En la mañana de este viernes se cerró la investigación en contra de los 20 imputados, hoy en prisión preventiva, por su presunta participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Con ello, en los próximos 10 días el Ministerio Público estará en condiciones de presentar una acusación,

El fiscal jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Álex Cortez dio cuenta de este hito ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. Posteriormente, en conversación con la prensa ahondó en el punto: “El día de hoy se cerró la formalización de la investigación de la organización criminal Los Piratas, una célula de Tren de Aragua, en donde se encontraba también inserta la investigación del homicidio y secuestro del exteniente Ojeda”.

“La investigación ya se encuentra afinada. En menos de un año desde que fueron formalizados los imputados, se cierra y se va a acusar en los próximos días a 20 imputados que actualmente se encuentran formalizados y en prisión preventiva por estas investigaciones", añadió.

Respecto de los acusados que aún se encuentran en proceso de extradición, acotó que “no podemos esperar a que todos los procesos de extradición se lleven a cabo para acusar a todo el grupo. Si algún proceso de extradición tiene resultados positivos en fecha próxima todavía tenemos posibilidades de ir incorporando a estos imputados a esta acusación, pero si no es así ya se generó un RUC nuevo, una nueva investigación, en donde podrán ser formalizados en conjunto y lamentablemente tendremos que hacer más de un juicio oral si es necesario, pero estamos en condiciones de hacerlo".

Adicionalmente, explicó que además del crimen contra Ojeda en la investigación se agruparon aproximadamente siete hechos que están relacionados con Los Piratas, entre ellos, “secuestro con homicidio, un doble secuestro con homicidio también, secuestro extorsivo, extorsiones, hay disparos injustificados”.

El exmilitar venezolano, opositor al presidente de ese país, Nicolás Maduro, se encontraba en Chile en calidad de refugiado político. Fue secuestrado en abril de 2024 por sujetos disfrazados con uniformes de la Policía de Investigaciones, asesinado y luego enterrado en un campamento de Maipú. La única hipótesis plausible, a juicio del Ministerio Público, es de carácter político. El caso trajo fuertes tensiones entre los gobiernos de Chile y Venezuela, porque mientras el primero se ceñía a la tesis de la Fiscalía, el segundo acusó que se trataba de un montaje y una “operación de falsa bandera”. Hoy ambos países no tienen relaciones diplomáticas.