“Qué bueno que echamos al director del Slep, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”.

Esa frase esbozada por el ahora expresidente Gabriel Boric el 29 de enero pasado fue la que llevó a Daslav Mihovilovic, exdirector ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Atacama, a iniciar un proceso judicial en contra del exmandatario por injurias graves cometidas con publicidad.

Mihovilovic dejó el cargo luego de que el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, le solicitara la renuncia tras la polémica que suscitó la celebración organizada por el quinto aniversario de la entidad regional en el Casino de Copiapó. En un video que se viralizó por redes sociales, se observaba que los festejos incluyeron una limusina de lujo, así como también iluminación especial, tortas, tragos y cámaras 360°.

Aunque desde la administración central no admitieron los parámetros bajo los cuales se diseñó la conmemoración, para el exdirector suplente todo estaba en regla. De hecho, como ha esbozado, desde su concepción la actividad fue organizada bajo el estricto criterio de no comprometer recursos públicos, razón por la cual gestionó aportes de entidades privadas. Por lo mismo, al conocer las expresiones del entonces jefe de Estado no dudó en iniciar acciones legales.

Así, el 27 de febrero presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, aunque fue declarada inadmisible en atención a que en cuestión de días Boric se convertiría en expresidente y adquiriría fuero. O sea, tendría la misma protección que tienen, por ejemplo, parlamentarios y gobernadores.

Considerando aquello, y que la Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó lo resuelto, Mihovilovic activó la solicitud de desafuero correspondiente, por lo que se espera que en los próximos días el pleno del mismo tribunal de alzada ponga el asunto en tabla.

Este 14 de abril el expresidente Boric manifestó ante la corte entenderse formalmente notificado. Y para este proceso, como se evidencia en el expediente judicial, fichó a un nuevo equipo de abogados que estará liderado por el penalista Jorge Cabrera, socio del estudio Winter Etcheberry, e integrado también por Felipe Berríos y Diana Venegas.

Esta será la primera vez que Cabrera tendrá la representación de Boric en un proceso judicial, aunque el estudio que ahora integra y que encabeza Jaime Winter estuvo vinculado a él en el pasado.

En 2021, como indicaron desde Presidencia en noviembre de 2024, Winter y Miguel Schürmann recibieron un mandato del exmandatario para que los representaran “en todo juicio, gestión o actuación en que el mandante tenga interés”. Sin embargo, a propósito de ese requerimiento, Winter no alcanzó a tomar el patrocinio del frenteamplista en ninguna causa formal. Pese a eso, Winter viene colaborando desde la campaña de Boric en asuntos jurídicos. En ese tiempo, de manera voluntaria, asesoró en asuntos judiciales al equipo del expresidente.

A propósito de otros procesos penales que se han seguido contra el expresidente, como por ejemplo el relativo a la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, el exmandatario ha estado representado por otros profesionales. En ese caso en particular, por el abogado Jonatan Valenzuela.

La causa por injurias

De acuerdo con la acción interpuesta por Mihovilovic -representado por el abogado Raimundo Palamara (Republicano)-, las expresiones emitidas por Boric, en un contexto de “máxima exposición pública”, contienen afirmaciones “objetivamente falsas y deshonrosas”. En efecto, se indica en la querella que “se sostiene que fue ‘echado’ de su cargo, lo que no corresponde a la realidad, toda vez que su salida obedeció a una renuncia voluntaria solicitada en un contexto político, sin que existiera destitución ni procedimiento administrativo que la justificara".

Asimismo, se agrega, “la calificación de ‘descriteriado’ constituye un calificativo abiertamente despectivo, que atribuye a mi representado una supuesta carencia de juicio, criterio y competencia profesional, afectando gravemente su dignidad, su honra personal y su reputación en el ámbito laboral. Dicha expresión no se enmarca en una crítica técnica o evaluación de gestión, sino que configura una descalificación personal directa, carente de fundamento objetivo y formulada sin respaldo fáctico alguno".

“Resulta particularmente relevante que el propio querellado reconoce que su intervención constituye un ‘paréntesis’, esto es, una digresión innecesaria y ajena al contenido del acto, lo que evidencia la ausencia de un interés público legítimo en la emisión de tales dichos y refuerza su carácter deliberadamente injurioso”, complementa la acción penal.

Adicionalmente, el escrito postula que al momento de la emisión de las declaraciones no existía un pronunciamiento que estableciera irregularidades en la actuación del exdirector ejecutivo.