Esta tarde, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso ante la Comisión de Salud la Nota Técnica Interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes: análisis al procedimiento con enfoque de derechos, informe realizado por El Observatorio de Derechos de la institución y en donde examinaron la implementación de esta ley, además de evaluar el cumplimiento de estándares de derechos humanos en las distintas fases del procedimiento.

Según dieron a conocer en la presentación, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y septiembre de 2025, 560 niñas y adolescentes han iniciado un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, siendo el 86% de los casos por causal de violación.

El 45% son de niñas menores de 14 años y casi en su totalidad son por causal de violación.

La mayor cantidad de casos de IVE se concentra en las regiones Metropolitana (161), Valparaíso (70) y Biobío (47).

Asimismo,detallaron, a octubre de 2025, había un total de 2.430 profesionales del sector de salud pública objetores de conciencia. El 43% son médicos obstetras. La gran mayoría de las objeciones son por la causar 3 (1.148).

“Es importante señalar también que si salimos de esta cifra, pudimos levantar la cifra general, que del total de los médicos que son objetores de conciencia, el 40% de los médicos obstétricos son objetores de conciencia, lo que aún da cuenta de una gran brecha que existe para efectos de dar cumplimiento a lo que la propia ley indica", advirtió al respecto Quesille.

En esta línea, desde la Defensoría destacaron que identificaron “al menos” 20 barreras, o “nudos críticos”, en la implementación de esta ley, y que van desde el acceso al procedimiento IVE a los mecanismos de exigibilidad frente a un incumplimiento.

“Levantamos como una brecha muy importante el tiempo insuficiente que existe para la detección y la constitución de la causal en niñas y adolescentes”, señaló Pascale De Saint Pierre Lobos, de la Defensoría. “Aquí identificamos que los plazos y los procesos de la interrupción voluntaria del embarazo no se ajustan adecuadamente a las condiciones biopsicosociales de las niñas y adolescentes, lo que dificulta la detección temprana, genera mayores demoras, especialmente en la causal 3, por factores legales y estructurales".

“Aquí vemos casos en que es muy difícil para niñas y adolescentes percatarse de sus embarazos, por tanto, por motivos de institucionalización, etc, las niñas y adolescentes no llegan a los servicios públicos", señalaron.

En esto, indicó, “hay dificultades graves para que niñas y adolescentes y sus cuidadores reclamen ante incumplimientos de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, cuando no se constituye la causal".

Junto con esto, advirtió además que existe “una barrera muy, muy grande, que es de desconocimiento y falta de difusión de esta garantía”.

“Existe un muy bajo conocimiento de la ley por parte de todos los actores, que configura una restricción en el acceso, interpretaciones restrictivas, y específicamente a raíz de la normativa que establece que no debe publicitarse o promocionarse la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual ha sido interpretado por parte de los mismos establecimientos de salud en cuanto a no entregar información sobre este procedimiento”, sostuvo

Esto, advirtieron, si bien cambia con el nuevo reglamento de objeción de conciencia, han identificado que “hasta ahora no está siendo aplicado”.

Oficio al Minsal por objetores de conciencia

Sobre la presentación, la senadora Ximena Órdenes (Indep) manifestó preocupación por la cifra de objetores de conciencia, considerando que "es un número bien importante de médicos en Chile", y que en este sentido, no puede quedar “un punto ciego” en esta materia, ya que tampoco es fácil ni expedito trasladar un médico a zonas más remotas del país y esto puede afectar el tiempo de los procedimientos que necesita esta ley.

En esto, los parlamentarios de la comisión acordaron pedir mediante oficio al Minsal la cantidad de médicos objetores de conciencia del país, tanto en lo público como en lo privado.

Al respecto, el senador y presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS) también manifestó su inquietud, ya que de existir establecimientos en donde el 100% de sus médicos fuesen objetores de conciencia, esto "obviamente constituye una situación que dilataría los procesos".