El proyecto de eutanasia debía votarse en general esta semana en la Sala del Senado, pero el trámite volvió a dilatarse: el lunes quedó fuera de la tabla y, aunque el martes fue agendado en segundo lugar, la sesión terminó sin que los senadores alcanzaran a abordarlo. Así, la iniciativa que permite la muerte asistida que inició como una moción individual y a la que luego el gobierno se subió para dejar como legado en salud, queda más lejos de cumplirse.

Eso sí, lo ocurrido en la última jornada dejó al descubierto la estrategia de la oposición. Y es que si los parlamentarios no alcanzaron a revisar ni votar la idea de legislar la eutanasia, fue debido a que se alargó la discusión del primer punto en la tabla -reforma política- por la seguidilla de intervenciones pedidas por parlamentarios de ese sector.

La intención no pasó desapercibida. Desde el Gobierno, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, acusó una estrategia para que no se discutiera la propuesta. “Para nosotros el proyecto de eutanasia es prioridad e insistiremos. Lamentamos que hayan habido maniobras dilatorias para efecto de que no empezaremos el debate de este proyecto", advirtió la secretaria de Estado.

En cuanto al futuro de la discusión, el senador UDI, Sergio Gahona, explicó que “el proyecto del sistema político se tomó gran parte del tiempo de la sesión, lo que hizo inviable que el proyecto de eutanasia pudiera verse en esta oportunidad. Por tanto, esto tiene que volver nuevamente a comités y resolverse su inclusión en la tabla de las próximas semanas”.

Justamente ahí se encuentra una parte de la estrategia legislativa de la oposición. Consultadas por La Tercera, varias voces del sector advierten que el plan es que, en las próximas reuniones de comité, oponerse a su inclusión en tabla, de modo que la votación de la iniciativa no quede agendada y así, aplazar la discusión para el próximo gobierno, considerando el estrecho calendario legislativo que queda antes del cambio de mando del 11 de marzo.

Así, se abre la posibilidad real de que el proyecto no sea aprobado no sólo durante esta administración, sino extendidamente: en varias ocasiones el próximo presidente, José Antonio Kast, ha manifestado estar en contra de la iniciativa. Y del gobierno depende la premura de su discusión.

De hecho, durante el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, el fundador del Partido Republicano afirmó que, en caso de ser Presidente de la República, vetaría la ley de eutanasia “a modo de sugerencia al Congreso”.

Al ser consultado por el hipotético caso de que la iniciativa llegue a su escritorio para ser promulgada, Kast respondió que “depende... la reenviaría al Congreso (veto supresivo) si es que no tuviera las consideraciones humanas necesarias de los cuidados (paliativos)“.

“Hace tres meses que el proyecto tiene urgencia y la postura de la derecha es evitar que se discuta en Sala. Primero dijeron que era por razones del ciclo electoral. Ahora, las reuniones donde se revisa la tabla y se vota para ver que ingresa, se ha perdido la oportunidad. Esta semana, solo por la diferencia de un voto se logró que entrara, pero ayer (martes) se intervino una y otra vez para impedir la votación. Y creo que es porque tienen el temor de que se apruebe, porque sí están los votos”, advirtió en T13 el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro.

Puntos claves del proyecto

De aprobarse, Chile pasaría a integrar el reducido grupo de naciones que permiten la muerte asistida, la mayoría de ellos en Europa.

La gran pregunta ahora es: si se aprueba, ¿cómo se implementaría la eutanasia en Chile?

Actualmente el proyecto establece que toda persona que quiera solicitar la muerte asistida debe ser mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia legal en en el país por más de 12 meses, estar consciente y lúcida, tener una enfermedad grave e incurable o estar en estado terminal y que esto provoque sufrimiento de forma persistente, intolerable y sin alivio posible.

Además, este diagnóstico debe ser confirmado por dos médicos especialistas y paralelamente debe existir un informe de un médico psiquiatra que acredite que la persona está mentalmente apta para tomar esta decisión. Ya con eso el paciente debe expresar su voluntad por escrito ante dos testigos y un ministro de fe.