Este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente entregó detalles de las diligencias realizadas en la Municipalidad de Peñalolén, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco durante la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao.

Durante la jornada, cerca de las 11.00 horas, detectives de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrieron al municipio para concretar la incautación voluntaria de diversos equipos informáticos.

La indagatoria también involucra a otros exfuncionarios municipales. En paralelo, la actual administración comunal, encabezada por el alcalde Miguel Concha (FA), presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Entre los querellados figuran Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de Administración y Finanzas (DAF), actualmente suspendida por un sumario; y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

De acuerdo con los antecedentes, todos son acusados de haber creado un mecanismo que permitió un perjuicio fiscal cercano a $12.223 millones.

Detalles de la incautación

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, precisó el alcance de la diligencia realizada en la casa consistorial.

“En la Municipalidad de Peñalolén se realizó una diligencia de carácter voluntario, que consistió en la incautación de 10 computadores, dos notebook y un disco duro, que dicen relación con la investigación de hechos que habrían ocurrido en dicha municipalidad en el período de la alcaldesa Leitao y que son materias reservadas en cuanto a la investigación”, afirmó.

El persecutor añadió que la obtención de estos equipos busca reunir antecedentes que podrían ser relevantes para el avance de la causa.

Entre los dispositivos incautados se encuentra el computador que utilizó Leitao durante su gestión, la que se extendió hasta 2024.

A través de una declaración, la exjefa comunal -quien también se desempeñó como subsecretaria de Prevención del Delito durante el gobierno de Boric- afirmó que la diligencia no le fue informada previamente.

“Pero, como abogada, puedo señalar que no se trata ni de un allanamiento ni de una incautación ordenada por un juez, sino que se trataría de una entrega voluntaria, que es una diligencia habitual del procedimiento en este tipo de investigaciones, donde se busca recabar toda la información necesaria para la investigación que lleva la Fiscalía”, sostuvo.

La exautoridad, además, defendió su gestión y aseguró que se mantiene “tranquila” frente a las acusaciones.