El biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, abordó esta jornada la deuda de $ 30.000 millones que, según el gobierno, se arrastra desde la administración de Gabriel Boric en la cartera de Transportes.

Ayer jueves, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, abordó la polémica en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, indicando que “hay que revisar responsabilidades administrativas y potencialmente judiciales”.

Consultado por el caso esta jornada en entrevista con Radio Agricultura, el biministro De Grange detalló el origen de la deuda, explicando que ésta se remonta a cuatro años atrás.

“Esa deuda proviene de pagos antiguos por servicios prestados que incluso parten en el año 2022″, detalló. “Hay pagos pendientes 2022, 2023, 2024, principalmente 2025 y nosotros lo detectamos al iniciar la administración en el mes de marzo, cuando empezamos a tener reuniones con los operadores mismos, sobre todo operadoresde regiones”.

Éstos, indicó, son operadores pequeños que tienen “una flota chica” o barcasas, por ejemplo, “y empezaron a levantar la inquietud de estas deudas, que no podían seguir operando, que tenían dificultades para continuar la prestación del servicio”.

Sobre esto, el biministro indicó que han comenzado con el pago, pero han debido utilizar el presupuesto de este año.

“Ya hemos avanzado con más de un tercio del pago pendiente, pero que no estaba presupuestado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es usar el presupuesto 2026 para pagar estos pagos que venían del 2025-2024-2023 y hasta 2022″, señaló.

Consultado sobre si la administración anterior le había informado de esto en las reuniones de traspaso al asumir la cartera, el secretario de Estado indicó que no, sino más bien, se empezaron a enterar de esto con las reuniones con los gremios.

“Los primeros antecedentes surgieron como datos proporcionados por los mismos operadores, y ahí empezamos a hacer la investigación más completa,y llegamos a la cifra de 30 mil millones de pesos de deuda pendiente, que ya estamos con mucho esfuerzo y mucha diligencia poniéndonos al día, porque son operadores importantes”, expresó.

Si bien esta es “una cifra muy importante” que los deja “muy preocupados”, De Grange apuntó que no es el único problema que han detectado.

“Está el no cobro de multas por incumplimiento de contrato. O el no cobro de boletas de garantía o de pólizas de seguro también por incumplimiento de contrato”, señaló. “Es decir, hay multas o pólizas de seguro o boletas de garantía que debieron haberse cobrado en 2022, por ejemplo, y que no se cobraron, o se cobraron los primeros días de marzo. Eso es lo que estamos investigando”, explicó. Esto, indicó con operadores de servicios de regiones.

Sumado a esto, denunció el biministro, detectaron otra irregularidad: en algunos casos, específicos, indicó, “se pagó por servicios que no se prestaron”.

“Creo que es el caso más grave de todos, porque en el fondo los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos, se generaron transferencias por servicios que nunca se prestaron”, sostuvo. Esto, también ocurrió en regiones.

“Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva de todos los antecedentes”, añadió.

El sumario respecto a esto, indicó, lo iniciaron ya en marzo, y lo han ido ampliando “en función de los hallazgos que hemos descubierto”.

“Cuando cierre la investigación hay una serie de procesos normativos, sancionatorios internos, y también si es que hay que ir a los tribunales de justicia, iremos a los tribunales de justicia”, sostuvo.