Defensa de Karen Rojo estudia pedir nulidad tras ser condenada a cinco años de prisión

No reuniéndose requisitos legales, no se sustituye la pena impuesta a la sentenciada Karen Paulina Rojo Venegas por alguna de las contempladas en la Ley 18.216, por lo que deberá cumplirla efectivamente contabilizándose desde que se presente o sea habida, no existiendo abonos que considerar.

Así resolvió ayer el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta -integrado por los jueces Lilian Durán, Marcelo Echeverría y Juan Luis Salgado- que la exalcaldesa de esa ciudad (cargo que ejerció entre 2012 y julio de 2020) deberá cumplir una pena de cinco años y un día en la cárcel, luego de que el 31 de diciembre fuera condenada por fraude al Fisco en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016.

También fue sentenciada a la inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos, inhabilitación de cinco años y un día para ejercer cargos públicos, y al pago de una multa correspondiente al 20% del perjuicio al Fisco causado, lo que equivale a $ 4.344.485.

Sin embargo, la exedil fue absuelta de fraude al Fisco y negociación incompatible en contra de la Corporación Cultural de Antofagasta.

Los jueces dieron por acreditada la imputación del Ministerio Público en contra de Rojo, sosteniendo que la exedil contrató una asesoría de la empresa Main, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta, que habría tenido como real objetivo mejorar su posición para su reelección como jefa comunal, de cara a los comicios de 2016.

De acuerdo al fallo, todo comenzó en agosto de 2015, cuando Rojo se reunió con el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson. quien le propuso que José Miguel Izquierdo Sánchez la asesorara políticamente.

“La propuesta fue aceptada por Rojo a fines de septiembre (de 2015). (...) Sin embargo, a mediados de octubre, y ante la dificultad de obtener fondos para el pago de la asesoría que ya se estaba ejecutando, Rojo optó en forma deliberada por instruir la celebración de un contrato de asesoría comunicacional entre Main y la CMDS (...). Tal decisión fue adoptada por Rojo en su calidad de alcaldesa y presidenta del directorio de esa corporación, concertándose con su secretario ejecutivo, Edgardo Vergara Montt”, detalla la resolución.

En total Rojo canceló a Izquierdo “$23.722.428, los que fueron pagados con fondos fiscales”.

El abogado de Rojo, Jorge Bofill, señaló que “el tribunal no nos ha hecho llegar hasta este minuto la sentencia, de la cual únicamente conocemos lo que se comunicó en la audiencia de hoy, que duró solo algunos minutos. Una vez recibida, la estudiaremos, para examinar posibles vicios de nulidad”.

Agregó: “En todo caso, en base a lo que escuchamos en el veredicto, el tribunal dio valor probatorio a la declaración de testigos que se contradicen reiteradamente a sí mismos y entre sí. Cómo sea posible llegar a una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable es algo que cuesta imaginarse. Lo mismo ocurre con la pena, que tiene diferencias fundamentales entre dos acusados que fueron condenados por exactamente lo mismo”.

Este es el caso de Edgardo Vergara, quien fue condenado a una pena tres años y un día, inhabilitación de tres años y un día para ejercer cargos públicos y al pago de una multa del 10% del perjuicio causado. Se le concedió la libertad vigilada.

En tanto, en diciembre de 2019, Izquierdo Sánchez fue suspendido condicionalmente del proceso.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio, sostuvo que la sentencia “es clara y categórica, en defensa del patrimonio y la probidad pública, acorde con la gravedad del delito cometido en perjuicio de la Municipalidad de Antofagasta por quien fuera su máxima autoridad”.

Además, a raíz de una demanda civil presentada por el CDE, el tribunal condenó a Rojo y Vergara a pagar solidariamente la suma de $ 7.795.685, más intereses y reajustes.

En tanto, en diciembre pasado el Tribunal Electoral Regional sancionó a Rojo por contravención grave a las normas de probidad y notable abandono de deberes. La exedil quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, tras denuncias de concejales.