Alcaldesa de Ñuñoa dispara tras veredicto de Sabat: “Hechos responden a un modus operandi de la derecha”

Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa.
Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa.

"En el caso de Ñuñoa -tal como ocurrió en Vitacura, Maipú y Viña del Mar- utilizaron la municipalidad como un botín para proteger y beneficiar sus propios intereses", dijo Emilia Ríos.


Una dura crítica contra los municipios que han tenido alcaldes de derecha realizó la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, tras conocerse el veredicto condenatorio contra Pedro Sabat, exjefe del mismo municipio, por dos delitos de negociación incompatible.

La jefa comunal, militante de Revolución Democrática, señaló que “el veredicto del tribunal viene a confirmar que Pedro Sabat actuó de manera corrupta y que estos hechos responden a un modus operandi de la derecha como una práctica sostenida y constante de en los municipios de Chile”.

En el caso de Ñuñoa -tal como ocurrió en Vitacura, Maipú y Viña del Mar- utilizaron la municipalidad como un botín para proteger y beneficiar sus propios intereses, atentando directamente contra la calidad de vida de vecinas y vecinos”, continuó.

Por último, señaló: “Cada peso que la derecha usó en beneficio propio es un peso menos para los vecinos de nuestra comuna”.

Sin embargo, no solo ha sido investigada la derecha en presuntos delitos al interior de los municipios. En una investigación del Ministerio Público, la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, figura como imputada en una indagatoria por la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.

La fiscalía investiga los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado luego de que se conociera que la Municipalidad de Santiago ofreció más de $5 mil millones por la compra del inmueble en el que esperaba instalar “la primera Clínica Municipal de Santiago”.

Ese caso comenzó en enero de este año. El 18 de ese mes, Hassler anunció la “primera clínica municipal”, la cual se ubicaría en la ex Clínica Sierra Bella. Sin embargo, aquello generó cuestionamientos de parte de los concejales de la comuna, quienes acusaron a la autoridad comunal de estar comprando un inmueble con sobreprecio, ya que Santiago se comprometió a pagar $ 8 mil millones, cuando su avalúo era de $ 2 mil millones. Esto derivó en que la Contraloría iniciara una investigación, ordenando, como primera medida, congelar su compra.

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