El diputado diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla acudió a la Corte Suprema para evitar que siga adelante un caso en su contra por un presunto delito de injurias graves con publicidad.

En un fallo dividido dado a conocer la semana pasada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de desafuero presentada en contra del diputado por la periodista Josefa Barraza, por publicaciones del legislador en redes sociales y contenidos que compartió.

El tribunal de alzada estimó que en los mensajes e interacciones del legislador que denunció la periodista “emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante”.

Bobadilla llegó este lunes al Palacio de Tribunales junto a su abogado Ramberto Valdés para apelar ante el máximo tribunal.

El diputado explicó que lo que él expuso en sus redes se relaciona al vínculo de la querellante con Héctor Llaitul según lo publicado en un reportaje de radio Bío Bío.

“Mi historia y mi pasado avalan que soy una persona respetuosa de la honra y el prestigio de las personas. Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie. Si estar en este proceso es el costo que debo asumir por denunciar a los terroristas que operan en la zona sur de nuestro país, estoy dispuesto a asumir ese costo”, manifestó.

Insistiendo en que no cree haber incurrido en delito alguno, el legislador indicó que tiene “plena y absoluta confianza” en que así lo entenderá el máximo tribunal, coincidiendo con lo expresado por su abogado.

“El voto de mayoría de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es a nuestro juicio equivocado”, apuntó Ramberto Valdés.

En su fallo, la Corte de Valparaíso expuso que “los términos utilizados en los mensajes insertos en su chat, que por esa sola circunstancia debe entenderse que los asume y hace propios, no dejan nada a la imaginación o interpretación acerca del animus injuriandi (dolo) que motivó su publicación”.

El abogado defensor de Bobadilla recalcó que “una persona no puede controlar lo que más de 100.000 personas pueden publicar o no en su legítimo derecho a expresar su opinión en redes sociales o en un sitio web de una radio”.

Valdés dijo que confía en que la Suprema va a establecer que los antecedentes que se acompañaron para acusar, incluyendo mensajes anónimos “que se indican como elaborados por el diputado, emanan de terceras personas ajenas a su responsabilidad”.