43.000 hectáreas destruidas, 137 fallecidos, más de 300 personas desaparecidas, 1.100 personas heridas y 14.000 viviendas destruidas son algunas de las cifras que dejó el gran incendio de Valparaíso ocurrido entre el 2 y el 3 de febrero de 2024 y que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, particularmente.

Debido a las graves consecuencias del siniestro, la delegación de Valparaíso, entonces liderada por Sofía González (PC), entre otras empresas contrató a San Nicolás SpA para hacerse cargo de algunas de las labores de la reconstrucción.

Sin embargo, un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló severas irregularidades asociadas a ésta, y otras relativas a la propia Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, así como a las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura.

Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos por más de $6.725 millones asociados a diferentes trabajos relacionados a la reconstrucción, los que no tuvieron licitación.

Pero, ¿cuáles son los orígenes de San Nicolás SpA?

En marzo de 2021 fue constituida como empresa ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constitución que también fue publicada en el Diario Oficial.

“En Coronel, Región del Biobío, Chile, a 30 de marzo del 2021, ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, comparecen: María Mayorie Briones González, Rut 14.627.849-3, domiciliada en Avenida de Alonso Ovalle N°55 villa Lomas San Sebastian, comuna de Concepción, Región del Biobío“, se lee allí, agregando que por “el presente acto, los comparecientes vienen en constituir una Sociedad por Acciones, en adelante la Sociedad, la cual se regirá por las prescripciones contenidas en los presentes Estatutos, y por las normas contenidas en el Código de Comercio, y en lo no regulado en aquellos por la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento”.

Según los registros, su inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) ocurrió el 14 de abril de 2021 bajo el rut 77.337.119-9.

En el camino la empresa sufrió una serie de transformaciones. La primera modificación fue en 2022, cuando San Nicolás SpA pasó a manos de Wilson Fredy Vergara Mardones, traspasándose a su nombre 10.000 acciones, equivalentes a $10.000.000.

En 2023 nuevamente se registró un cambio en la propiedad de la firma. En esta oportunidad, se dividió entre dos nuevas personas.

“Tomás Alejandro Avilés Tilleria con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 de pesos del capital social y Catalina Antonia Jara Briones con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 de pesos del capital social”, indica el documento. Ellos son los actuales dueños de la empresa, de 19 y 25 años respectivamente cuando se hizo esta separación, un año antes de firmar su gran contrato con el Estado, juventud que le ha valido serios cuestionamientos a la exdelegada González debido a la poca experiencia de los dueños de la empresa que tenía que hacerse cargo de una reconstrucción de esa magnitud.

Pero en su pesquisa la Contraloría también identificó sobreprecios en contrataciones en el caso de San Nicolás SpA: al contrastar lo que la empresa pagó a sus subcontratistas con lo que cobró al Estado, se establecieron diferencias de hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios por más de $4.200 millones.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez, además, determinó que hubo subcontratos por la totalidad de los servicios, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial y siempre con autorización expresa, lo que no ocurrió en este caso. A ello se sumó que al momento de las adjudicaciones la empresa no contaba con maquinaria propia suficiente para hacerse de estos servicios, ni tampoco se acreditó su capacidad técnica u operativa para asumir contratos de esta envergadura.

También se detectaron pagos por más de $399 millones a San Nicolás SpA asociados a turnos de maquinaria pesada respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida, lo que impidió acreditar la efectiva prestación de servicios.

La Tercera intentó contactarse con los involucrados, sin obtener respuesta.

En relación a las órdenes de compra públicas que tiene la empresa con el Estado, según el detalle disponible en Mercado Público, se totalizan 37, destacando algunas por montos brutos de $3.233.053.166 o $465.908.800.

La segunda, por ejemplo, corresponde a un “servicio de arriendo de maquinaria, incendio 2024″.

En el Diario Oficial, Tomás Avilés, uno de los dueños de San Nicolás SpA, registra varias constituciones de sociedad. Por ejemplo, Diones Centro Estética Integral SpA, junto a Catalina Jara. También Inmobiliaria e Inversiones Santa Herminia SpA, PB Importancies y Exportaciones SpA, e Inversiones ByT Limitada.

Debido a lo ya señalado, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso estableció que solicitó formalmente la devolución del dinero no respaldado a la empresa.

Además, se reveló que el Ministerio Público tiene en sus manos los respectivos antecedentes, y que el fiscal debería iniciar proximamente las diligencias que correpondan.

La defensa de González

Contactada por La Tercera, la exdelegada González y recientemente electa diputada, señaló por escrito que “ante la información difundida en diversos medios de comunicación en los últimos días, quiero señalar lo siguiente: tengo absoluta tranquilidad respecto de cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al mega incendio”.

“Todas tuvieron un único propósito: responder con la mayor rapidez y eficacia posible al dolor profundo de las familias que lo perdieron todo, en una tragedia que cobró la vida de 138 personas”.

Pese a que los contratos en cuestión fueron firmados bajo el mandato de González, según información disponible en Mercado Público, fue el actual delegado Yanino Riquelme quien firmó las autorizaciones para realizar los pagos a la empresa en cuestión, además de recibir los informes respectivos.

Consultado sobre la situación, por parte del equipo de Riquelme declinaron entregar una versión puesto que esgrimiendo que todo está en investigación.

De todas formas, durante la jornada de este miércoles Riquelme señaló públicamente que lo “que señala el informe es que son eventuales montos excesivos, eventuales sobreprecios y por lo tanto lo que hay que hacer es investigar, para eso nosotros vamos a entregar los antecedentes al CDE, pero además ya iniciamos sumarios internos en caso de que haya alguna responsabilidad administrativa de alguno de los funcionarios”.

“No nos corresponde a nosotros hacer un análisis o una crítica. Lo que sí compartimos es que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad del Estado de Chile respecto de emergencias”, agregó.

Por su parte, González también menciona que “fue un período de intensa coordinación interinstitucional, que involucró a diversos servicios públicos y a funcionarias y funcionarios que trabajaron bajo una presión extraordinaria, frente a una de las mayores catástrofes que ha vivido nuestra región. Con todo, cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas”.

Esta última sostiene que “durante mi gestión como delegada presidencial, cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes. En este caso no fue distinto. Al momento de presentar mi renuncia, el día 15 de noviembre de 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos”.

“Mi trayectoria ha estado siempre marcada por la transparencia, la probidad y el compromiso con las personas. Las decisiones adoptadas en medio de una emergencia de esta magnitud deben analizarse considerando el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder oportunamente a las familias afectadas”, finaliza González.

Desde el Gobierno Regional de Valparaíso señalan que ellos no están estuvieron involucrados en la contratación.