Prisión preventiva para funcionario PDI formalizado por homicidio de subinspectora Valeria Vivanco: fiscal dice que disparó “de manera directa e intencional”

Persecutor Christian Toledo afirmó que Leonel Contreras Canales disparó "sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales". Se ordenó el ingreso del imputado a dependencias de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI, en Cerrillos.




A eso de las 14.35 horas de este viernes, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la audiencia de formalización del funcionario de la Policía de Investigaciones Leonel Alejandro Contreras Canales por el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco.

La audiencia se desarrolló hasta pasadas las 20.00 horas. En ella, la magistrada Mariela Hernández Acevedo se refirió al vuelco que tuvo la investigación y a las pericias que se han desarrollado en el caso con resultados contrapuestos, señalando que ello ha generado cuestionamientos a la indagatoria.

Hernández sostuvo que, de acuerdo a lo exhibido por la Fiscalía Metropolitana Sur, se podría establecer que el arma que ocasionó la muerte de la subinspectora “fue la que estaba asignada a Leonel Contreras y fue percutada por éste”.

Según la jueza, existiría un dolo eventual vinculado a la condición de funcionario público del imputado y la evaluación que debió haber hecho de un resultado posible al manipular su armamento.

La magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público y estableció la medida cautelar de prisión preventiva para el detective imputado, ordenó su ingreso a dependencias de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana de la PDI, en Cerrillos, y fijó un plazo de investigación de seis meses.

“Me parece que el hecho es sumamente grave y afecta bienes jurídicos de los más relevantes”, como es el caso de la vida de una persona, expresó, argumentando que todo lo expuesto en la audiencia permite “presumir que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El crimen tuvo lugar en medio de un procedimiento en la Población Santo Tomás, en el límite entre las comunas de La Granja y La Pintana, el domingo 13 de junio de este año. El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo, relató que esa jornada “cerca de las 15.30 horas, aproximadamente, los funcionarios de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones subcomisario Felipe Gallardo Araya, subinspectora Valeria Vivanco Canu, subinspectora María Norambuena Urra y el imputado del crimen, Leonel Contreras Canales efectuaban diligencias propias de su especialidad a bordo del vehículo marca Kia, modelo Morning, en la comuna de La Granja”.

En ese sentido, dijo el fiscal, cuando observaron un auto modelo Kia Rio 5 blanco tripulado por dos personas y que podría estar relacionado con un delito de homicidio ocurrido en la comuna de Puente Alto procedieron a seguirlo por varias calles de esa comuna. Una vez que les dan alcance, en la intersección de Santo Tomás con Las Parcelas, comuna de La Granja, les realizaron un control.

Vivanco y Contreras bajaron del auto con sus armas desenfundadas y empuñadas, solicitando que los ocupantes bajaran del auto. En ese momento, el chofer del vehículo fiscalizado acelera para huir del lugar, “momento en el cual, sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, el detective imputado Leonel Contreras, de manera directa e intencional, procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal impactando a su compañera Valeria Vivanco, quien resulta lesionada en su zona toráxica con entrada y salida de proyectil, lesiones que posteriormente le causan la muerte”.

Con estos antecedentes e imputando el delito de homicidio, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Contreras.

El fiscal explicó además que al ser consultado por pericias que detectaron residuos de disparo en sus manos, el imputado declaró que él presionó la herida de la víctima y los residuos podrían haber sido constatados en los análisis a consecuencia de ello. Contreras aseguró en su declaración que él tenía 16 cartuchos y que su arma marca Jericho no fue percutada. Según detalló el fiscal, la institución no mantiene un registro diario de las municiones que portan sus funcionarios.

Por otra parte, el fiscal dijo que los policías señalaron en su declaración que los dos sujetos que fueron requeridos en primera instancia no portaban armas. “No hay ninguna referencia a ello. Nada. De hecho, cuando (los policías) declaran, dicen que no saben de dónde salió el disparo”.

Para dar cuenta de la personalidad de Contreras, el fiscal relató otro episodio donde el imputado hizo uso de su arma de fuego en medio de una persecución que terminó en la comuna de Ñuñoa. Ahí el formalizado disparó contra un vehículo que no se detuvo. Tras ello, Contreras habría señalado a uno de sus compañeros que había “cumplido su sueño” de disparar en un procedimiento.

Tras la exposición del Ministerio Público y los querellantes, el abogado Marcial Lagos Mac-Iver, defensor de Contreras, afirmó que la bala que dio muerte a la subinspectora ingresó por su abdomen y salió por su espalda, contrariando la teoría que expuso el fiscal. El profesional recordó la reconstitución de escena del caso y aseguró que las declaraciones que se entregaron ese día posicionan a su representado junto a la víctima, siendo imposible que le pudiera disparar con la trayectoria que sugirió el Ministerio Público.

“Leonel no disparó, él señala que no dispara”, insistió el abogado, que destacó que Contreras se ofreció voluntariamente para participar de las labores del grupo, en un sitio considerado peligroso. El defensor habló de la juventud del funcionario de 21 años y su ímpetu, además de las complejidades del procedimiento luego de 24 horas de trabajo continuo en la investigación de un homicidio.

La Fiscalía Metropolitana Sur también indaga presuntas maniobras de obstrucción a la investigación que, en una de sus aristas, apuntan al rol del Alto Mando en haber supuestamente ocultado los resultados que daban cuenta del vuelco judicial en el caso. Ello, tras conocerse de que uno de los peritajes balísticos que concluyó que el disparo que dio muerte a la detective fue ejecutado por un compañero estuvo 40 días “oculto”.

La jornada en que falleció la funcionaria, la PDI emitió un comunicado señalando que una bala dio en su cuerpo “tras ser emboscada por delincuentes”. Por este caso, Miguel Alejandro Caniupán Calabrano, de 19 años, y un adolescente de 17 años fueron detenidos, formalizados y estuvieron en prisión preventiva por el crimen cerca de dos meses.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.