Distintas unidades de cirugía en el sector privado han alertado la falta de un medicamento indispensable a la hora de realizar una operación a corazón abierto. Esto ha hecho que muchas intervenciones hayan tenido que ser reprogramadas o simplemente suspendidas, a propósito de la falta de un fármaco en particular.

Se trata de la protamina, un poderoso antídoto que se utiliza para contrarrestar el efecto anticoagulante de la heparina. Su uso está especificado antes de la cirugía; después de la diálisis renal y después de la cirugía a corazón abierto. Según dice su ficha de información en el registro del Instituto de Salud Pública, se debe administrar si se produce un sangrado excesivo y cuando hay una sobredosis inadvertida.

Se debe administrar por inyección intravenosa lenta, durante un período de diez minutos para evitar la aparición de reacciones adversas. Idealmente, la dosis requerida para neutralizar la acción de la heparina debe ser guiada por estudios de coagulación de la sangre o calculada a partir de una prueba de neutralización de protamina. Los pacientes deben ser cuidadosamente monitoreados después de la administración de la protamina.

Como pudo constatar La Tercera, desde distintas instituciones de salud privadas advirtieron este lunes que el riesgo de desabastecimiento se originó tras la notificación de la única empresa proveedora con registro sanitario vigente en Chile para protamina, BPH S.A., la cual recientemente informó un quiebre de stock del medicamento.

En lo inmediato, han expresado desde las prestadoras privadas, este anuncio implicó posponer cirugías electivas y asegurar la disponibilidad del medicamento solo para los casos de urgencia.

Desde la empresa BPH no hablan de quiebre de stock, sino de una “baja disponibilidad” del medicamento. Según comentaron extraoficialmente, esto se debió a una dificultad para liberar una de las partidas de este fármaco. Eso sí, comentan que esto se estaría normalizando, y ya están importando el producto y priorizando de manera acotada a toda la red pública, de acuerdo a los requerimientos urgentes que tenga cada establecimiento. Todo esto, también, privilegiando los estados críticos de todas las instituciones de salud, incluida la red privada.

Dado el impacto que puede tener esta falta del medicamento en los quirófanos, los prestadores privados solicitaron a la Subsecretaría de Redes Asistenciales dar facilidades para que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) provea stock a centros privados de alta complejidad, y que además agilice los trámites del Instituto de Salud Pública para poder importar rápidamente este medicamento desde el extranjero.

Además, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmaron que ninguna de sus instituciones de salud pública ha debido suspender cirugías cardiacas a propósito de la falta. De hecho, confirmaron que esto afecta principalmente al sector privado, ya que ellos se acercaron a la institución dependiente del Ministerio de Salud para solicitar apoyo al respecto.

Consultados a respecto tanto la subsecretaria en cuestión como Cenabast, en una respuesta conjunta señalan que “ningún establecimiento ni Servicio de Salud de la red pública nos ha informado ni alertado desabastecimiento o problemas de protamina”, aunque sí dicen estar “en conocimiento del desabastecimiento en el sector privado porque se nos ha solicitado apoyo al sector público”.

Actualmente, suman, “estamos realizando un levantamiento sobre los stocks disponibles en nuestra red a nivel nacional, así como lo disponible en Cenabast. Con esa información podremos evaluar la situación y determinar posibles acciones de apoyo al sector privado”.

“Sin embargo, contemplando que la protamina tiene sólo un proveedor en nuestro país y la altura del año, probablemente nos encontremos con un stock justo. Considerando la situación acontecida con una de las partidas del proveedor, Cenabast ya está cotizando 12 mil dosis. Junto con ello, estamos evaluando posibles alternativas terapéuticas para abordar algún posible quiebre de stock”, cierran.

Cabe destacar que la misma farmacéutica en cuestión ya fue multada en 2023 por el 21° Juzgado Civil de Santiago a pagar 200 UTM por comercialización de ampollas de cloruro de potasio inyectable contaminadas. “El suministro de un producto sanitario contaminado, ciertamente supone un riesgo en la calidad del producto y, consecuencialmente, un potencial peligro en la salud de las personas; y en virtud de ello, se estima que la avaluación de la infracción se ajusta a la gravedad de las circunstancias verificadas”, decía el fallo que implica a la misma empresa a la que ahora apuntan como responsable de la suspensión de intervenciones.

Esa situación de 2023 se detectó en un hospital y se dispuso el retiro del mercado del producto que es usado como electrolitoterapia para la rehidratación. Al interior de una “ampolla de plástico sellada se apreció una solución transparente del producto en cuestión, junto a la presencia de partículas extrañas visibles, oscuras”, rezaba el informe hecho por inspectores del ISP.