Señales de narcotráfico, un inmueble quemándose y dos carabineros heridos marcaron el desarrollo del segundo día de desalojo a la megatoma de San Antonio, el asentamiento más grande de Chile. El proceso ha sido desordenado y, en algunas etapas, contradictorio. Este martes, 32 familias más se fueron del predio, totalizando ya 76 entre desalojos y salidas voluntarias.

“Sabemos que estamos en un terreno hostil”, sostuvo la general de Carabineros Patricia Vásquez, jefa de zona de la Quinta Región. Y si el lunes ya se habían vivido algunos episodios de violencia, esta segunda jornada se volvió a manifestar en diferentes puntos de tensión, con más de 19 bombas incendiarias lanzadas contra las fuerzas especiales, además del incendio de un inmueble, disparos contra funcionarios y más personas detenidas.

El proceso se enmarca en una orden de desocupación emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace tres años, ratificada por la Corte Suprema en 2024. Esto, seguido de un proceso de fracasadas negociaciones entre el gobierno y los dueños de los terrenos. Es en este escenario que desde el Ministerio de Vivienda se anunció la expropiación de 110 hectáreas de las 215 que componen la megatoma.

Así, el lunes 12 de enero se inició el desalojo de los terrenos no expropiados, comenzando por la parcela 11. Durante este martes le siguió la parcela 13, que en específico avanzó hasta un 70% de demolición. “Eran 32 las familias, las viviendas, los techos, que teníamos considerados en esta parcela. Había familias que ya se habían retirado”, sostiene el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme. Sumadas a las 44 familias que residían en la parcela 11, la cifra eleva las viviendas desocupadas a 76.

Pero el desalojo no estuvo exento de episodios de tensión. Dos funcionarios policiales resultaron heridos: un sargento segundo fue impactado con una bala en el codo izquierdo y un cabo segundo recibió un perdigón en la rodilla. Ambos fueron trasladados al Hospital de Carabineros. Con ello, la cifra de efectivos policiales lesionados se eleva a tres desde que arrancó el proceso, considerando al funcionario de la PDI herido con perdigones el lunes.

En este contexto, ya van 13 detenidos en total: tres el lunes y 10 el martes. Entre los últimos, seis fueron apresados por homicidio frustrado a carabineros, tres por ley antibarricadas y el restante por la generación del fuego en la parcela 11.

Pero hay otra gran preocupación para los efectivos policiales y para el gobierno: los grupos armados que desde el interior de la toma se resisten al desalojo.

La general Vásquez señaló que hubo “hallazgo de microtráfico, narcotráfico, armamento”. Del mismo modo, catalogó que lo anterior es “crimen organizado, por lo tanto son sectores delicados que hay que tratar con mucha planificación”.

Por este motivo, la uniformada reconoció que se tardarán más de lo presupuestado en asegurar el terreno.

Minvu reafirma programa habitacional

Las jornadas de violencia al interior de la toma ponen en entredicho el cronograma que ideó el gobierno para enfrentar el delicado operativo y obligaron al ministerio de Vivienda a emitir un comunicado para reafirmar que el plan de Vivienda para la zona sigue en pie.

Por lo mismo, durante la tarde de este martes el ministerio emitió un comunicado afirmando que el programa habitacional se mantiene en curso para quienes cumplan con los requisitos, a quienes se les adjudicará el subsidio en las próximas semanas.

También afirman que quienes iniciaron los desmanes no cumplen con los requisitos o tienen más de una vivienda. Respecto de las personas vinculadas al crimen organizado, aseveran que “son grupos pequeños, que no representan a quienes habitan pacíficamente el Cerro Centinela”.

En el gobierno insisten en que los incidentes responden a grupos minoritarios que desde el inicio del proceso han querido evitar un acuerdo con el gobierno. Sin embargo también reconocen que ha habido descoordinaciones.

El lunes se informó a las familias qué parcelas se empezarían a desalojar para que los pobladores avanzaran en el desarme y despegue de la zona. Funcionó el primer día con la parcela 11. Pero Carabineros luego tuvo que enfrentar barricadas que los obligaron a cambiar el itinerario e ingresaron por sectores que aun no estaban preparados para salir, lo que aumentó al tensión en el Cerro Centinela.

Elizabeth Rivera, vocera de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, sostiene que Carabineros no está respetando los acuerdos ni los protocolos. “Están haciendo lo que quieren, nadie tiene un control sobre ellos”, asegura. En esta línea, agrega que han ocurrido ingresos a zonas a las que todavía no les corresponde el desalojo. “Están completamente descoordinados, tanto Serviu, municipio, los equipos de emergencia con Carabineros”, añade la dirigenta.

En paralelo dentro de la megatoma se han producido peleas entre sus habitantes, relacionadas con los desplazados y personas a las que responsabilizan por “vender” terrenos dentro del predio que ahora está siendo desalojado.

¿Y a dónde se van las familias desalojadas? El delegado Riquelme sostiene que “muchos se trasladaron a casas de familiares o se ubicaron al interior de los territorios a expropiar”. Hasta el cierre de esta edición, todavía nadie había hecho uso -ni lunes ni martes- del albergue dispuesto por el municipio de San Antonio. “La idea es no ocupar los recursos del albergue porque puede que llegue un momento en que una familia que no califique al subsidio lo vaya a ocupar. Si podemos reubicar a la gente que sí califica, lo hacemos”, señala la dirigenta de la megatoma.

Para este miércoles 14 está presupuestado no seguir avanzando con trabajos de desalojo, sino consolidar lo que ya se lleva con demolición, planificación y cierres perimetrales.