A una semana del cambio de mando, el gobierno de Gabriel Boric mantiene pendientes algunos proyectos de ley relevantes -incluso emblemáticos- para su gestión, como el del FES que busca terminar con el CAE, o el de Sala Cuna. Y mientras esas tratativas se siguen dando con casi nulas opciones de ver la luz antes del 11M, el Ejecutivo, en paralelo, ingresó este miércoles su último proyecto relativo a educación antes de entregar el poder.

“Establece ajustes para la modernización de la educación superior y modifica la gobernanza de los centros de formación técnica estatales”, es el enunciado de la iniciativa que tiene por objetivo actualizar diversos cuerpos legales con la finalidad de fortalecer la gobernanza, eficiencia administrativa, pertinencia territorial y sostenibilidad de los centros de formación técnica estatales, “en concordancia con los desafíos del desarrollo humano y sostenible del país”.

El proyecto consta de seis artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias.

Quizás si el aspecto más relevante es el que tiene relación con la flexibilización de los requisitos académicos para acceder a cargos públicos. En particular, el primer artículo busca modificar el Estatuto Administrativo, estableciendo que los requerimientos para trabajar en el Estado no podrán contemplar la exigencia de que la duración de una carrera sea superior a ocho semestres. Esto, según el proyecto, permitirá a las instituciones de educación superior modernizar y hacer más eficientes sus programas formativos, sin que ello afecte la empleabilidad de sus egresados en el Estado. La idea es empujar de forma general que las carreras tengan menos semestres de duración.

Lo que vieron en la Subsecretaría de Educación Superior es que las instituciones de educación superior, aun cuando querían, no podían acortar sus carreras de pregrado a menos de 10 semestres, porque esa duración es uno de los requisitos para trabajar en el sector público. En el fondo, era un escollo para una tendencia de modernización que varias universidades ya están llevando a cabo.

Este proyecto, en todo caso, no haría que las universidades automática ni mandatoriamente tengan que bajar a ocho semestres sus carreras, sino que lo propicia.

Por otro lado, la iniciativa introduce modificaciones a la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, estableciendo que deberá contener un plan para su implementación que considere las necesidades y características territoriales del país.

Del mismo modo, el proyecto busca modernizar la estructura de gobernanza de los Centros de Formación Técnica Estatales, con el objetivo de mejorar la gestión y fortalecer su gobernanza, incorporando normas legales comunes sobre gobierno interno, regulando explícitamente sus órganos superiores -directorio y rector-, modificando la composición del directorio para integrar representantes del Presidente de la República y actores regionales clave, estableciendo mayores deberes y responsabilidades para sus miembros, fijando dietas para directores externos y creando una Contraloría Interna.

Asimismo, para reforzar la coherencia entre los Centros de Formación Técnica Estatales y la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, se constituye el Consejo de Rectores y Rectoras de los CFT Estatales como órgano encargado de promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones técnicas estatales, con miras a desarrollar objetivos y proyectos comunes.

Por otra parte, el proyecto establece una gobernanza para la elaboración e implementación de un Marco Nacional de Cualificaciones, instrumento de carácter orientador y referencial destinado a organizar y reconocer aprendizajes con miras al aseguramiento de la calidad. Para ello se crea una Comisión Asesora intersectorial, dependiente del Mineduc, para el desarrollo de una Política Nacional de Cualificaciones, cuyo objeto será proponer lineamientos y orientaciones para la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones.

Según el proyecto, dicha comisión debería estar integrada por el subsecretario de Educación Superior, quien la preside; el subsecretario de Educación, el subsecretario del Trabajo, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el presidente de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción.

Nuevos comisionados

Este miércoles, además, la Comisión de Educación del Senado despachó a Sala la propuesta del Ejecutivo para cuatro nuevos comisionados de la Comisión Nacional de Acreditación, dos como representantes de universidades y dos de centros de formación técnica o institutos profesionales.

Los nombres propuestos por el gobierno, todos hombres después de un concurso de Alta Dirección Pública, son los de Manuel Luna, Eduardo Abarzúa, Christian Quezada y Jorge Narbona.