Nacional

Cámara aprueba reforma constitucional que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y zanja disolución de asociaciones de funcionarios

La iniciativa alcanzó el quórum constitucional y avanzó al Senado, en medio de un intenso debate por la eliminación de los gremios penitenciarios.

EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tras una votación que alcanzó 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones, superando el quórum de 86 respaldos requerido.

La iniciativa fue aprobada en general y en particular, quedando despachada al Senado para su segundo trámite constitucional.

Sin embargo, el eje más sensible de la discusión parlamentaria no estuvo en el nuevo encuadre institucional de Gendarmería, sino en el término de las asociaciones de funcionarios, punto que ha generado una fuerte resistencia por parte de los gremios penitenciarios, y algunos parlamentarios oficialistas, y que fue objeto de una votación específica y separada durante la sesión.

Votación clave por el fin de los gremios

Durante la jornada, la Cámara también se pronunció sobre la disposición transitoria quincuagésima sexta contenido en el mensaje presidencial, norma que regula directamente el destino de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería.

Dicha disposición fue aprobada con 89 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, y establece que a contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas”.

madre AgenciaUno

Cabe señalar que la Comisión de Constitución previamente había establecido una excepción respecto de los civiles, que señalaba que solo podrán subsistir aquellas asociaciones que no cuenten con funcionarios uniformados, las que continuarían existiendo y se regirán por la Ley N° 19.296 hasta que se cree el servicio especializado en reinserción social. No obstante, la Sala rechazó dicha opción.

En tanto, las asociaciones que sí incluyan personal uniformado deberán disolverse y liquidarse conforme a la ley bajo la cual fueron constituidas.

Este punto concentró el mayor nivel de controversia, ya que implica la eliminación de la mayoría de los gremios penitenciarios, al asimilar el estatuto de los funcionarios de Gendarmería al de Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes tienen prohibido sindicalizarse.

Argumentos del Ejecutivo

El proyecto fue ingresado el 5 de enero por los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero, y de Justicia, Jaime Gajardo, y cuenta con el respaldo del Presidente Boric. En su mensaje, el Ejecutivo sostiene que Gendarmería ha sido progresivamente integrada al sistema de seguridad pública, recibiendo facultades, protección jurídica y responsabilidades similares a las policías.

Entre los fundamentos se menciona la entrada en vigencia de la Ley N° 21.555, que fortaleció las competencias de Gendarmería y la reconoció como auxiliar del Ministerio Público, así como su incorporación al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo Dedvi Missene

Bajo esta lógica, el gobierno argumenta que la limitación del derecho de asociación es una consecuencia directa de su nueva naturaleza constitucional.

La reforma modifica los artículos 57, 101, 102 y 105 de la Constitución, incorporando expresamente a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, contempla disposiciones transitorias para separar las funciones de custodia y seguridad, que quedarán en Gendarmería, de las labores de reinserción social, que serán traspasadas a un nuevo servicio dependiente del Ministerio de Justicia. El Presidente tendrá un plazo de 12 meses para enviar al Congreso el proyecto que cree dicho organismo.

Con ambas votaciones zanjadas en la Cámara, la reforma inicia ahora su tramitación en el Senado, donde se anticipa un debate complejo, especialmente en torno a la constitucionalidad y el impacto laboral del fin de las asociaciones de funcionarios.

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