Serán particulares, con análisis caso a caso, partiendo por uniformados condenados a cárcel efectiva por delitos vinculados al estallido social y siguiendo el reglamento que regula la Ley de Indulto.

Eso es lo que repiten en el gobierno luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara que durante su mandato utilizará la facultad presidencial para otorgar indultos.

El compromiso de Kast se transformará en una cuenta regresiva, ya que es cosa de tiempo para que el Mandatario tome su primera decisión. Esto debido a que exuniformados como el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, ya inició el proceso al solicitarlo formalmente el pasado 12 de marzo.

Si bien el ministro de Justicia Fernando Rabat ha dicho que hasta ahora no ha firmado ningún indulto, en su equipo saben que la presión ya se instaló en esta cartera.

La razón apunta a que es el Ministerio de Justicia, según lo establece la ley y el reglamento, la instancia encargada de analizar las solicitudes, armar las carpetas, revisar los antecedentes e incluso firmar los indultos, ya que este beneficio presidencial tiene firma delegada en el ministro de Justicia.

La cadena de asesores que revisarán las solicitudes de indultos será un elemento clave de esta historia, luego de la experiencia del gobierno pasado en que los indultos otorgados por el expresidente Gabriel Boric a presos por cometer delitos en el estallido social tuvieron una serie de desprolijidades que provocaron que el asunto terminara en una crisis política y la renuncia de la exministra de Justicia Marcela Ríos y el exjefe de gabinete de Boric, el abogado Matías Meza-Lopehandía.

Por eso en el gobierno actual, medio en broma medio en serio, comentan que esta vez el análisis de las solicitudes de indultos particulares se hará “como corresponde y sin errores”.

La asesora clave

El primer filtro está radicado en la División de Reinserción Social que lidera la sicóloga Fabiana Castro. En su división está radicado el Departamento de Reinserción Social Adulto, en donde se ubica la Oficina de Indultos. Será el equipo que dirige Castro el que hará la revisión de los perfiles de los solicitantes, sobre todo debido a que el primer requisito que exige el reglamento es que se acompañe de un informe del tribunal de conducta de la cárcel respectiva, o en su defecto del alcaide de dicho recinto penitenciario.

Ese informe debe contener el nombre y apellido del solicitante, edad, nacionalidad, estado civil, cargas familiares, grado de cultura, conducta y moralidad. A eso se suma el oficio o profesión que posea, días trabajados en Centros de Educación y Trabajo, dinero que ha acumulado con su trabajo, bienes de fortuna o medios de vida y si tiene posibilidades de trabajar al salir del penal. El documento también debe contener el delito por el que fue condenado, las penas impuestas, el tiempo cumplido y lo que le falta por cumplir. A eso se debe añadir las rebajas de tiempo y consignar si había sido condenado anteriormente, si ya cumplió esa pena, si obtuvo indulto y si salió en libertad condicional.

Castro es una sicóloga con experiencia en el Estado. Acaba de dejar la Dirección de Seguridad Pública de Independencia para arribar en Justicia, pero antes registra un extenso historial en el rubro. En 2021 fue la jefa del Departamento de Justicia y Reinserción Social del entonces Sename y anteriormente también tuvo un largo paso por la Subsecretaría de Prevención del Delito, también dedicada a temas de reinserción social.

Cuando Castro ponga su firma y entregue su visto bueno, deberá despachar todo el asunto al gabinete del ministro Rabat. Ahí será el secretario de Estado, junto a su principal asesora y jefa de gabinete, Paula Bagioli, quienes terminen de revisar las carpetas antes de que Rabat los firme para que queden listos. Desde Justicia comentan que este proceso se hará incluso solicitando información adicional a Gendarmería y otras instituciones para evitar desprolijidades.

Solo ante la eventualidad de que Kast tomara la decisión de indultar invocando el artículo 6 de la ley, el gobierno se podría saltar todo este proceso. Esa norma permite que el Presidente entregue indultos calificados. En ese escenario, solo “mediante decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en la ley y de los trámites indicados en su reglamento, siempre que el beneficiado esté condenado por sentencia ejecutoriada y no se trate de conductas terroristas”.