Defensa de imputado por homicidio de subinspectora Valeria Vivanco intentó culpar a otro funcionario de la PDI

Familiares de la detective Valeria Vivanco exigen justicia en el caso.

Familiares de la detective Valeria Vivanco han desarrollado manifestaciones exigiendo justicia en el caso. Foto: Agencia Uno.

"Conforme a los argumentos que fueron esgrimidos por el Ministerio Público, la evidencia científica y pericias que se encuentran adjuntas a esta extensa investigación, formaron la convicción en el tribunal para desechar esta nueva teoría", señaló el fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo Álvarez.


En el 12° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este jueves la audiencia de revisión de las medidas cautelares en contra del funcionario de la Policía de Investigaciones Leonel Alejandro Contreras Canales, formalizado el 5 de noviembre del año pasado como presunto autor del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco.

El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo Álvarez, explicó que en la audiencia “la defensa presentó una serie de peritajes que, de acuerdo a su visión, establecerían la participación de otro funcionario y no la del imputado Contreras”.

“Conforme a los argumentos que fueron esgrimidos por el Ministerio Público, la evidencia científica y pericias que se encuentran adjuntas a esta extensa investigación, formaron la convicción en el tribunal para desechar esta nueva teoría planteada por parte de la defensa, la cual carece de los fundamentos necesarios para sustentar esta nueva versión”, aseguró el persecutor.

El fiscal Toledo enfatizó que los peritajes balísticos correspondientes establecieron con claridad que el proyectil que dio muerte a la subinspectora Valeria Vivanco “salió desde el arma del detective Contreras”.

Así, fue desechada esta teoría y se mantuvo la prisión preventiva para el imputado al considerar que sigue constituyendo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Las vueltas en el caso

Valeria Vivanco Caru perdió la vida dos semanas después de cumplir 25 años. La joven se convirtió en la mártir número 57 de la Policía de Investigaciones luego ser baleada en medio de un procedimiento en la Población Santo Tomás, en el límite entre las comunas de La Granja y La Pintana. Eran las 15.30 horas del domingo 13 de junio de 2021.

Leonel Contreras Canales, integrante de la Brigada de Homicidios de la institución y quien acompañaba a Vivanco en el fatal procedimiento fue formalizado y permanece en prisión preventiva como autor del homicidio de su compañera.

La jornada en que falleció la funcionaria, sin embargo, la PDI emitió un comunicado señalando que una bala dio en su cuerpo “tras ser emboscada por delincuentes”. Miguel Alejandro Caniupán Calabrano, de 19 años, y un adolescente de 17 años fueron detenidos, formalizados y estuvieron en prisión preventiva por el crimen.

Un peritaje, desarrollado por la propia PDI, apuntando a que los tres acompañantes de la malograda joven estaban faltando a la verdad, generó un vuelco en la indagatoria. La Policía de Investigaciones suspendió de sus funciones al subcomisario, la subcomisario y el detective que ese día participaron de la diligencia.

Tras esto la Fiscalía Sur comenzó a indagar presuntas maniobras de obstrucción a la investigación que, en una de sus aristas, apuntan al rol del Alto Mando en haber supuestamente ocultado los resultados que daban cuenta del vuelco en el caso. Ello, tras conocerse de que uno de los peritajes balísticos que concluyó que el disparo que dio muerte a la detective fue ejecutado por un compañero estuvo 40 días “oculto”.

Reconstitución de escena del crimen en agosto del año pasado.

El 9 de agosto del año pasado, con siete declaraciones y cerca de nueve horas de diligencias tuvo lugar la reconstitución de escena del hecho, en la intersección de calle Las Parcelas con Santo Tomás. Entonces, permanecían aún en prisión preventiva los jóvenes injustamente imputados. Al día siguiente, a solicitud del Ministerio Público el tribunal modificó sus medidas cautelares decretando el arraigo nacional para ambos, firma mensual para el mayor de edad y sujeción al Sename para el adolescente.

A fines de mayo de este año el plazo de investigación fue ampliado en 90 días.

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