Durante este sábado, en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, continuó la lectura de cargos contra los 47 gendarmes y 23 civiles imputados tras la denominada Operación Apocalipsis, que descubrió un sistema de corrupción dentro del penal Santiago Uno y la cárcel de San Joaquín.

En esta jornada, la exposición del fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la que tiene a cargo esta investigación, estuvo marcada por la solicitud de las medidas cautelares, las cuales se espera se resuelvan durante este domingo.

En la instancia, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para 62 de los detenidos que están siendo formalizados. Además de otros dos con cuyas defensas se acordó la misma medida cautelar y que ya fue decretada por el tribunal.

Al respecto, y al término de la jornada, el fiscal Pastén abordó la decisión de dos defensas de restarse de la discusión de la prisión preventiva, apuntando a posibles colaboraciones que luego puedan servir para que el tribunal califique ciertas atenuantes. “Evidentemente ellos, me imagino, que teniendo a la vista la contundencia de los antecedentes, prefirieron no discutir la prisión preventiva, guardarse esos antecedentes como una suerte de colaboración”, sumó el persecutor.

Por otro lado, el ente persecutor también acordó con las defensas, dado razones humanitarias y la colaboración de los imputados, el arresto domiciliario total de seis personas, todos quienes eran “manilleros”, es decir, sujetos que entraban las encomiendas ilícitas.

El tribunal, por su parte, acogió la solicitud de la Fiscalía y fijó 300 días como plazo de investigación en la causa en la que se indaga a nueve agrupaciones criminales implicadas en los delitos de cohecho, soborno y asociación criminal.

La triangulación de dineros

Gran parte de la audiencia de este sábado, estuvo centrada en la exposición del fiscal Pastén sobre los mecanismos utilizados por los implicados para blanquear los dineros, lo que constituye el delito de lavado de dinero.

Según la Fiscalía, la organización criminal habría realizado movimientos por más de $6 mil millones en tres años, muchas de ellas a través de transferencias bancarias.

En esa línea, el ente persecutor dio cuenta de un sistema de triangulación bancaria para diversificar fondos a múltiples destinatarios y en algunos casos con varias cuentas de instituciones financieras “con la única finalidad de dificultar su trazabilidad”, como señaló Pastén.

También se detectó un sistema de lavado de activos mediante adquisición de bienes inmuebles o vehículos, en algunos casos a través de testaferros.

Además de eso, se dio cuenta que después de los allanamientos realizados en las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins se han decomisado $50 millones en efectivo, se congelaron 183 cuentas bancarias y se lograron incautar 16 vehículos.

Según el persecutor, en la mayoría de estos casos se detectaron ingresos en las cuentas de los imputados que “no guardan relación con su nivel de ingresos formales, ni con la naturaleza de su cargo público como funcionario de Gendarmería de Chile”.

El fiscal también confirmó que algunos de estos depósitos tienen relación con personas que aparecen como visitas en los registros de los penales. Algunos de estos pagos estarían relacionados al ingresos de objetos prohibidos y venta ilegal de celulares al interior de los recintos.

Cabe recordar que aún no se han determinado las medidas cautelares para todos los imputados. Sin embargo, actualmente se encuentran detenidos y esposados al ser rechazada la solicitud de tratar a los imputados como inocentes.

Desde la Fiscalía expusieron los cargos por delitos flagrantes tanto de funcionarios de Gendarmería como de civiles, que involucran la tenencia ilegal de armas y municiones; y, además, infracciones a la Ley 20.000 por posesión de drogas como cannabis, metanfetamina y cocaína al interior del recinto penal Santiago Uno.

Tras la pista de más gendarmes

El fiscal Sergio Soto, de Focos Penitenciarios, informó que habrá más funcionarios de Gendarmería investigados en la trama de corrupción.

Los nuevos funcionarios implicados, según expuso el fiscal Soto, se conocerían dada la declaración de los imputados que están siendo formalizados y por los recientes reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“La Fiscalía ha tomado conocimiento del aporte de antecedentes de varios de los imputados que han sido detenidos el día de hoy, que estarían dando cuenta de otros funcionarios que estarían involucrados en este mismo tipo de hechos. Es una investigación que nuevamente supone un levantamiento del secreto bancario y por lo mismo un alzamiento del respectivo delito”, sostuvo el persecutor.

Junto con eso, afirmó que “de igual forma, magistrado, ayer tuvimos notificación de reporte de la UAF respecto de varios funcionarios de Gendarmería también vinculados a movimientos bancarios sospechosos, producto de actividades que no tienen justificación legal”.

Gendarmes con drogas y armas

Además de los delitos de corrupción y como organizaciones criminales de los que se acusa a la mayoría de los funcionarios públicos también durante la jornada se imputó delitos flagrantes a otros gendarmes.

Dichos delitos, principalmente relacionados a la ley de drogas, se les imputaron dado a que el día que se llevaron a cabo los operativos para detener a los funcionarios involucrados en la trama de corrupción, también se encontraron sustancias ilícitas entre las pertenencias otros gendarmes.

El primero formalizado por delitos flagrantes fue el gendarme Solen de la Cruz Espinoza, quien el día de los allanamientos estaba pernoctando en una habitación en las dependencias de Gendarmería en Santiago Uno. Al funcionario se le encontraron 4,2 gramos de marihuana en su dormitorio.

El segundo formalizado fue Ignacio Andrés Domínguez Pinchetti, quien, también en una pieza para los funcionarios de Santiago Uno, fue descubierto con un moledor con restos de “una sustancia vegetal color café”; una bolsa con 0,2 gramos de pasta base de cocaína; dos cigarros con 0,5 gramos de marihuana; dos bolsas con 0,6 gramos de un polvo rosa; y 1,1 gramos de marihuana en otro paquete.

Además, también se imputó a Daniel Isay Torres Rifo, un cabo que, en una casa al interior de Santiago Uno, fue “sorprendido despojándose de un bolso el cual lanzaba por la ventana”, el cual tenía dos bolsas con 14,6 gramos de cocaína.

Por último, también se formalizó a Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña, un gendarme que fue sorprendido al interior de su departamento en Santiago Centro, con una serie de elementos ilícitos. En detalle, tenía 35 gramos de marihuana, un pisco con dos cargadores, tres teléfonos y bolsas de nylon “usualmente utilizadas para dosificar”, explicó el fiscal Pastén.

En el sur del país, la PDI y la Fiscalía también realizó operativos para detener a funcionarios de Gendarmería. En particular, ingresó hasta un inmueble en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, de propiedad de Fernando Uribe Martínez.

En ese inmueble, según expuso el fiscal, el funcionario mantenía una escopeta, la cual había sido sustraída a un hombre el 2022.

Además, en otra vivienda registrada a nombre de Uribe, los funcionarios de la PDI también detectaron una pistola 9 milímetros, un cargador a fogueo que fue modificado, además de otros cartuchos para armas.