De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, “incursiones de agentes maliciosos” han puesto en riesgo la seguridad de ciudadanos norteamericanos y chilenos las últimas semanas.

Eso es lo que comunicó públicamente el diplomático la jornada del lunes 23 de febrero, en una conferencia de prensa donde abordó el asunto referente al cable submarino, pero también forma parte del contenido de una reunión que sostuvo 11 días antes con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, a quien alertó de situaciones que constituirían, a ojos de los norteamericanos, un hackeo.

Ambas autoridades se reunieron bajo total reserva el jueves 12 de febrero, instancia en que Judd le entregó a Cordero un informe de cuatro páginas donde le detallaba los movimientos maliciosos que había detectado. Las agencias de inteligencia estadounidense, como detalló en ese encuentro el embajador, habían detectado eventuales intervenciones no autorizadas que se vinculaban al proyecto del cable submarino, mencionando que empresas nacionales podrían estar involucradas.

Con esos antecedentes en mano, el secretario de Estado, como suele hacerlo cuando se le comunican antecedentes de esta naturaleza, activó los protocolos. Por lo demás, como indican conocedores del asunto, el contenido de la información no era menor. Tampoco su origen. Se trataba de información de inteligencia extranjera entregada directamente a una autoridad chilena, en un contexto de cooperación bilateral sensible.

El viernes 13 de febrero Cordero puso en marcha los engranajes del sistema nacional. Solicitó antecedentes a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y coordinó acciones con las unidades especializadas en cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). El objetivo: recopilar información, contrastar datos y evaluar si los hechos descritos podían o no constituir delito en Chile.

Las diligencias estaban en curso. Se estaban analizando los antecedentes y, según fuentes que supieron de lo ocurrido, incluso se evaluaban solicitudes de medidas intrusivas. Todo bajo el manto del secreto que permite la Ley de Inteligencia, y luego de que un par de días después, la semana del 16 de febrero, los efectivos desplegados entregaran un primer informe al titular de Seguridad.

Pero justo cuando las operaciones de inteligencia estaban en curso, se debió activar una suerte de freno de emergencia. El escenario cambió cuando la jornada de este lunes 23 el embajador Judd decidió convocar a una rueda de prensa y lanzó detalles que ese día estaban bajo total reserva.

En su intervención, Judd hizo referencia pública a información que coincidía con los antecedentes entregados las semanas previas sobre el hackeo. Pero no en términos generales: aludió específicamente a las áreas donde supuestamente se habrían cometido los ilícitos ya que detalló que las empresas afectadas eran del rubro de las comunicaciones y constructoras.

“Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”, afirmó el embajador.

El hecho de que Judd hiciera público el asunto obligaba al gobierno a tener que cambiar la estrategia, ya que una de las particularidades de los temas de inteligencia es la reserva y el secreto, justo lo contrario a lo que había hecho Judd.

En La Moneda interpretaron ese gesto como un punto de inflexión. Hasta ese momento, el gobierno no había determinado si los hechos eran constitutivos de delito y por eso la información estaba siendo evaluada en sede de inteligencia. Sin embargo, al hacerse públicos aspectos del requerimiento, el Ejecutivo entendió que el secreto había quedado liberado.

La consecuencia inmediata fue que Cordero detuvo las labores que había requerido tanto a la ANI como a la PDI, y optó por remitir los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. No fue una denuncia, sino que instruyó a la PDI a que enviara una comunicación a la entidad con miras a que, si la repartición encabezada por el fiscal regional Xavier Armendáriz estimaba hacerlo, abriera una indagatoria por los hechos.

La lógica del gobierno es clara: despejar en sede penal lo que en sede de inteligencia aún no podía afirmarse. Por ello, ahora será el Ministerio Público el que determine si existe o no delito. En rigor, el oficio no nace de una querella ni de una denuncia tradicional. Su detonante fue la conferencia de prensa del embajador. El micrófono abierto aceleró lo que hasta entonces avanzaba en silencio.

Con la comunicación recibida, de todas maneras, la Fiscalía Centro Norte se inclinó por abrir la indagatoria y ya instruyó a la PDI para la realización de pericias. En conocimiento de esto, por lo demás, desde el Ministerio de Seguridad se informó a Cancillería para que se hagan las comunicaciones respectivas a la embajada de Estados Unidos.