Un total de 120 páginas tiene el escrito que ingresó, hace poco más de un mes, la Fiscalía Metropolitana Oriente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y con el que solicitó que dicho tribunal de alzada desafuere al diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI).

El ente persecutor, encabezado por la fiscal Lorena Parra, presentó el requerimiento el pasado 27 de junio con el propósito de despejar el camino para formalizar al parlamentario por los delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco.

A esa petición ahora se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso y que también pide que se despoje a Lavín de sus prerrogativas parlamentarias para poder imputarle los delitos.

La institución que preside el consejero Raúl Letelier, según fuentes de La Tercera, presentó en la causa reservada que lleva la Corte de Santiago un “téngase presente”, el que fue ingresado el viernes 11 de julio. Este martes 29 de julio el tribunal de alzada capitalino resolvió la solicitud del CDE, querellantes en el caso, y los hizo parte de la solicitud de desafuero.

De esta manera, a la solicitud de la Fiscalía ahora se suma el CDE, institución que se añade a la acción que ya había tomado la Municipalidad de Maipú, también querellante en la causa. El municipio que lidera el alcalde Tomás Vodanovic (FA) solicitó ante el tribunal de alzada, el pasado 9 de julio, el desafuero al parlamentario. Requerimiento que se concretó con la presentación de un escrito por parte del penalista José Pedro Silva -del estudio Bascuñán, Awad, Contreras y Schurmann BACS- en su calidad de abogado querellante por parte del municipio.

La app de Lavín

A lo largo del escrito de solicitud de desafuero, la Fiscalía Oriente entrega detalles respecto a la investigación que ha encabezado la fiscal Constanza Encina. En esta se da cuenta de la vinculación que tiene el diputado e hijo del exalcalde Joaquín Lavín con la empresa Modo 74, compañía que desarrolló una plataforma o aplicación llamada Socialtazk, la que era ofrecida por el diputado a candidatos de la UDI.

Pero la plataforma era, según el desafuero, igual a un servicio ofrecido por la empresa Panel Ciudadano, de propiedad de Juan Pablo Lavín, hermano del diputado y en la cual también participa otra hermana, María Estela Lavín.

“Las similitudes de la herramienta de Panel Ciudadano con el proyecto SocialTazk, del diputado Lavín León, y financiado con cargo a sus gastos operacionales del congreso, saltan a la vista en forma inmediata”, señala el requerimiento de la Fiscalía.

El ente persecutor, agrega que “no sólo eso, sino que también era ofrecida y utilizada no sólo por el diputado Lavín León en su interés personal y el de su partido, sino que también formaba parte de un proyecto de las sociedades Panel Ciudadano y CHILETENDENCIA, de sus hermanos Juan Pablo Lavín León y María Estela Lavín León, quienes ofrecían los servicios de SOCIALTAZK, que estaban siendo financiados con fondos públicos del Congreso Nacional”.

Según el escrito de desafuero de la Fiscalía, “el total de clientes de la empresa ‘Modo 74′ –que no corresponden al diputado Lavín– fueron captados por el propio imputado. Además, en forma adicional y subrepticia, y durante los años 2020 y 2021, el imputado ofreció la plataforma Socialtazk a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, a quienes les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional“.

A juicio del Ministerio Público, el desarrollo de la plataforma de la empresa ligada a la familia Lavín fue “financiado en su totalidad con fondos públicos del Congreso” y que “el imputado no solo mantiene un interés personal y político en la empresa Modo74 y en su plataforma Socialtazk, sino que también se ha podido detectar que el desarrollo de la aplicación fue desde un inicio concebido para la obtención de importantes beneficios económicos y societarios, para él y otros miembros de su familia”.

Pero además de aquello la Fiscalía también imputa que en el proceso de desarrollo de la aplicación Lavín León “instruyó, a la totalidad de su equipo de asesores parlamentarios, que destinaran su jornada laboral en el Congreso para ingresar y validar en la plataforma las bases de datos que eran proporcionadas por los candidatos UDI en sus respectivas cuentas, además de ordenar que los contactaran telefónicamente, para validar la información que mantenían de cada uno de ellos”.

El daño o defraudación fiscal, según la solicitud de desafuero, ascendería a más de $93 millones.

Las huellas de una campaña

El CDE, por su parte, también, al igual que la Fiscalía, ha apuntado a otra de las aristas que se siguen contra Lavín y que se relaciona a un presunto financiamiento irregular de la política.

El organismo presentó hace tres meses una querella en contra de Lavín, su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez. El CDE los acusa de presentar ante el Congreso documentación falsa para financiar ilícitamente la campaña electoral del diputado.

“En efecto, los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”, menciona parte del escrito del CDE.

Según la Fiscalía, “estas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal que asciende al menos a $104.271.784″.

El tráfico de influencias

Otro de los delitos por los que la Fiscalía presentó la solicitud de desafuero es bajo el delito de tráfico de influencias. Aquello dado al rol de “alcalde en las sombras” que tenía mientras su esposa, Cathy Barriga, fue alcaldesa de Maipú.

“Se constató que desde el inicio de la administración municipal de su cónyuge, el imputado, quien es diputado del distrito, se interesó tanto económica como políticamente en diversas operaciones y contratos, contexto en el que valiéndose de su especial posición como diputado de la república y de su vínculo personal con la máxima autoridad municipal, influyó en diversos funcionarios públicos municipales con el objeto de que estos tomaran decisiones favorables a sus intereses dentro de la Municipalidad de Maipú”, señaló la Fiscalía en su solicitud de desafuero.