sus vínculos con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, quien falleció en agosto de 2019 mientras se encontraba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en espera de juicio por tráfico sexual.

El artículo describía una carta sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y que estaba incluida en un álbum de 2003 compilado para el 50º cumpleaños de Epstein.

El Departamento de Justicia había solicitado previamente a un tribunal federal que hiciera públicas las transcripciones del gran jurado en el caso de tráfico sexual de Epstein. La administración Trump había anunciado que no haría públicos más archivos del caso.

Poco antes, el 2 de julio pasado, Paramount Global decidió pagarle a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con la edición de una entrevista de “60 Minutes” de CBS con la entonces vicepresidenta Kamala Harris en octubre de 2024. En ese momento, Harris era la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Los abogados de Trump argumentaron que sufrió “angustia mental” tras la entrevista, que habría sido “editado engañosamente”, y presentaron una demanda por 20.000 millones de dólares. La compañía esperaba zanjar el asunto mientras buscaba la aprobación de la administración republicana para una fusión con Skydance Media. Paramount, propietaria de CBS, afirmó que el dinero se destinaría a la futura biblioteca presidencial de Trump y a pagar sus honorarios legales.

En tanto, en diciembre de 2024, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump como parte de un acuerdo extrajudicial en una demanda por difamación por la afirmación inexacta del presentador George Stephanopoulos, durante una entrevista con la representante Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, de que el presidente electo había sido declarado civilmente responsable de la violación de la escritora E. Jean Carroll. La cadena también acordó pagar un millón de dólares en honorarios legales.

El acuerdo extrajudicial describió el pago de ABC a la biblioteca presidencial como una “contribución caritativa”, según detalla The Associated Press.

Trump demandó a ABC y a Stephanopoulos en un tribunal federal de Miami en marzo de 2024 después de que la emisora transmitiera el segmento en el que Stephanopoulos tergiversó repetidamente los veredictos en las dos demandas de Carroll contra Trump. Ninguno de los veredictos implicó una constatación de violación según la definición de la ley de Nueva York.

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