El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se convirtió en la última esperanza de la derecha para la arremetida contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación a la fundación ProCultura. Esto, luego de que a través de una decisión unánime la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el desafuero de la autoridad regional.

La determinación judicial no solo provocó un duro golpe al Ministerio Público, sino que también dejó a Orrego a pasos del sobreseimiento, lo que también implica que el Tricel asoma como el último camino para la búsqueda por parte de la oposición de la destitución de la autoridad regional.

La investigación de la Fiscalía apuntaba a traspasos de $ 1.686 millones desde el Gore de la RM hacia la fundación ProCultura en 2022, liderada por su controlador, el psiquiatra Alberto Larraín, quien fue detenido a finales de enero, y se investigaba el grado de participación que tuvo Orrego en ello.

En paralelo, el pasado 25 de julio desde la UDI y republicanos, después de un extenso tira y afloja donde también estuvo RN, ingresaron el escrito al Tricel con el que buscan la destitución del gobernador, en un documento respaldado por 16 consejeros regionales. El escrito de más de 100 páginas lo acusaba de “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”, apuntando a temas como contrataciones directas con vínculos personales, supuestos traspasos cuestionados a fundaciones, además de un presunto uso de recursos institucionales para beneficio electoral.

En la causa se busca la “cesación” del puesto de Orrego, básicamente amparándose en informes de la Contraloría General de la República que detectaron presuntas irregularidades.

En ese sentido, la causa apuntaba directamente a la contratación de un servicio de “coaching”, presuntamente con fines de campaña. En particular se cuestiona que se contrató el servicio por $ 31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. vía trato directo. Y si bien se atribuyó la asesoría a “línea de apoyo a la gestión institucional”, lo cierto es que la Contraloría planteó que tenía contenido político electoral.

Lo que viene

La causa fue impulsada por abogados de derecha, entre ellos los UDI Máximo Pavez y Pablo Toloza, y el republicano Emiliano García. Toloza explica que el término probatorio -periodo en que las partes presentan las pruebas- ya concluyó, y que el paso siguiente es que la causa pase a estar en la tabla del Tricel y por lo tanto empiecen los alegatos. De acuerdo a las estimaciones preliminares del equipo jurídico y debido a la carga que tiene actualmente el Tricel, en marzo serían los alegatos.

El asunto ha enredado a los consejeros regionales debido a que los abogados que los representan deberán renunciar a esos patrocinios y pasar la posta a otros para que continúen la causa en su recta final debido a que Pavez asumirá como subsecretario del Interior, García llegará a la División de Relaciones Políticas de la Segpres y es probable que Toloza también forme parte del Ejecutivo.

De hecho, hace un tiempo los consejeros requirientes le habían pedido a Pavez que fuera él quien llevara los alegatos ante los cinco ministros del Tricel. El abogado gremialista tiene experiencia como litigante y, al igual que García, fue uno de los que alegaron ante el Tribunal Constitucional (TC) para destituir a la hoy exsenadora Isabel Allende (PS). Pavez había aceptado hacer los alegatos, pero los anuncios del futuro presidente cambiaron los planes y ahora último han estado haciendo gestiones para buscar quiénes continuarán la tramitación de este requerimiento.

Entre los cores reconocen que la decisión de la Corte de Apelaciones les pone “presión”, debido a que el Tricel es la última forma de exigir responsabilidad a Orrego por ProCultura.

En ese sentido, luego de la sentencia de la Corte, los cores mandaron un comunicado enfatizando que “el rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego no borra los hechos ni las responsabilidades que ya fueron determinados por la Contraloría por faltas graves a la probidad. La determinación de la Corte de Apelaciones solo indica ausencia de dolo o participación del gobernador en la configuración del delito por el cual hoy se investiga a Alberto Larraín como principal imputado, en el llamado caso ProCultura. No elimina todos los hechos que configuran la falta de control, ni el abandono de deberes, ni mucho menos la contravención grave a la observación del principio de probidad que presentamos en el requerimiento”.

De todas maneras, entre los impulsores de la causa decían sentirse confiados con el resultado.

Últimos movimientos

Los últimos movimientos de la causa dan cuenta de avances con la declaración de testigos clave del Gore, entre las que se cuentan la de una decena de testigos.

Una de las relevantes en la causa del Tricel fue la de Alberto Larraín, quien en su testimonio se cuadró con el gobernador Orrego y afirmó no haber intervenido en los traspasos de dinero. Otras declaraciones fueron las del administrador regional Manuel Gallardo y la asesora del gobernador Lorena Pohl, entre otros.

Además, la defensa de Orrego -a través del jurista Ciro Colombara- ya contestó la demanda. Y una de sus últimas arremetidas fue poner un recurso de reposición por algunas de las pruebas interpuestas. “Esta es una causa que se basa en la Contraloría General de la República que estableció que había fallas graves. Y además tiene también problemas administrativos y desorden al interior del gobierno regional. La defensa no pudo efectuar ninguna evidencia”, dice Toloza a La Tercera.