A un año del allanamiento: los 38 expedientes de presuntos abusos en el Arzobispado de Santiago

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La Fiscalía Centro Norte ya ha realizado diligencias respecto de los expedientes incautados en el Arzobispado de Santiago.

El 12 de julio de 2018, la fiscalía entró a la Iglesia capitalina e incautó carpetas con investigaciones a religiosos. Había casos ya conocidos y otros que solo esa diligencia reveló.




Fue una diligencia inédita en contra del arzobispado más grande del país. Hace poco más de un año, exactamente el 12 de julio de 2018, la Fiscalía de O'Higgins y el OS-9 de Carabineros allanaron las dependencias de la Iglesia de Santiago. Se llevaron carpetas y cajas con investigaciones a religiosos, algunas desconocidas hasta ahora.

¿Qué fue lo que encontraron? En total, había 38 expedientes con denuncias contra sacerdotes y la tramitación que realizó la institución eclesial en cada caso.

Estas carpetas revelaron una realidad a la que pocos tenían acceso: denuncias por presuntos abusos y violaciones cometidos por miembros de la Iglesia, hechos que datan desde 1995. Incluye a 37 sacerdotes, dos religiosas y dos laicos. Según los registros, hay al menos ocho actos que habrían ocurrido en colegios. Entre las víctimas, hay 40 menores de edad y nueve mayores.

El allanamiento ocurrió en un momento complejo para la Iglesia local. El llamado Informe Scicluna, que recopilaba testimonios y casos de presuntos abusos por miembros del clero en Chile, estaba en manos de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal completa había presentado su renuncia al Papa Francisco.

Entre el material incautado en Santiago existía una decena de causas por delitos sexuales ya conocidas públicamente, las que están en proceso de investigación por el Ministerio Público y también por la Iglesia en el ámbito canónico. Allí se encontró, por ejemplo, el caso del fallecido premio nacional de Educación Hugo Montes, querellado por un exalumno del Colegio San Esteban Diácono, de Vitacura.

La diligencia también dio con la carpeta contra el excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz, para quien la fiscalía pidió 41 años de cárcel y se fijó una audiencia de preparación de juicio oral para el 4 de septiembre. Otro es el caso de Tito Rivera, acusado de una supuesta violación en la Catedral de Santiago, quien fue formalizado el 29 de marzo y que, en paralelo, se encuentra con una investigación eclesial en curso en la que se solicitó su dimisión del estado clerical.

A estos se suman las causas abiertas, pero aún desformalizadas, contra los presbíteros Jorge Laplagne, Diego Ossa y Pedro Quiroz. Estos casos están siendo tramitados también por la justicia canónica.

Además, la fiscalía se encontró con expedientes que cuentan con sentencias judiciales, como el del legionario de Cristo John O'Reilly y el del sacerdote de la congregación Verbo Divino Richard Aguinaldo. Ambos fueron condenados por abusos a menores en 2014 y 2012, respectivamente.

Sin embargo, la mayoría de los casos que se descubrieron no eran de público conocimiento. Se trata, a modo de ejemplo, de los expedientes en contra de los sacerdotes Juan Pablo Gómez, Adrián González, Roberto Guzmán y Héctor Valdés. Son causas que comenzaron a ser investigadas penalmente recién cuando el material fue incautado de las dependencias de la Iglesia de Santiago por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

Denuncia desde África

En junio de 2016, 16 voluntarios de la Corporación Mozambique, en África, enviaron una carta al Arzobispado de Santiago dirigida al cardenal Ricardo Ezzati. En la misiva denunciaron actos abusivos de violencia sicológica, física, económica y sexual por el sacerdote Roberto Guzmán.

La investigación previa concluyó en marzo de 2017 y se consideraron verosímiles las denuncias de abuso de potestad eclesiásticas y conductas impropias de orden sexual con mujeres jóvenes. Luego, en mayo de 2018 se inició un proceso penal judicial en contra de Guzmán.

Al respecto, desde la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz del Arzobispado de Santiago señalaron que hay un proceso canónico en desarrollo por denuncias de abusos de poder y faltas contra el sexto mandamiento con adultos. Además, el tribunal de apelación está resolviendo algunos recursos que la defensa del sacerdote interpuso.

En la casa de Schoenstatt

El 17 de junio de 2005, Ezzati recibió una carta de J.M.V., quien denunció por presuntos abusos -entre 2001 y 2004- al sacerdote Adrián González. Dijo que los hechos ocurrieron en la Casa de Retiro San José, del Santuario de Schoenstatt, en La Florida.

En julio de ese año, el cardenal le envió una carta a González para informarle de la denuncia en su contra y le pidió que "no admita a vivir bajo su techo a jóvenes. Es necesario actuar con la mayor prudencia ante un público cada vez más suspicaz en esta materia".

En agosto de ese año, González le escribió a Ezzati que no entendía la errónea interpretación del denunciante respecto de conductas de afecto. En julio de 2013 volvieron a denunciar a González por supuestos abusos. La presunta víctima fue J.R.F., quien lo acusó de hechos ocurridos en Antofagasta en 2011. El 17 de julio de 2013 se dictó una investigación previa, que resolvió que ambas denuncias eran verosímiles.

Desde la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz indicaron que, luego del proceso administrativo en 2014, se le sancionó por faltas al sexto mandamiento con adulto y se le restringió el ejercicio del ministerio sacerdotal por cinco años.

Sacerdotes de Colombia

El 20 de enero de 2017, F.M.G. denunció ante el vicario judicial de Santiago a los sacerdotes Juan Pablo Gómez y Jesús Norbey, incardinados en Manizales, Colombia. Los hechos, según el denunciante, ocurrieron en 2013.

La investigación previa concluyó que había resultados verosímiles de conductas impropias de Gómez y se enviaron los antecedentes a Colombia para que la investigación previa sea ejecutada allá. En el organismo receptor de denuncias de la Iglesia de Santiago explicaron que desde 2015 ambos sacerdotes no tienen encargo pastoral en la capital y que retornaron a sus diócesis de origen.

En estos casos, la Fiscalía Centro Norte ya ha realizado diligencias, como tomar declaraciones a testigos, requerimientos de información a establecimientos educacionales e instrucciones al OS-9.

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