La Contraloría General de la República (CGR) identificó un total de 3.532 funcionarios públicos presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.

La información fue analizada en el decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la CGR, que detalla los resultados del análisis realizado a partir de un listado entregado por la Fiscalía Nacional, que contenía 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por los mencionados profesionales de la salud.

El órgano fiscalizador cruzó información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales. Por ello, la Contraloría detectó que de las 6.632 personas receptoras de estos documentos -contenidas en el listado del ente persecutor- los 3.532 funcionarios ya mencionados se encontraban en ejercicio a junio de 2025.

Además, se verificó que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, con un total de 192.781 días de reposo autorizados.

Respecto de la información de los 44 médicos investigados, se informó que todos son de nacionalidad extranjera. Junto con ello, se identificó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024 y cinco de ellos no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), requisito para desempeñarse en el sistema público de salud.

El informe señala que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas.

Asimismo, de la información examinada, la CGR detectó que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias en el periodo entre 2020 y 2022, volvieron a hacer uso de ellas entre 2023 y 2025. De estos documentos, 1.208 fueron otorgados por seis de los mismos médicos investigados por el Ministerio Público.

Desde la Contraloría notificarán a los organismos públicos que cuentan con funcionarios en ejercicio, para que se inicien los sumarios respectivos. Junto con ello, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su EUNACOM.