El jueves de la semana pasada, el Presidente José Antonio Kast removió a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda tras dar positivo en el test de drogas al que deben someterse el mandatario, los ministros y los subsecretarios.

Pero ese no fue el final de la historia, sino el inicio de una polémica que sigue sumando capítulos y personajes. De hecho, este jueves la exautoridad arremetió conta el laboratorio encargado de hacer los test, acusándolo de transgredir los protocolos relativos al tratamiento de datos sensibles y a la confidencialidad de la información de los pacientes. También insistió en que el resultado no es correcto.

Pero, ¿cuál es el laboratorio en cuestión? A través de una licitación pública, Corthorn Health fue el elegido para analizar las muestras de pelo de 65 autoridades. En su sitio web detallan que llevan casi tres décadas prestando este tipo de servicios.

“En Corthorn Health, no solo analizamos muestras, construimos confianza. Con 28 años de experiencia, nos hemos consolidado como el laboratorio clínico toxicológico líder en Chile, gracias a nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y el bienestar de las personas”, se lee en su sitio web.

De acuerdo a los documentos, la representante legal es Francisca Corthorn.

La empresa ofrece varios programas para detectar presencia de drogas de abuso, alcohol y otras sustancias tóxicas en muestras biológicas de los trabajadores como saliva, orina, sangre y cabello.

El laboratorio no es desconocido en el aparato estatal. Por años ha participado, mediante licitaciones públicas, en la realización de exámenes de orina mandatados en el Decreto Supremo 1215 de 2006 para el control de consumo de drogas en funcionarios del Estado.

Sin embargo, según se comenta en diversas instituciones sanitarias estatales, su irrupción en los análisis de pelo es más acotada en el sistema público, justamente la técnica elegida por las autoridades de gobierno para hacer los análisis de los integrantes del Ejecutivo. De todas maneras, según el registro que existe en Mercado Público, la plataforma de las licitaciones públicas, hay antecedentes antiguos que dan cuenta de la utilización de esta técnica: en julio de 2020 fue contratado por la Defensoría Penal Pública y en los exámenes toxicológicos requeridos se incluía la toma de muestra de pelo.

Más allá de eso, el historial demuestra que Corthorn Health es un proveedor habitual del Estado aplicando a test de diferentes matrices. La primera orden de compra o contratación directa de las 109 registradas en Mercado Público data del 27 de enero de 2020, dos años después de la constitución de la empresa. Fue para un servicio de análisis de confirmación de control de drogas de la Unidad Contable de la Dirección de Salud de Carabineros de Chile.

En el registro público se aprecia que son más de 20 las instituciones de Estado que desde esa fecha le han encargado diversos análisis. ¿Cuáles? La corporación administrativa del Poder Judicial; Senda; Defensoría Penal Pública; Gendarmería; Armada; PDI; Hospital de Talca; Municipalidad de Colina; Universidad de Chile; Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente; Fuerza Aérea; subsecretarías del Trabajo, de Minería, de Seguridad Pública y de las Culturas; Serviu de Atacama; Serplac de Arica y Parinacota; Seremi de Educación de Antofagasta; Seremi de Cultura de Magallanes; Superintendencia de Salud; CFT Magallanes; y el Ejército.

El contrato actual

Desde que asumió el Ejecutivo actual el 11 de marzo de este año, son en total 17 las órdenes públicas que aparecen en el registro. De ellas, algunas pertenecen a instituciones independientes del gobierno central, pero hay 12 que sí lo son. Las subsecretarías de Seguridad Pública, de las Culturas, de Minería y del Trabajo, entre otras, licitaron servicios.

El más reciente de ellos es uno por $29.999.970 brutos. Esa es, justamente, la licitación cuyo contrato derivó en el positivo del exsubsecretario y que fue solicitado por Senda, la institución encargada técnica y financieramente del proceso de pesquisa a las autoridades de gobierno luego de que en la Ley de Presupuestos 2026 haya quedado establecido que el Presidente, ministros y subsecretarios deben someterse semestralmente a un control de consumo.

En la especificación del servicio contratado tras una licitación a la que Corthorn Health fue el único laboratorio que se presentó se lee: “Análisis confirmatorio de cuatro drogas en pelo incluye toma de muestra en terreno, kit de toma de muestra y análisis confirmatorio para 65 autoridades”.

“Por el presente contrato, Corthorn Health Limitada se obliga a realizar el servicio consistente en la aplicación, procesamiento, análisis y reporte de un examen para pesquisar y detectar la presencia de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, mediante muestra biológica de pelo, respecto del Presidente de la República, sus Ministros y Ministras de Estado y Subsecretarios y Subsecretarias, en los términos establecidos en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos, respuestas y aclaraciones, propuesta técnica adjudicada, oferta económica y demás antecedentes que forman parte integrante del presente contrato”, detalla el contrato al que accedió La Tercera.

En el mismo se establece que la toma de muestras se realizará preferentemente en las dependencias gubernamentales de la respectiva autoridad, debiendo el contratista asegurar en todo momento la reserva, trazabilidad, confidencialidad, inviolabilidad de las muestras, cadena de custodia y resguardo de los datos personales y sensibles asociados al procedimiento. Asimismo, se consigna que el servicio contratado no tiene por objeto diagnosticar dependencia, adicción ni otra condición clínica de las autoridades examinadas, “sino únicamente pesquisar la presencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, o sus metabolitos relevantes, en una muestra biológica de pelo”.

En el contrato se obliga al laboratorio a entregar un informe, entre otras cosas, con el número de autoridades consideradas en el proceso, el número de muestras tomadas, las contramuestras conservadas, o los incidentes operativos y medidas adoptadas. Una vez presentado el informe, Senda disponía de 5 días hábiles para formular observaciones.

Además, el contrato resguarda ciertas situaciones que la ahora exautoridad está cuestionando. Por ejemplo, se establece la obligación al laboratorio de garantizar la existencia de un sistema documentado de cadena de custodia; efectuar los análisis mediante técnicas validadas para matriz de pelo, “incluyendo la confirmación de resultados positivos mediante técnica cromatográfica acoplada a espectrometría de masas u otra técnica equivalente o superior validada para matriz de pelo; mantener contramuestras suficientes para verificación en caso de resultados positivos, no concluyentes o impugnados; y asegurar que las autoridades examinadas puedan declarar, antes de la toma de muestra, medicamentos, tratamientos médicos u otros antecedentes relevantes que pudieren incidir técnicamente en la interpretación del análisis. También la reserva, confidencialidad y protección de datos.

“Las contramuestras asociadas a resultados positivos, no concluyentes o impugnados serán conservadas por un período de 6 meses contado desde la emisión del respectivo informe de resultados, plazo durante el cual permanecerán disponibles para su análisis, previa solicitud fundada, conforme a las bases técnicas y a la propuesta técnica adjudicada”, se lee en otra parte.