“El coronel Rubén Pérez es un funcionario de Gendarmería con una larga trayectoria en el sistema penitenciario. Conoce el sistema desde dentro, sabe tanto sus virtudes como sus debilidades y, por lo mismo, es la persona adecuada que hemos considerado para llevar adelante los desafíos que requiere esta institución que es tan importante para nuestro sistema de justicia”.

Con esas palabras el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), presentó al recién ratificado director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, con quien la mañana de este miércoles sostuvo una primera reunión de trabajo.

Junto al subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz (PL), el secretario de Estado conoció de las primeras disposiciones del funcionario respecto de los equipos con que trabajará.

Pérez informó que la hasta ayer subdirectora operativa subrogante, Helen Leal, se desempeñará como su jefa de gabinete, y que María Angélica Aguirre, otrora jefa de gabinete del exdirector nacional Sebastián Urra, pasará al mando de la Subdirección Operativa.

Hecho el punto, entraron al fondo de los desafíos que el coronel tendrá a la cabeza de la institución penitenciaria, pues es de público conocimiento que él llegó al cargo en momentos en que la entidad enfrentaba duros cuestionamientos.

No solo debió contener la polémica por la salida de su antecesor por haber tramitado fugazmente el traslado de su hermano, sino que también la crisis por la excarcelación errónea del sicario Alberto Mejías, por el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios y, además, la fuga de tres peligrosos reos desde la cárcel de Valparaíso.

“Soy Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, recientemente designado por el Presidente, a quien doy las gracias conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Justicia, por haber considerado una vez más que un oficial de carrera puede estar al mando de esta noble institución. Doy gracias a Dios, porque gracias a él y al trabajo abnegado tengo el honor de liderar este servicio público”, sostuvo en su primera alocución pública.

A pesar de que desde el 9 de julio –cuando comenzó la subrogancia– ha tenido semanas cargadas de trabajo, se mostró firme. De hecho, junto al ministro Gajardo y el subsecretario Muñoz detalló las labores desplegadas para reforzar la seguridad de los diferentes penales del país, ya que no hay margen para nuevas irregularidades, ni menos para otro evento de connotación como la fuga del 15 de agosto.

Así, secundando a Gajardo, reiteró que dentro de los énfasis que se darán está la mayor presencia de personal operativo: 500 funcionarios que desarrollaban labores administrativas, pasarán a desempeñarse en el control de la población penal.

Junto a las autoridades de Justicia, además, definió que se replicará el modelo de máxima seguridad que impera en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) –antes conocido como la Cárcel de Alta Seguridad– en el resto de los módulos de esa clasificación del país. Eso quiere decir que de manera gradual se aplicará, en todos los recintos, el uso de uniformes por parte de los reos más peligrosos, visitas por locutorio y sin contacto físico, encomiendas restringidas, solo dos horas de patio al día, monitoreo permanente y celdas individuales.

Se definió además que las condiciones de seguridad, igualmente, se someterán a la evaluación de expertos internacionales de la Unión Europea y del Banco Interamericano del Desarrollo, para ponderar los mecanismos establecidos y las fórmulas de segregación. Las visitas, de acuerdo con lo confirmado por Gajardo, comenzarán la primera semana de septiembre.

Pérez informó, igualmente, que dispuso el cambio en la jefatura de la Escuela de Gendarmería, “con el propósito de poner mucho ahínco en lo que es la formación de nuestros funcionarios desde el punto de vista valórico, ético, con enfoque en el crimen organizado y porque es relevante que este servicio público esté al tenor de los tiempos, más allá de los procesos de reconocimiento y acreditación como plantel de educación superior en que se encuentra la escuela”.

Corrupción y nuevas plazas

Más allá de la implementación y ejecución de las medidas a propósito de la fuga, Pérez también recalcó que entre los pilares de su gestión estará el combate de la corrupción y de los efectos del crimen organizado.

“Es importante enfocarnos con mucha energía en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado para cuyo propósito, y más allá de lo que ya se ha obrado a través del Departamento de Investigación Criminal y de la Inteligencia Penitenciaria, en coordinación con las policías y con el Ministerio Público, sin perjuicio de las labores de despliegue operativo, proseguiremos atacando fuertemente el crimen organizado y la corrupción que se pueda generar o gestar desde los recintos carcelarios", apuntó.

Asimismo, a Pérez le tocará enfrentar el desafío del aumento de plazas ligado al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que contempla la habilitación de 15 mil nuevos cupos a 2030.

Para ello, es clave lo que ocurrirá con el nuevo recinto de Copiapó, El Arenal, y con respecto al cual se informó –la jornada del martes 26 de agosto– la apertura de la oferta económica, lo que permitiría dar inicio a las obras en 2028 y entrar en operaciones en 2031.

Pérez además deberá estar atento a la continuidad de la habilitación de la cárcel La Laguna, en Talca, que este miércoles fue inspeccionada por el subsecretario Muñoz. Hasta ahora, cuenta con 424 internos y los allanamientos realizados no han arrojado la presencia de armas blancas ni se registran agresiones entre internos.

Otro punto trascendental, además, será la readecuación de Punta Peuco a cárcel común, plan en el que Pérez ha estado inmerso desde el anuncio del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

“Hay que seguir trabajando”

Consultado por La Tercera respecto de sus desafíos, Pérez enfatizó en que hay que superar los momentos de crisis: “Nuestro compromiso permanente con el país y la comunidad es seguir trabajando de manera comprometida y profesional, poniendo por sobre los intereses individuales, los intereses del Estado de Chile”.

Aseguró, en el mismo sentido, que para él también es prioritario, consolidar “el Plan Nacional de Segmentación carcelaria, que implica incrementar los controles internos para una ubicación estratégica y adecuada, evitando la contaminación criminógena”.

“La colaboración internacional, la intensificación de los registros y allanamientos como método de desarme de la población penal, impulsar la labor de reinserción que es primordial; y eso implica focalizarnos de mejor manera en las intervenciones sociales educativas y de trabajo para maximizar el rendimiento que tenemos en dicha área”, complementó el director.