La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación a partir de la denuncia que hizo Estados Unidos a autoridades de gobierno por un presunto hackeo a empresas chilenas.

El Ministerio Público encargó a personal especializado de la Policía de Investigaciones avocarse al análisis de los antecedentes.

Esta vulneración informática se habría producido en el marco de la tramitación del proyecto de un cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile.

La iniciativa fue aprobada por el Ejecutivo y posteriormente se anuló el documento que daba luz verde al proyecto por una advertencia de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre eventuales vulnerabilidades a la seguridad nacional.

Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, habría advertido a autoridades chilenas sobre supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones.

Esta situación generó que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara la visa de tres funcionarios del gobierno: el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Judd sostuvo encuentros por separado con el ministro Muñoz, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el de Seguridad, Luis Cordero, y el canciller Alberto van Klaveren, para advertir sobre las supuestas operaciones.

Ante la advertencia, La Moneda solicitó información al Estado Mayor Conjunto para revisar aspectos de seguridad en el ámbito de la Defensa.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, solicitó otro análisis a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, relativo a la alerta que emitió el embajador Judd sobre supuestos hackeos provenientes de China que habrían afectado a una empresa chilena.

El canciller Alberto van Klaveren agregó durante la tarde que también se solicitaron medidas a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).