Para este lunes 12 de enero está programado el inicio del desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, una medida que afectará a cerca de 2.000 familias que ocupan de manera irregular parcelas del sector.

El operativo, definido tras un fallo de la Corte Suprema, ha reactivado el debate político y generado críticas desde la oposición y llamados a cautela desde el oficialismo, en medio de un escenario marcado por acciones judiciales pendientes.

La decisión contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas, destinadas a un proyecto habitacional para parte de los residentes, mientras que las 115 hectáreas restantes serán desalojadas de forma gradual. El plan fue notificado a los habitantes el pasado 8 de enero mediante carteles instalados en distintos puntos del terreno, informando que el proceso se realizaría de manera progresiva.

Sin embargo, el mismo día se presentó un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., lo que podría retrasar o modificar el operativo. La acción judicial fue interpuesta por una residente que actúa sin abogado y que afirma vivir de manera continua y pacífica en la parcela 15 desde hace más de 30 años.

Según el escrito, la autoridad administrativa estaría excediendo sus atribuciones y desconociendo resoluciones judiciales previas, entre ellas una sentencia del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio de 2013, que habría reconocido la posesión legítima de la recurrente. El recurso solicita suspender cualquier intervención de la fuerza pública hasta que exista un juicio que determine la situación legal de los ocupantes.

El desalojo será ejecutado por un contingente reforzado de Carabineros provenientes de Santiago e incluirá medidas extraordinarias, como el uso de drones para monitorear el proceso, la instalación de cercos y maquinaria en los predios, e incluso la evaluación de zanjas para evitar eventuales retomas.

La primera etapa se iniciará en el sector 11, para luego continuar en los sectores 13, 15 y Bosques del Mar, en un procedimiento que podría extenderse entre uno y tres meses, e incluso hasta seis u ocho, según estimaciones de las autoridades.

Reacciones desde el Congreso

En el poder legislativo la medida ha generado reacciones contrapuestas. Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Hotuiti Teao, cuestionó la gestión del Ejecutivo y acusó improvisación en la solución planteada. “Este Gobierno, que tanto pregonó sobre su prioridad de amparar a quienes viven en asentamientos irregulares, tuvo cuatro años para buscar una solución real para las más de 10 mil personas que allí residen y no lo hizo”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que la expropiación parcial no resuelve el problema de fondo y responsabilizó al Estado por el conflicto actual. “Me he reunido con familias de la megatoma y ellas mismas acusan haber llegado a acuerdos con el Ministerio y con la Seremi de Vivienda que nunca se cumplieron”, señaló.

En ese sentido, apuntó directamente: “Esa es la raíz del conflicto: promesas incumplidas, compromisos que quedaron en el papel y un Estado que generó expectativas para luego no hacerse cargo”, señaló, calificando la medida como “una solución parche” que será heredada al próximo gobierno.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito puso el acento en la ejecución del fallo judicial y en la necesidad de reforzar la política habitacional en la zona. “Que este proceso marque un punto de inflexión hacia una política de vivienda más eficaz y efectiva, considerando que en San Antonio la necesidad habitacional es enorme y que la oferta de proyectos ha sido insuficiente y, en algunos casos, en condiciones de habitabilidad inadecuadas”, expresó.

Brito agregó que espera que el operativo se realice con resguardos sociales adecuados. “Deseamos que la orden del tribunal se ejecute con la mayor tranquilidad posible, activando oportunamente todas las ayudas sociales necesarias, especialmente para las familias con niñas y niños”, indicó.

En paralelo, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló: “Estamos hablando de un proceso de desalojo que es el más amplio que se ha desarrollado hasta ahora en nuestro país y por eso los detalles del proceso mismo no han sido revelados, porque cada vez que la prensa ha publicado detalles de procesos de desalojo, estos han sido más difíciles", dijo el jefe de gabinete.

En ese sentido, agregó: “Aquí, de la mano con el proceso de desalojo y cumplimiento irrestricto a la sentencia de los tribunales, vamos a llevar adelante también el desarrollo de un plan de solución habitacional“, añadió.

Por último, Elizalde advirtió a los vecinos de las zonas que serán desalojadas: "Salgan de esos lugares o, en caso contrario, se va a operar con la acción de la fuerza pública, como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo".