Otra de las aristas del denominado caso Convenios entró en la recta final. Esto, luego de que el pasado 1 de septiembre la Fiscalía Regional de Los Lagos ingresara acusación en la arista referente a la Corporación Kimün, donde se mantenía como imputado el aspirante a presidente Diego Ancalao.

El exdirigente estudiantil, quien hizo noticia al transformarse en el primer investigado en esta mega causa que fue detenido por orden del Ministerio Público -en agosto de 2023-, es uno de los seis acusados en esta hebra investigativa. Y en concreto, por el delito de lavado de activos, arriesga una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, el pago de una multa de 800 UTM, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y otras accesorias.

En el marco de esta indagatoria, el fiscal Marco Muñoz indagaba un convenio que se adjudicó la citada corporación para ejecutar un programa de saneamiento de títulos, por el cual recibió $ 1.200.000.000 de parte de la Gobernación Regional de Los Lagos.

Así, tras meses de indagación, estableció que Kimün “no cumplía con las competencias técnicas y económicas necesarias para que se le adjudicara el programa” y que, además, “las obligaciones del convenio celebrado no fueron cumplidas y los recursos públicos entregados fueron distraídos en breve tiempo y utilizados con ánimo de lucro en fines distintos a los autorizados para el objetivo del programa", lo que ocasionó un importante prejuicio a las arcas fiscales.

De acuerdo con el detalle de la acusación, Ancalao junto al acusado Jaime Huincahue, “realizaron una serie de conductas y operaciones destinadas a usar los dineros públicos entregados, transfiriéndolos en forma fragmentada al Instituto Profesional y Centros de Formación Técnica Los Lagos, integrándolos a sus patrimonio para utilizarlos en el pago deudas y gastos operacionales de sus distintas sedes”.

Se precisó, en el mismo sentido, que los dineros fueron a parar al pago de arriendos, servicios básicos, sueldos y honorarios del personal docente, administrativo, directivo, y también de los propios imputados.

O sea, recalcó el Ministerio Público, utilizaron “los dineros en total desconexión con los fines públicos establecidos en el convenio celebrado con el GORE, y además ocultando y disimulando el origen de los recursos, mediante uso del sistema financiero, proceso de blanqueo de activos que se basa en las siguientes conductas”.

Los demás imputados

En cuanto a las penas solicitadas para el resto de los acusados, se detalló que para Viviana Godoy y Gloria González "por el delito de fraude al Fisco se solicitó una pena de siete años de cárcel, el pago de una multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos y otras accesorias".

Respecto de Rodrigo Fuentes, se solicitan penas que, en suma, superan los 12 años de cárcel (más accesorias), por fraude al Fisco y Cohecho.

Para Jaime Huicahue, se solicita se le condene por los delitos de estafa, soborno y lavado de activos, a penas que suman más de 12 años y accesorias.

Y para Viviana Guzmán se requieren penas que suman más de 8 años, por los delitos de estafa y soborno.

Operadores políticos

Ante la presentación de la acusación, Ancalao tildó al Ministerio Público de “operador político” y apuntó a que los persecutores “perdieron el rumbo”.

“La Fiscalía eliminó el 90% de los cargos por los que me formalizó y me mantuvo en prisión preventiva, incluyendo fraude al fisco, cohecho, uso ilegal de personalidad jurídica, compra del IP y CFT Los Lagos, y otros. Estos delitos fueron ventilados en la prensa, pero jamás cometidos. Así lo demostró la investigación, que también evidenció la falsedad de las pruebas presentadas por el fiscal”, manifestó Ancalao.

Junto con ello, enfatizó: “Intentan vincularme a un delito cometido por un tercero confeso, usando una narrativa de populismo penal que desprecia el debido proceso. Esta operación es una burla al sistema de justicia chileno (...) Cuando el objetivo es encarcelar a un dirigente mapuche para silenciar su voz y nuestra lucha, no importan las pruebas ni la igualdad ante la ley. Sólo importa la condena como herramienta de control político y social".

“El sistema judicial y la democracia chilena tienen una herida abierta con el pueblo mapuche. Exijo que se investigue el actuar del Ministerio Público y que se garantice un proceso justo para todos los líderes indígenas perseguidos por razones políticas”, complementó el acusado.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el próximo 6 de octubre.