La Contraloría General de la República determinó que los beneficios laborales adicionales a los legales acordados entre la Fundación de la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y sus trabajadores no pueden financiarse con recursos públicos provenientes de convenios con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

El criterio quedó establecido en el dictamen N° D169/2026, firmado por la contralora Dorothy Pérez, a partir de consultas del ministerio, el servicio y la fundación sobre el financiamiento de beneficios incluidos en instrumentos colectivos.

Según el organismo, los recursos fiscales destinados a personal deben limitarse a obligaciones legales, excluyendo bonos, asignaciones o aguinaldos que excedan ese marco. Por ello, estos beneficios deberán ser cubiertos con recursos propios.

La Contraloría precisó además que el criterio regirá hacia el futuro, por lo que no se objetarán pagos anteriores.

Crisis financiera y déficit

El pronunciamiento se da en medio de la compleja situación financiera de Prodemu, que mantiene un déficit superior a los $1.500 millones.

De acuerdo a los antecedentes, la aplicación del nuevo criterio permitiría reducirlo a cerca de $300 millones, facilitando el pago de sueldos adeudados, aunque solo durante 2026.

Un informe de entrega de gestión, recibido por la ministra Judith Marín al asumir, ya advertía el deterioro financiero de la fundación.

El documento detectó una deuda de arrastre desde 2017 por $477 millones, originada en sobregastos y rendiciones rechazadas, además de otros factores como una factura impaga y la tramitación de un crédito por $500 millones.

Asimismo, se consignaron contratos colectivos firmados en diciembre de 2024 fuera del marco presupuestario, lo que proyectó rechazos por más de $422 millones para 2025.

En total, la deuda acumulada y proyectada alcanza los $1.501 millones, lo que, según el informe, sitúa a la institución en una situación de inviabilidad financiera.

Origen del conflicto

La situación se vincula al cambio de criterio de la Contraloría sobre qué gastos pueden financiarse con transferencias públicas, excluyendo beneficios de convenios colectivos que antes eran cubiertos.

Esto derivó en un aumento de gastos rechazados, sumado a obligaciones laborales sin respaldo presupuestario.

Desde la administración anterior señalaron que el problema fue abordado durante el traspaso. La exministra Antonia Orellana indicó que se solicitó un pronunciamiento al organismo para aclarar la rendición de estos gastos.

“Es precisamente para resolver el origen del déficit que hace un año le pedimos pronunciamiento a Contraloría (...). Si la respuesta es negativa, la opción es un proyecto de ley”, afirmó.

Definiciones pendientes

Prodemu, creada hace 35 años, depende principalmente de transferencias públicas para su funcionamiento, lo que limita su liquidez.

El futuro de la fundación será abordado en una sesión extraordinaria de su directorio, donde se analizarán alternativas como ajustes estructurales e incluso cambios en su funcionamiento.

Tras conocerse los antecedentes, la ministra Marín sostuvo que “Prodemu se encuentra en una situación preocupante”, y que se adoptarán medidas para contener el riesgo financiero en el corto plazo.