Crimen en edificio de Santiago Centro: presunta coautora de homicidio queda en prisión preventiva

Frontis edificio de la  Fiscalía Metropolitana Centro Norte:
Frontis edificio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte: Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Joven trans de 17 años fue asesinada con un balazo durante la madrugada del lunes. Su cuerpo fue dejado en plena vía pública.


El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para la mujer que ayer fue detenida por su presunta responsabilidad en el crimen de una joven trans de nacionalidad colombiana, en un hecho ocurrido en el centro de Santiago el 16 de octubre.

Gina Caicedo (32), también de nacionalidad colombiana y quien fuera aprehendida por Carabineros, fue formalizada como coautora de homicidio. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Centro Norte, durante la madrugada de ese día un grupo de personas disparó contra la joven de 17 años en el interior de un departamento ubicado en calle Tucapel Jiménez. El disparo causó su muerte en el acto.

Posterior a ello, los sujetos, dos hombres y dos mujeres, dejaron el cuerpo en plena vía pública. Luego, todos huyeron. Según la fiscalía, la imputada, para evitar ser descubierta se inscribió en el registro de visitas del edificio bajo el nombre de su hermana.

El abogado vocero de la Fiscalía Centro Norte, Roberto Alarcón, señaló: “Las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público, con apoyo del OS9, permitió la identificación de una de las personas involucradas. Así entonces, a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad dispuestas en el lugar, sumado a la colaboración de la comunidad, que identificó a una de las personas, fue en definitiva posible identificar y pedir la orden de detención”.

“Hacemos presente también que se trata de una investigación que actualmente mantiene importantes diligencias en curso precisamente con el objeto de detener e identificar a todos los sujetos involucrados y que aparecen en captados en las grabaciones de las cámaras de seguridad”. El Ministerio Público dispuso a un fiscal especializado en delitos violentos, pero también “una investigación con perspectiva de género”.

Se decretaron 120 días de investigación.

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